Responsabilidad de los Administradores por deudas de la sociedad.

Las sociedades se tratan de personas jurídicas dotadas de derechos y obligaciones, en nuestro ordenamiento jurídico se encuentran reguladas en los artículos 35 a 39 del Código Civil.

Así a tenor del artículo 35 se entiende por personas jurídicas “Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley; las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados”·

Dichas entidades están dotadas de capacidad jurídica y capacidad de obrar, por lo que estas, en virtud del artículo 38 del Código Civil, podrán adquirir y poseer toda clase de bienes, contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales.

Esta capacidad implica que una sociedad pueda suscribir contratos con otras personas ya sean físicas o jurídicas (otras sociedades), por lo que contraerán una serie de obligaciones de las cuales responderían en caso de incumplimiento.

Como entes con personalidad serán responsables del incumplimiento de las obligaciones contraídas por contrato, por lo que una vez que incumplen contraen una deuda de la que deberán responder.

Sin embargo, la persona perjudicada puede encontrarse con la desagradable sorpresa de que una vez que la sociedad ha contraído una deuda frente a ésta, no pueda ver satisfecha su deuda por que la sociedad deudora carezca de patrimonio suficiente para responder de la misma o ésta haya cesado en su actividad, entre otras causas.

Un ejemplo de ello, es el caso en el que una persona suscribe un contrato con una sociedad, en el que A se obliga a entregar la cosa y la sociedad a pagar el precio. Una vez que la sociedad no cumple con dicha obligación la persona perjudicada se ve en la necesidad de ejercitar acciones frente a la sociedad deudora, instando por ejemplo, una demanda de reclamación de cantidad. Posiblemente obtenga una Sentencia estimatoria pero a la hora de ejecutar dicha sentencia, esta persona, se encuentra con la desagradable sorpresa de que la sociedad, que está condenada a abonar la deuda contraída, carece de patrimonio para responder de la misma. Por lo que la persona perjudicada en sí ha instado un procedimiento judicial a fin de ver salvaguardados sus intereses, pero a pesar de que ha obtenido una Sentencia favorable no puede ver satisfecho su derecho porque la sociedad es insolvente; o simplemente, la persona perjudicada no puede dirigirse contra la sociedad porque esta ha cesado en su actividad, justo después de contratar, o no tiene fondos suficientes para pagar su deuda.

Entonces, ante esta situación ¿Quién puede responder de la deuda? ¿Se podría ejercitar acciones frente a los socios de dicha sociedad?

En respuesta a las cuestiones planteadas, se podría instar acciones frente a los socios de la sociedad deudora ya que los administradores de una sociedad serán responsables de las obligaciones sociales siempre y cuando, las obligaciones contraídas con la sociedad hubieran nacido con posterioridad al acaecimiento de causa legal de disolución de la sociedad y concurra una serie de requisitos, que se expondrán a lo largo de este artículo.

Así, en cuanto a la responsabilidad de los administradores por las deudas o incumplimiento de las obligaciones de una sociedad, el artículo 367 de la Ley de Responsabilidad de Sociedades de Capital, viene a establecer que “1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución; 2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior”.

Para entender esto, debemos tener en cuenta cuales son las casusa de disolución de una sociedad y para ello debemos acudir al artículo 363.1 de la Ley de Responsabilidad de Sociedades de Capital, que es aquel que establece cuales son estas causas, siendo éstas:

  1. Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactivad superior a un año.
  1. Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.
  1. Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
  1. Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.
  1. Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
  1. Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.
  1. Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años
  1. Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

Sin embargo, para que el Tribunal pueda apreciar la responsabilidad de los administradores deben concurrir, además, una serie de requisitos que han sido establecidos por el Tribunal Supremo, siendo éstos los que se indican a continuación:

  1. Un comportamiento activo o pasivo de los administradores.
  1. Que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal.
  1. Que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante legal
  1. Que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño;
  1. El daño que se infiere sea directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad
  1. Que exista una relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en Sentencias nº 131/2016, de 3 de marzo; 253/2016, de 18 de abril; 395/2012, de 18 de junio; 312/2010, de 1 de junio; 667/2009, de 23 de octubre o la Sentencia de 16 de abril de 2.018.

Efectivamente, suele darse el caso en que muchas sociedades se encuentran incursas en causa de disolución pero sus administradores no acuerdan la disolución de dicha sociedad y siguen realizando operaciones con la misma a sabiendas de que dicha sociedad no debería contraer obligaciones por las razones expuestas.

Por consiguiente si una sociedad contrae una serie de obligaciones, una vez que ha concurrido una de las causas de disolución previstas en la Ley de Responsabilidad de Sociedades de Capital y se dan los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo, se podrá reclamar a los administradores de dicha sociedad, ya que estos serán los que deban responder de las obligaciones contraídas por la sociedad, debiendo responder de las deudas sociales con su propio patrimonio.

Es importante destacar que las acciones dirigidas frente a los administradores de una sociedad están sometidas a plazo.

Así el artículo 949 del Código de Comercio viene a establecer, que dicho plazo será de 4 años a contar desde que, por cualquier motivo, los socios o administradores cesaren en el ejercicio de la administración.

No obstante, el “dies a quo” para ejercitar dicha acción comenzará una vez se tenga constancia del cese de la actividad en el Registro Mercantil, en aquellos casos en el que el perjudicado se trate de tercero de buena fe. En este sentido se pronunció el Tribunal Supremo en Sentencia nº 14/2018 de 12 de enero, al manifestar que:

1.- La ley de sociedades anónimas de 17 de julio de 1951 no establecía plazo de prescripción de la acción de exigencia de responsabilidad de administrador social. Tampoco lo hacía el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989. Es jurisprudencia unánime y pacífica (sentencia 732/2013, de 19 de noviembre, y las en ella citadas), relativa a la situación legal anterior a la ley 31/2014, de 3 de diciembre, que introdujo el art´. 241 bis en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la que aplica el régimen de prescripción previsto en el art. 949 del Código de Comercio a todas las acciones de responsabilidad de los administradores basadas <<en su actividad orgánica>>. Dicho artículo 949 del Código de Comercio comporta una especialidad respecto al dies a quo del cómputo del referido plazo de cuatro años, que queda fijado en el momento del cese en el ejercicio de la administración por cualquier motivo válido para producirlo, si bien se retrasa la determinación del dies a quo a la constancia del cese en el Registro Mercantil cuando se trata de terceros de buena fe (artículos 21.1 y 22 del Código de Comercio y 9 del Reglamento del Registro Mercantil), con fundamento en que solo a partir de la inscripción registral puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del cese, dado que el legitimado para ejercitar la acción no puede partir de ese momento negar su desconocimiento”

En este mismo sentido se pronunció también el Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de septiembre de 2.018.

Por tanto, antes de ejercitar una acción frente a los administradores de una sociedad, es importante tener en consideración la fecha en la que la sociedad cesó en su actividad.

En cuanto a la competencia para conocer de las demandas dirigidas contra los administradores de una sociedad serán competentes los Juzgados de lo Mercantil, pudiendo acumularse la acción de reclamación de cantidad frente a la propia sociedad y la acción de responsabilidad de los administradores por las deudas de la sociedad.

Artículo escrito por DOLORES ESTHER RUIZ SEGURA – ALMERIA

El sindrome de alineación parental y sus implicaciones en la psicología forense

El conocido como síndrome de alienación parental (SAP) ha dado mucha controversia a lo largo de los años, por un lado se sitúan autores que consideran que este síndrome no existe o lo consideran como un concepto científicamente no abordable (e.g. Bolaños, 2008; Escudero et al., 2008; Faller, 1998; Hoult, 2006; Vaccaro y Barea, 2009) y por otro los que defienden que está científicamente validado y útil para el abordaje clínico de algunos menores que muestran rechazo parental en caso de separación o divorcio (e.g. Aguilar, 2004, 2008; Baker, 2007b; Bernet 2008; Bernet et al., 2010; Gardner, 1985, 2004; Luengo y Coca, 2007; Vallejo et al., 2004), llegando a entenderlo como una forma de maltrato hacia estos menores.
En el ámbito de la psicología forense el SAP puede pasar desapercibido durante la evaluación de los menores ya que esta, en ocasiones, es muy rápida. Lo habitual en este tipo de síndromes es que el menor o los menores manifiesten su odio o rechazo de manera repetida hacia uno de los dos progenitores, del que hablará con un vocabulario de desprecio, sin que aparezca en el menor algún signo de culpa o vergüenza al hacerlo, ya que muchas veces este rechazo es debido a actos sutiles o explícitos por parte del progenitor que después el niño repetirá como algo normal (modelado).
Es muy importante destacar que durante el proceso de divorcio o separación los menores también experimentan una serie de reacciones emocionales las cuales hacen que sea más vulnerable para el SAP, por eso la detección de este tipo de síndrome en el ámbito forense es crucial. Existen 8 ocho síntomas clásicos que describen la existencia de SAP (Ramón, J. 2011. Descripción del síndrome de alineación parental en una muestra forense. Psicotema 2022.Vol 23, nº4, pp 636-641):
o Existencia de una campaña de denigración.
o Racionalizaciones frívolas o absurdas del rechazo progenitor.
o Falta de ambivalencia afectiva hacia las figuras parentales.
o Aparición del “fenómeno del pensado independiente”, se argumenta que la decisión del rechazo es exclusiva del niño.
o Apoyo automático al padre “amado” en cualquier tesitura.
o Usencia de culpa en el niño por la expresión del rechazo.
o Aparición en el relato del hijo de escenarios prestado, que el niño no ha vivido o no puede recordar.
o La extensión del rechazo a la familia o entorno del progenitor rechazado.
JAZMINE LÓPEZ FERNÁNDEZ
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JL.FORENSE
Durante la evaluación es muy importante que sea no solo del menor o menores sino también de los progenitores, tenemos que tener en cuenta que al ser un proceso donde ambos progenitores en la mayoría de las ocasiones está en disputa por la custodia del menor o menores intentaran mostrarse de una forma positiva, psicológicamente y físicamente bien, minimizando u ocultado de manera intencionada alguna sintomatología para su beneficio personal, lo que nos obliga hacer una exhaustiva evaluación del estado de ambos progenitores y detectar una posible presencia de disimulación. Nunca se nos debe olvidar que los menores no solo pueden estar condicionados por uno de los progenitores sino que en ocasiones también pueden estar influidos por amigos y familiares de este.
Una de las cuestiones más problemáticas dentro del ámbito judicial es la respuesta que esta da, debido que el vinculo que une a los menores con los progenitores influyen en las respuestas que estos dan. Bien podríamos relacionar lo hablado anteriormente con otro de los temas más controvertidos y actuales como es el abuso sexual infantil (ASI). Es muy importante en este tipo de casos un buen análisis de la credibilidad del testimonio que dirá si el testimonio es creíble o no creíble. Aunque en la mayoría de los casos las alegaciones son clasificadas como fundamentadas y creíbles aun existe un número muy alto de alegaciones que son consideradas falsas.
En este punto hay que destacar la importancia de que los psicólogos forenses puedan detectar de un modo fiable y rápido mediante la entrevista las problemáticas por la seguridad de los menores y cabe preguntarse si los modelos de los que disponen los psicólogos forenses son realmente productivos y efectivos.

Artículo escrito por Jazmine López Fernandez (Psicología Forense)

Principales cambios introducidos por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 16 de julio 2020 en materia hipotecaria

El 16 de julio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó Sentencia resolviendo las cuestiones prejudiciales interpuestas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Palma de Mallorca y por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Ceuta respecto de los préstamos hipotecarios celebrados con anterioridad al 16 de junio de 2019 (recordemos, que la Ley 5/2019, de 15 de marzo reguladora de los contratos de crédito inmobiliario introdujo importantes cambios en la materia).

Gastos de constitución de hipoteca

  • Respecto de los gastos notariales, la Sentencia ratifica la postura mantenida por nuestro Tribunal Supremo al establecer que dicho gasto ha de ser soportados por mitades entre prestatario y prestamista.
  • En relación con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el TJUE sigue la misma línea que con los gastos notariales al ratificar el criterio mantenido por nuestro Alto Tribunal al establecer que dicho gasto ha de ser asumido por el prestatario.
  • Respecto de los gastos del registro de la propiedad, la Sentencia del TJUE tampoco modifica la situación existente dado que el Tribunal Supremo en sus Sentencias del 23 de enero de 2019, ya determinó que el importe de los gastos registrales ha de ser asumido por el banco.
  • Por lo que respecta a los gastos de gestoría y tasación, encontramos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se posiciona a favor del consumidor al establecer que debe ser el banco quien se haga cargo del abono de la totalidad de los gastos ocasionados por la gestoría y tasación.
    Es por ello, que, en base a lo anterior, el reparto de gastos hipotecarios quedaría de la siguiente manera.
A cargo del BancoA cargo del Cliente
Notaría50%50%
Impuesto AJD100%
Registro de la Propiedad100%
Gestoría100%
Tasación100%

Comisión de apertura


La Sentencia no carga de forma directa al banco el abono de esta partida si bien considera que la comisión de apertura puede generar en el consumidor un desequilibrio entre los derechos y obligaciones que debe asumir y soportar como parte del contrato de préstamo hipotecario cuando el banco no demuestre que la comisión de apertura se corresponde con un servicio efectivo y real prestado debiendo ser el Juez nacional quien entre a valorar si dicha comisión de apertura cumple con el doble control de transparencia.

Prescripción de la acción


El TJUE no se opone a la postura mantenida por nuestro Tribunal Supremo que reconoce el carácter imprescriptible de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva incluida en contratos celebrados entre consumidores/usuarios y profesionales. Pero, al mismo tiempo que considera la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, fija en 5 años el plazo de prescripción de la acción restitutoria de cantidades.
Vistos los principales cambios introducidos por la STJUE de 16 de julio de 2020, ahora toca esperar a ver su efectividad en la actuación de los distintos Juzgados nacionales.

ARTÍCULO ESCRITO POR JOSÉ LUIS GOMEZ BILBAO – ABOGADO 9078 ICASV