Los ERTES y las consecuencias tributarias que acarrean

Con la situación en la que nos encontramos, hemos llevado a cabo una experiencia en relación al ámbito laboral provocada por la pandemia sanitaria del Covid-19. Son los llamados ERTES y las consecuencias que trae para las empresas y para los trabajadores.

Desde que se decretó el Estado de Alarma en marzo, ha habido una serie de modificaciones por parte del Gobierno en relación a esta materia, para poder mitigar todos los problemas que iban surgiendo al declarar el cierre obligatorio.

Una de las series de modificaciones era facilitar o fomentar los ERTE´s a través de la suspensión o reducción de las jornadas laborales.

¿Qué ocurriría con los trabajadores?

Los trabajadores iban a percibir una retribución inferior por tener su contrato en suspensión, por lo tanto, provoca una pérdida de poder adquisitivo.

En materia tributaria relacionada por el cobro de los ERTES, el Gobierno no se ha manifestado de momento, siendo esto una consecuencia desfavorable para todos aquellos que han estado o se encuentran incursos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

¿Qué ocurre en materia tributaria con el cobro de esta prestación?

Pues bien, de manera reiterada, la Dirección General de Tributos en dos de sus consultas vinculantes como V1955/2013 y V1957/13, de 11 de junio del 2013 y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, han venido sosteniendo que las prestaciones que han percibido los trabajadores son superiores a 1.500 euros, el trabajador que ha estado incurso en ERTE estará obligado a declarar, aunque sus rendimientos de trabajo no superen los 22.000 euros, que es el límite para presentar o no la Declaración de la Renta.

¿Por qué?

Porque se considera al SEPE como un segundo pagador, y encima, con carácter general, no se van a practicar retenciones, lo que implica que, el trabajador en su Declaración de la Renta, le saldrá resultado positivo, resultado a ingresar.

¿Puedo evitar que en la Declaración de la Renta me salga a ingresar?

Se puede evitar solicitando al SEPE que practiquen retenciones.
Desde nuestra humilde opinión, como en temporada de Renta 2019, no se alargaron los plazos para poder presentarla, perjudicando así a varios contribuyentes que por fuerza mayor y de manera justificada, no pudieron presentarla a tiempo, se les está notificando sanciones que son perjudiciales totalmente para el mismo.

¿Habrá pensado el Gobierno en tomar medidas al respecto?

Debería plantearse tomar medidas al respecto ante la situación extraordinaria en la que nos encontramos y evitar perjuicios de poder adquisitivo para el contribuyente trabajador.

No debemos olvidar que, la inclusión en un ERTE, conlleva la pérdida automática de la de deducción por maternidad. Como sabemos, para poder ser beneficiario de la deducción por maternidad, el contribuyente debe realizar una actividad por cuenta ajena o propia, estar dado de alta en la Seguridad Social, y son requisitos indispensables que, si el contrato se encuentra suspendido, no concurren.

¿Qué os parecen las consecuencias derivadas por el Coronavirus? ¿Creéis que es necesario tomar otro tipo de medidas menos perjudiciales?

Artículo escrito por HYV ABOGADOS – SALAMANCA y CACERES

Jurisdicción Social. El Proceso Monitorio.

El proceso monitorio es concebido como un procedimiento judicial destinado a la reclamación de aquellas deudas de carácter dinerario, inferiores a 6.000€ procedentes de una relación laboral entre el trabajador y el empresario, no encontrándose éste en situación de concurso, mediante un procedimiento caracterizado por las notas de rapidez y agilidad. Este proceso se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS en adelante), en concreto en el artículo 101 de su articulado.

Para proceder a la reclamación de aquellas deudas procedentes de una relación laboral mediante dicho procedimiento resulta procedente mencionar el carácter facultativo de la defensa mediante abogado y la representación técnica efectuada por graduado social, conforme lo establecido en el artículo 21 de la presente LRJS. Otro de los aspectos caracterizadores de dicho proceso es su exención de tasa judicial alguna (según lo establecido en el artículo 4 de la ley 10/2012 para la regulación de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). Mediante este procedimiento se podrá reclamar aquellas deudas (inferiores de 6.000€) que sean vencidas, exigibles y cuya cuantía haya sido determinada siempre que esta proceda de una relación laboral. Precisando los conceptos anteriormente expuestos ha de entenderse por “vencida” aquella que pueda ser reclamada desde el mismo momento en el que se presente la solicitud por haber superado el plazo fijado previamente para su pago. El concepto “exigible” encontrándose el deudor obligado directamente al pago. Y “determinada” es decir, que se tenga conocimiento exacto de cuál es el montante al que asciende la correspondiente deuda.

Otros requisitos que afectan al proceso monitorio se centran en la obligación de poder practicar las correspondientes notificaciones al empresario por aquellos métodos previstos en el art 56 de la LRSJ o en defecto de estos métodos proceder mediante la copia de la resolución, entrega de cédula al destinatario o cualquier persona mencionada en el art 57 de esta misma ley. Determina la imposibilidad de continuar con la tramitación la no localización del deudor, determinando en estas situaciones un plazo de cuatro días para la presentación de la correspondiente demanda, en caso contrario transcurrido dicho plazo se procede al archivo de las actuaciones.

No obstante se presentan determinadas formas de reclamaciones cuya interposición constituyen un obstáculo a la hora del planteamiento de dicho proceso tales como las reclamaciones colectivas que puedan ser formuladas por la representación de los trabajadores, las que se interpongan frente a empresarios declarados en situación de concurso y aquellas interpuestas contra entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social.

La solicitud inicial deberá presentarse mediante medios telemáticos siempre que se dispongan de los medios técnicos para ello, debiendo constar en la correspondiente solicitud la identificación del empresario deudor, datos para las pertinentes comunicaciones tanto por parte del demandado como del demandante, además del detalle y correcto desglose de aquellos conceptos y cuantías que son objeto de la reclamación.

Esta solicitud ha de ser acompañada de una serie de documentos anexos que complementan y dotan de una mayor solidez a la correspondiente solicitud, tales como:

  1. Copia del pertinente contrato así como cualquier recibo de salario, comunicación del empresario.
  2. Reconocimiento de deuda o cualquier documento probatorio de la relación laboral así como de la existencia y cuantía de la deuda, de otro modo no resultará procedente la celebración de este proceso siendo necesario acudir a las instancias judiciales procedentes.
  3. Documentación que justifique la existencia de una previa mediación o conciliación si esta se encuentra dentro de los supuestos exigibles en las leyes procesales.
  4. En caso de que se trate de documentos de carácter privado será necesario que se presente el documento original junto con la correspondiente copia debidamente autenticada, ya que la presentación de una simple copia solo producirá los efectos de la original si ambas partes del procedimiento no cuestionan su validez.

La solicitud deberá presentarse con carácter general ante los registros de la oficina judicial de los correspondientes Juzgados de lo Social en cuyo territorio se hayan prestado los servicios o en el domicilio del demandado o a elección propia del demandante, si dichos servicios fueran prestados en diferentes poblaciones será el trabajador el que deberá decidir si presentarla en el juzgado de lo Social de donde radique su domicilio, donde figuró en el contrato si el demandado puede ser localizado y citado en él o en el domicilio del propio demandado.

Una vez presentada la solicitud junto con aquellos documentos requeridos en este tipo de procedimiento, el Letrado de la Administración de Justicia procederá a su correspondiente examen y procederá a declarar, en su caso, su admisión o inadmisión, le corresponde al Letrado completar los datos de identificación o aquellos datos que pudieran afectar a la situación empresarial. En caso de concurrencia de algún defecto subsanable se conocerá un plazo de cuatro días para proceder a la correspondiente subsanación, en caso de presentarse un defecto no subsanable o no procederse a la subsanación en el plazo establecido será el propio Letrado el que se dirija al Juez para que este resuelva sobre la admisión o inadmisión.

Una vez admitida a trámite se requerirá al empresario para que proceda, en el plazo de diez días, proceda al abono de la deuda objeto de reclamación o formule la pertinente oposición, alegando aquellos motivos por las que en su entendimiento no procede al pago de la cantidad reclamada. De este requerimiento se dará traslado al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en el plazo de diez días ampliables por otro periodo igual, si se manifiesta la necesidad de realización de averiguaciones sobre los hechos argumentados en la solicitud.

Tras el requerimiento de pago aparecen diversas realidades que pueden afectar a la esfera del demandante:

  • Proceder el demandado al pago voluntario debiendo éste acreditarlo ante el Juzgado para que acuerde el archivo de las correspondientes actuaciones o proceder al ingreso de la cantidad establecida en la cuenta de consignaciones del propio juzgado. No obstante el interesado podrá indicar una cuenta bancaria de su titularidad para que se proceda la correspondiente transferencia.
  • La oposición al pago, por parte del empresario o del Fondo de Garantía Salarial mediante escrito. Será el juzgado el que dará traslado del escrito al peticionario para que éste pueda proceder a la presentación, en el plazo de cuatro días, a la interposición de la correspondiente demanda. También cabe la oposición acerca de la cuantía reclamada en la que se solicitara al Juzgado que dicte la correspondiente resolución (auto), la cual servirá de título de ejecución para proceder a la solitud mediante un simple escrito sin necesidad de esperar a que se resuelva el procedimiento de las cantidades controvertidas.
  • El transcurso del plazo, sin haber procedido al pago ni la formulación de la correspondiente oposición, determina el fin del proceso monitorio mediante decreto del Letrado de la Administración de Justicia dando traslado al peticionario para que proceda a la solicitud de despacho de la ejecución. En dicha solicitud se podrá dar constancia de los bienes del demandado para que conste su conocimiento, indicando su suficiencia para la cobertura de la cantidad reclamada. El auto que se dicte para el despacho de la ejecución puede servir de título bastante para que en aquellos supuestos de insolvencia o concurso por parte del empresario.

Artículo escrito por Juan Diego Sanchez

Fuente: Ministerio de Justica. (2020)

Whatsapp, audios y conversaciones telefónicas: su aportación en el juicio.

En la actualidad, dada la proliferación de las redes sociales, y el empleo masivo de ellas, es bastante probable que la única manera que tengamos de demostrar nuestros derechos, y defender los intereses de nuestros clientes en un juicio, sea mediante una conversación de Whatsapp, un audio, o la grabación de una conversación telefónica.

Así, ante esta situación, se nos suelen plantear las siguientes preguntas: ¿puedo acudir a mi abogado para defender mis derechos si solo tengo una conversación de Whatsapp, o una llamada telefónica grabada en la que se reconoce una infracción o, incluso, la comisión de un delito?; ¿nos admitirán esta prueba en el juicio? Vamos a intentar responder a estas dudas.

En un primer momento, podemos llegar a pensar que es difícil que nos admitan estos medios de prueba, porque cualquiera podría manipularlas y que, a pesar de que el infractor haya reconocido los hechos, no podremos hacer nada. Sin embargo, estas afirmaciones son carentes de rigor jurídico, puesto que, tanto en defensa de los intereses de nuestros clientes, como por nuestro deseo de esclarecer el presunto hecho delictivo, debemos indagar.

Así, mi experiencia como letrado especializado en Derecho Penal es que no tenemos que tener ningún miedo a aportar estos medios de prueba en juicio o en el procedimiento; eso sí, tenemos que ser conscientes de que tanto los funcionarios, como la parte contraria, no nos lo va a poner fácil, y nos van a intentar atemorizar (que si “vulnera los derechos de mis clientes a su intimidad, a la presunción de inocencia y a no declararse culpables”; que “si usted pretende que yo esté todo el día escuchando una
grabación”; que “se vaya a un notario”…).

Sin embargo, ante las anteriores afirmaciones, nosotros, conociendo cuál es el medio válido de aportarlas al proceso, no tenemos que tener ningún temor, y podemos defender los intereses de nuestros clientes de una manera totalmente válida, eficaz y legal, aunque éstos sean los únicos medios de prueba que ellos nos han traído (es lo que tenemos, estas son nuestras cartas, y tenemos que jugarlas de la mejor manera posible).

En primer lugar, si nuestro medio de prueba es una conversación de Whatsapp en la que se reconoce, por ejemplo, la comisión de un delito, podemos aportarlas cumpliendo lo siguiente: debemos acudir al secretario judicial (SSTS 538/2001 de 21.3; 650/2000 de 14.9) (no al notario; después diré por qué) con el teléfono móvil en la que se haya recibido la conversación y, bien, mediante un pantallazo, bien mediante la transcripción literal de la conversación (STC 166/99, de 27 de septiembre), el secretario judicial (que es el fedatario público en los tribunales) dará fe judicial de que lo transcrito es idéntico a la conversación del terminal.

Observarán que he dicho que quien tiene que dar fe es el secretario judicial, no el notario (aunque el primero nos diga que tenemos que acudir a éste); sin embargo, si acudimos a un notario para que recoja mediante testimonio o acta notarial una conversación transcrita de Whatsapp en la que se pudiera reconocer un delito, o cualquier otra infracción, éste se va a negar, puesto que entre la labor notarial no se
encuentra la de dar fe de la comisión de delitos o infracciones.

Por otro lado, si nuestro medio de prueba consiste en la grabación de una conversación telefónica en la que se reconoce la comisión de un delito, por ejemplo, igualmente tendremos que acudir, de nuevo, al secretario judicial, aportando la transcripción literal de la conversación (STC 122/200, de 22 de mayo) y el teléfono que la ha recogido, dando
fe el secretario judicial de que el número de teléfono de emisor y receptor coinciden, así como que también es literal la transcripción de la conversación con la grabada (que el secretario judicial debe escuchar íntegramente, dure lo que dure, para garantizarnos que ésta no va a ser impugnada por la otra parte).

Sin embargo, a pesar de haber actuado correctamente, la otra parte está en su derecho de dudar de la validez de estos medios de prueba que, evidentemente, le son perjudiciales, y puede pedir que por un perito informático se certifique la validez de estas pruebas, y que no han sido manipuladas. Ante esta situación, nosotros no tenemos que tener ningún temor, puesto que, si a requerimiento de la otra parte, se solicita esta
pericial, y luego resulta que la conversación no ha sido manipulada, será la parte contraria, que es quien la ha solicitado, quien deba correr con los gastos de la pericial.

Además, en cuanto a la jurisprudencia aplicable en materia de la aportación al proceso, como prueba, de las conversaciones, y la posible contravención del art. 18.3 de la Constitución (derecho al secreto de las comunicaciones), ésta es clara, cuando afirma que: “(…) la grabación que un particular haga de sus propias conversaciones, telefónicas o de otra índole, no suponen el atentado al secreto de las comunicaciones (STS 20-2-2006; STS 28-10-2009, núm. 1051/2009)”

Por último, en resumen, hemos visto cómo la aportación de conversaciones de Whatsapp. o de grabaciones telefónicas, está totalmente permitida por nuestros tribunales, siempre que se cumplan determinados requisitos, para garantizar su autenticidad, por lo que tendremos que ser nosotros, en defensa de los intereses de nuestros clientes, quienes estemos alerta a la hora de que, por los funcionarios
intervinientes, se cumplan estas garantías.

Artículo escrito por GONZÁLEZ LUNA ABOGADOS – GRANADA