Esta es una entrada importante por los momentos que estamos viviendo en España. Estado de Alarma y problemas para empresas, trabajadores y autónomos.
HYV ABOGADOS – SALAMANCA y CACERES nos ha preparado una presentación en la que se explican con claridad las prestaciones para autónomos por COVID-19, al margen de otras que pudiesen ir aprobando Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
El crecimiento de internet ha hecho posible que distintas personas, físicas o jurídicas, puedan crear páginas web a fin de compartir sus ideas o contenidos, prestar sus servicios o vender productos, entre otros.
Para crear esas páginas web es necesario registrar un nombre de dominio, siendo éste aquel que identifica de forma única a una empresa o persona en internet. Por lo que no cabe la existencia de dos nombres de dominio idénticos.
En España podemos registrar nuestro nombre de dominio en www.red.es
¿Pero qué sucede si un tercero registra en internet un nombre de dominio con la denominación de mi empresa o marca sin mi autorización?
En este caso el afectado tiene dos opciones:
Una de ellas, es acudir a la vía judicial en cuyo caso resolverán los Juzgados de lo Mercantil que tengan atribuido función de Juzgado de Marcas, pudiéndose solicitar el cese, prohibición de la página web, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados.
Y, otra opción más sencilla rápida y barata sería acudir al llamado Procedimiento Administrativo de la Política Uniforme
La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, viene a establecer el marco jurídico para la resolución de aquellas controversias que surjan entre el titular de un nombre de dominio y un tercero por el registro y utilización abusiva de un nombre de dominio en internet en aquellos dominios genéricos de nivel superior o gTLD (como puede ser .org, .net, .info etc.) así como aquellos nombres de dominio correspondientes a los códigos de países como por ejemplo .es
En este supuesto las controversias que podrán dirimirse ante este procedimiento serán, de conformidad al artículo 4 a) del Reglamento de la Política Uniforme, aquellas que satisfagan los siguientes requisitos:
1.- Que el nombre de dominio registrado por el titular del nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos.
2.- Que el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión.
3.- El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
En este tipo de procedimiento el demandante podrá solicitar que se acuerde el cese, prohibición y retirada de la página web, así como la cesión del nombre de dominio, pero no podrá solicitar indemnización por los daños y perjuicios causados.
Por tanto, si el afectado pretende reclamar derechos económicos deberá acudir a la vía judicial.
Este procedimiento es administrado por el centro de la OMPI
En cuanto al procedimiento este se iniciará mediante demanda que deberá presentarse por vía electrónica, a través del enlace facilitado por la OMPI domain.disputes@wipo.int.
En este caso, no es preceptiva la intervención de un abagado si bien siempre es recomendable la intervención de un abogado experto en la materia.
Las personas encargadas de resolver la controversia serán un grupo de expertos en la materia.
El procedimiento tendrá una duración de sesenta días, siendo las fases de este procedimiento:
1.- Presentación de una demanda
2.- Contestación de la demanda.
3.- Nombramiento del grupo administrativo de expertos que deberá estar compuesto por una o tres personas encargadas de resolver la controversia.
4.- Resolución del grupo administrativo de expertos y su notificación a las partes y a los registradores interesados y a la ICANN
5.- Ejecución de la resolución del grupo administrativo de expertos por los registradores interesados, en caso de que se dicte una resolución por la que haya que cancelarse o cederse el nombre o nombres de dominio en cuestión.
Dicha resolución podrá impugnarse ante los tribunales
Este procedimiento es de carácter internacional por lo que es el más idóneo en aquellos casos en los que el infracción se produzca fuera de nuestro pais, ya que evitamos acudir a jurisdicciones distintas ahorrando costes. También al tratarse de un procedimiento rápido, podemos obtener el cierre de la página web en un corto periodo de tiempo, a diferencia de lo que ocurriría si acudimos a la vía judicial ya que un procedimiento judicial puede tener una duración mucho más dilatada en comparación con el Procedimiento Administrativo de la Política Uniforme.
Artículo escrito por DOLORES ESTHER RUIZ SEGURA – ALMERIA
Como todos sabemos, el pasado día 14 de marzo se decretó por segunda vez en la democracia el estado de alarma, conforme a lo previsto en el art. 116 de la Constitución Española, mediante “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.”
En su artículo 7 se dispone la limitación de la libertad de circulación de las personas de tal forma que establece un régimen de confinamiento, exceptuando las siguientes actividades:
“a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.”
La referencia expresa relativa a la incidencia de este estado de alarma sobre los procedimientos penales en curso la encontramos en la Disposición adicional segunda, de suspensión de plazos procesales que dice:
“1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.
[…]”
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.”
Así pues, quiero llamar la atención sobre el hecho de que el decreto no hace mención alguna sobre qué ocurre con las medidas cautelares personales consistentes en las comparecencias apud acta periódicas.
Bajo mi punto de vista, el estado de alarma deja en suspenso la obligación de comparecer, principalmentepor las siguientes razones:
Mi consejo para aquellos que tengan clientes con dichas obligaciones es que se les informe de esta circunstancia y se les recomiende, ya que entiendo que puede haber discrepancias en la aplicación por parte de los Juzgados:
Como colofón y en apoyo a mi opinión me gustaría informar que, a través de Twitter, el compañero Jorge Navarro ha solicitado pronunciamiento expreso al respecto al TSJ Catalunya, que ha respondido en este sentido, como podréis ver en el enlace que os dejo más abajo
Feliz confinamiento a todos.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
Artículo escrito por CLARA MARTÍNEZ NOGUÉS – GIRONA y TARRAGONA