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Derrama de la comunidad. ¿Quién debe pagar? ¿Estoy obligado a pagar la derrama?

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En un bloque de pisos, hay vecinos con los que empatizas más que con otros, eso sí, todo son discusiones y problemas cuando se trata de pagar una derrama. Pero ¿qué es una derrama? Pues se trata de una cuota extraordinaria que deben hacen frente los propietarios del edificio donde vaya ejecutarse una actuación previamente acordada y debidamente aprobada en la junta de vecinos, bien sea la instalación de un ascensor, pintar la fachada etc, aunque pueden ser actuaciones de carácter más urgente por ejemplo un problema de peligro en las zonas comunes etc al que normalmente las comunidades de vecinos no pueden hacerse cargo con los fondos ordinarios de la comunidad y exigen a sus propietarios sacrificios económicos por el bien del edificio, aunque las discusiones y problemas empiezan cuando hay vecinos que no están dispuestos a asumirlos u otros no pueden hacer frente a dicha derrama.

¿Cómo se calcula el porcentaje a pagar o pagan todos los vecinos la misma cantidad?

Cada vecino pagará una cantidad que vendrá determinada por el coeficiente de participación de la vivienda tal y como sucede con la cuota a abonar en el recibo de la comunidad de propietarios, la relación se establece dependiendo de la superficie útil de la vivienda frente a los metros totales del edificio. En la escritura de compraventa podremos consultar el porcentaje de zona común de la que somos propietarios, y normalmente en los Estatutos de la Comunidad de Propietarios del Edificio en cuestión, debería de quedar fijados los coeficientes de participación de cada piso.

¿Es obligatorio pagar la derrama si no estoy de acuerdo con la actuación acordada? La Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad horizontal regula las derramas y las clasifica según si son o no son necesarias en la comunidad y las distingue por lo siguiente:

  • Derramas a las que se está obligado al pago: son aquellas actuaciones necesarias para la conservación del inmueble, la seguridad y la habitabilidad del edificio y derramas para la eliminación de barreras arquitectónicas. Para estas obras no se ha fijado un máximo de cuantía, pero deben tener una durara de máximo 12 meses.
  • Derramas que no se consideran obligatorias pero que todos los vecinos deberían asumir son las actuaciones que deben llevarse a cabo para paliar los efectos del paso del tiempo y el desgaste de las instalaciones. Si el gasto de la obra excede del importe de tres mensualidades, los propietarios que no estén de acuerdo n o estarán obligados al pago.

¿Qué podemos hacer si hay vecinos que no quieren pagar?

Ante esta situación, y una vez adoptado el acuerdo en junta, la actuación se deberá ejecutar y al haberse votado de forma legal y según lo previsto en la Ley de Propiedad Horizontal, resultará obligatorio el pago por parte de todos los vecinos de la comunidad, y si algún vecino, teniendo la actuación el carácter de “derrama a las que se está obligado al pago”,el vecino adquirirá la condición de vecino moroso y perderá su derecho a voto en las Juntas así como se le podrá reclamar la cuantía vía judicial previo requerimiento extrajudicial de pago por parte del presidente de la comunidad.

¿Con qué porcentajes se aprueba las derramas en la Comunidad de propietarios? Las derramas se aprueban en las juntas de propietarios de la comunidad de un edificio.
Las derramas se aprobarán siguiendo lo estipulado en el artículo 171 LPH la cual cita:

7. Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. En segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes. ( por ejemplo sucedería con la derrama del ascensor)

Pero ante las actuaciones que se traten de la instalacion de infraestructuras de telecomunicaciones, energía renovable; el acuerdo será igualmente válido con el 1/3 de los prese4nte en la Junta y que representen un tercio de todos los coeficintes. Para las derramas de obras o mejoras no necesarias se requerirá que siempre voten 3/5 partes que representen 3/5 partes de las cuotas de participación con las limitaciones al pago que hemos visto anteriormente.

Si finalmente la mejora no se lleva a cabo, el dinero suele dejarse en la cuenta corriente de la Comunidad para futuros gastos ya que la cuota de comunidad de propietarios suele ser un valor muy ajustado a los gastos.

Por tanto vemos que, aunque algunos de los vecinos propongan mejorar algún aspecto de la edificación se necesita de ciertas cuotas de votos y participación para poderla llevar a cabo. Y siempre que un vecino se niegue a pagar la derrama existen mecanismos legales para que proceda por la vía legal a ellos, aunque lo mejor es siempre no llegar a esta situación y aprobar derramas que puedan ser asumidas por todos los propietarios.

1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906

Artículo escrito por LEVANTIA ABOGADOS – ALICANTE

Las líneas rojas de la libertad de expresión

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Las nuevas tecnologías, las redes sociales, los nuevos modelos de comportamiento y de relación social, nos han abierto las puertas de par en par de un mundo absolutamente nuevo, que una vez más han vuelto a certificar esa máxima jurídica que afirma que el derecho siempre va por detrás de la sociedad. ¿Somos verdaderos conocedores de los límites de la libertad de expresión y de información? ¿Y sabemos cuándo estamos vulnerando la intimidad y el honor de aquellas personas que deciden exponerse en ese universo llamado Internet?

La Declaración Universal del año 1948 recoge y protege la libertad de expresión, como uno de esos derechos fundamentales, que se entienden inherentes e incuestionables para todas las personas, sin existencia, por lo general, de cauces que controlen de forma directa, excepciones o de fundamentos para su limitación automática. Asimismo, la Constitución Española de 1978, en su artículo 20, reconoce el derecho a la libertad de expresión en su Sección Primera del Capítulo Segundo (“De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”), afirmando en su punto número 2 que el ejercicio de este derecho no puede restringirse a través de ningún tipo de censura previa. La problemática que nos causa estas regulaciones, es que no son sino la base sobre la que los operadores jurídicos tienen que trabajar y solventar la infinidad de supuestos que pueden producirse, y marcar las líneas que sirvan de límite suele ser tarea ardua y termina por abrir debates, en los que el acuerdo parece imposible.

De hecho, nuestro texto constitucional, en ese mismo artículo aparece el siguiente límite en su punto número 4: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.” La separación entre, digámoslo así, ambos terrenos, sólo supone una fuente interminable de discusiones y pleitos, por lo que, ha sido un debate jurídico siempre presente, siempre de actualidad, siempre vigente.

Y si todo ésto, no era por sí mismo más que suficiente, en los últimos años se ha visto multiplicado de forma desproporcionada, ya que, el escenario público que supone Internet y las redes sociales, donde cualquier sujeto puede tener su propio perfil e interactuar prácticamente sin límites, respecto a sus publicaciones, a sus contenidos compartidos (en muchas ocasiones de noticias sin contrastar), incluso a sus insultos y amenazas, ha creado una inmensa selva donde el riesgo al que están expuestas las personas es elevadísimo, por lo que, la colisión entre la libertad de expresión y derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen se ha convertido en una de las batallas por antonomasia de nuestra época.

Por ello, debemos acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su sentencia 79/2014, de 28 de mayo de 2014, donde se afirma: “el art. 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas.” (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4).

En sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la Sentencia caso Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, ha reiterado que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso (SSTEDH casos Castells c. España, de 23 de abril de 1992, § 42, y Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000, § 43).

Por lo tanto, son muchos los Tribunales que basan su argumentación en que debe existir un interés relevante y público, que pueda suponer una garantía de información para la ciudadanía, una herramienta de control de todo aquéllo que por ser público debe tener un grado suficiente de escrutinio, con el único fin de se cumpla un objetivo positivo para una sociedad.

De hecho, en esa misma sentencia hace una especial referencia a que cuando los afectados son titulares de cargos públicos, éstos han de soportar las críticas o las revelaciones aunque “duelan, choquen o inquieten” (STC 76/1995, de 22 de mayo) o sean “especialmente molestas o hirientes” (STC 192/1999, de 25 de octubre). Estos criterios jurisprudenciales de este Tribunal han sido muy intensamente refrendados en la STEDH de 15 de marzo de 2011 (caso Otegi Mondragón c. España, § 50), que afirma que los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a los sujetos políticos, pues se exponen inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la masa de los ciudadanos; y que los imperativos de protección de su reputación deben ser puestos en una balanza con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, haciendo una interpretación más restrictiva de las excepciones a la libertad de expresión.

De todo lo expuesto, la conclusión que nos queda es que la información que contenga un especial contenido de interés, porque pueda hacer referencia a elementos económicos, políticos, jurídicos, es decir, de carácter público y que afecte de cualquier manera a lo comunitario, debe estar sobreprotegida con el derecho de información y de expresión como derecho fundamental que no puede ser objeto de restricción, siempre y cuando no vulnere los aspectos personales de forma inapropiada, excesiva e irracional, aunque ello suponga un ejercicio de dura crítica a la persona que sea objeto de discusión.

Artículo escrito por CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA SANTIAGO HERNAEZ – LA RIOJA

El Reglamento General de protección de Datos y la Ley Orgánica de protección de datos y garantía de Derechos digitales

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Desde el pasado 25 de mayo de 2018 es aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, también conocido por sus siglas RGPD o bien GDPR, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Posteriormente, en España el 5 de diciembre de 2018 se publicó la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); la entrada en vigor se produjo al día de su publicación y el objeto de esta ley es, por un lado, adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y completar determinadas disposiciones del mismo, y además garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

¿Por qué es importante la protección de datos de carácter personal?

Recordemos que nuestra Carta Magna, de forma novedosa, reconoció y detectó la necesidad de que debía limitarse el avance de la técnica, en tanto en cuanto dicho avance pudiera suponer una injerencia en el derecho fundamental a la intimidad, y el resultado fue el artículo 18 apartado 4 en el que se establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Por otro lado, no debemos olvidar, y en relación con lo anteriormente expuesto, que la protección de los datos personales de las personas físicas es un derecho fundamental, reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

¿Qué entiende el RGPD por dato de carácter personal?

En sus primeros artículos el RPGD define como dato personal, como toda aquella información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

Es decir, estamos ante una definición muy amplia, en tanto en cuanto se establece que la persona puede ser identificada tanto directa como indirectamente, y porque el propio concepto nos habla de que será dato, toda aquella información sobre una persona física.

Esta amplitud debe hacer que, como organización, cuando tratemos información seamos especialmente cuidadosos y escrupulosos en relación a las medidas técnicas y organizativas en el tratamiento de la misma, además de prestar especial cuidado a lo indicado en el cumplimiento de los principios recogidos en la normativa.

¿Cuáles son los aspectos relacionados con los datos de carácter personal a los que debemos prestar especial atención?

Si bien no es fácil, resumir en unas pocas líneas lo que la legislación recoge en centenares de folios, y la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es) matiza en sus informes y resoluciones, podemos indicar que los aspectos principales nos los marcan los principios recogidos en el RGPD.

En relación a los mismos, se establece que los datos de carácter personal serán tratados de manera lícita, leal y transparente, y serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos.

Además, en relación a la minimización de datos se establece que los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

Los datos deberán ser exactos y deberán ser actualizados; el propio RGPD establece que en relación a los datos existirá una limitación en el tiempo de conservación de los mismos.

Y por último aunque no menos importante, los datos deberán ser tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada. Esta seguridad adecuada supone incluso una protección contra tratamientos no autorizados o ilícitos, además de protección contra su pérdida, destrucción o daño accidental; la manera de llevarlo a cabo será mediante la implantación en las organizaciones de procedimientos que recojan medidas técnicas u organizativas.

Toda organización deberá valorar, determinar y ser capaz de demostrar que aplica esas medidas técnicas y organizativas (responsabilidad proactiva); medidas que deberán adecuarse a cada caso en concreto, y que al respecto nos conviene ser precavidos, porque con la aplicación de las mismas, estamos cumpliendo una obligación legal (y evitaremos infracciones y sanciones), protegeremos un derecho fundamental de los titulares de los datos de carácter personal, y además, protegeremos un activo fundamental de nuestra organización (empresa o administración pública) como es la información (entendida en relación a información referida a personas físicas).

¿Qué derechos tengo por ser titular de datos de carácter personal?

Para finalizar este pequeño artículo en relación a la normativa de protección de datos, no debemos olvidar hacer una referencia a los derechos que se reconocen a toda persona física por el mero hecho de ser titular de datos, y que aumentan respecto a los derechos que la anterior LOPD reconocía y que eran reconocidos por el acrónimo ARCO. A continuación nos acercaremos de una manera somera a los mismos.

El interesado o titular de los datos tiene derecho a acceder a sus datos, es decir, derecho a obtener de la entidad que trata los datos la confirmación de si se están tratando sus datos y a saber, entre otras, la finalidad del tratamiento, la categoría de datos tratados, los destinatarios de la información, el plazo previsto de conservación, la posibilidad de ejercitar los derechos y el derecho a conocer que puede presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente.

Además, la normativa recoge el derecho de rectificación, y establece que el interesado, sin dilación indebida, obtendrá de la organización que trata la información, la rectificación de los datos personales que le conciernan.

También se reconoce el derecho de supresión de los datos o derecho al olvido, entendido como el derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan siempre que se den una serie de circunstancias. Cabe decir que el ejercicio de este derecho no es ilimitado, y deberá tenerse en cuenta el derecho a la libertad de expresión e información, así como razones de interés público en el ámbito de la salud, entre otras excepciones.

El titular de los datos tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos, y ello en el caso de que se den una serie de condiciones.

Uno de las novedades en relación a los derechos que recoge la normativa es el derecho de portabilidad de los datos; que se reconoce como el derecho del interesado a recibir los datos personales que le incumban de la siguiente forma:

– En un formato estructurado

– De uso común.

– Y de lectura mecánica

Además de disponer del derecho a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.

El derecho de oposición, ya reconocido por la anterior normativa, se sigue manteniendo; siendo la posibilidad de que el interesado pueda oponerse en cualquier momento a tratamientos de datos que le conciernen.

Y para finalizar, el apartado de derechos, se reconoce el derecho de toda persona a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

La LOPDGDD reconoce además respecto de las personas fallecidas, que las personas vinculadas al mismo por razones familiares o de hecho así como sus herederos, puedan dirigirse al responsable del tratamiento, o incluso al encargado del tratamiento, y ejercer el derecho de acceso a los datos de carácter personal de la persona fallecida, y en su caso, ejercitar además el derecho de rectificación o el derecho de supresión de los datos.

Artículo escrito por ANDONI GARCIA IMAZ – GUIPUZCOA