Evaluación de impacto de privacidad

¿Qué es una evaluación de impacto de privacidad (evaluación de impacto relativa a la protección de datos)?

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (conocido como Reglamento General de Protección de Datos, GDPR o RGPD) no nos define qué es una evaluación de impacto de privacidad, aunque sí indica cuándo debe realizarse y su contenido mínimo.

Una definición de lo que es una evaluación de impacto de privacidad la tenemos en el documento que recoge las Directrices sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) y para determinar si el tratamiento «entraña probablemente un alto riesgo» a efectos del Reglamento (UE) 2016/679, adoptadas el 4 de abril de 2017, y revisadas por última vez y adoptadas el 4 de octubre de 2017, del Grupo de “Protección de Datos” del artículo 29.

En el mencionado documento se nos define la evaluación de impacto como un proceso, que se concibe para describir un tratamiento de datos, poder evaluar la necesidad de tal tratamiento además de su proporcionalidad, y que sirve para gestionar los riesgos derivados de ese tratamiento que puedan darse para los derechos y libertades de las personas físicas titulares de datos, y que al gestionar esos riesgos podremos evaluarlos y determinar las medidas para afrontarlos.

En definitiva será un instrumento fundamental, una herramienta con carácter preventivo, que servirá para poder rendir cuentas como responsables del tratamiento; nos permitirá cumplir con la responsabilidad proactiva recogida en el RGPD (cumplir los principios relativos al tratamiento y ser capaz de demostrarlo).

¿Cuándo debe realizarse una evaluación de impacto de privacidad?

Para responder a esta pregunta, debemos acudir al artículo 35 del RGPD, que establece que cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular, si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, la mencionada evaluación de impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales.

Se permite la posibilidad de que una única evaluación de impacto podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares. Es decir, una evaluación de impacto puede ser realizada en relación al tratamiento de datos que va a llevarse a cabo por una empresa u organización con un servicio o producto basado en la tecnología, y no tiene que llevarse a cabo en relación a otros tratamientos de datos que lleve a cabo la empresa.

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una lista de tratamientos de datos que requieren una evaluación de impacto (el documento puede descargarse en el siguiente enlace)

La lista es una lista no exhaustiva, y habrá que realizar la EIPD en el caso de que el tratamiento cumpla con dos o más criterios de los siguientes:

– Tratamientos que impliquen perfilado o valoración de sujetos, incluida la recogida de datos del sujeto en múltiples ámbitos de su vida (desempeño en el trabajo, personalidad y

comportamiento), que cubran varios aspectos de su personalidad o sobre sobre sus

hábitos.

– Tratamientos que impliquen la toma de decisiones automatizadas o que contribuyan en

gran medida a la toma de tales decisiones.

– Tratamientos que impliquen la observación, monitorización, supervisión, geolocalización o control del interesado de forma sistemática y exhaustiva.

– Tratamientos que impliquen el uso de categorías especiales de datos (datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual) y de datos relativos a condenas o infracciones penales o datos que permitan determinar la situación financiera o de solvencia patrimonial o deducir información sobre las personas relacionada con categorías especiales de datos.

– Tratamientos que impliquen el uso de datos biométricos con el propósito de identificar de

manera única a una persona física.

– Tratamientos que impliquen el uso de datos genéticos para cualquier fin.

– Tratamientos que impliquen el uso de datos a gran escala.

– Tratamientos que impliquen la asociación, combinación o enlace de registros de bases de datos de dos o más tratamientos con finalidades diferentes o por responsables distintos.

– Tratamientos de datos de sujetos vulnerables o en riesgo de exclusión social, incluyendo

datos de menores de 14 años, mayores con algún grado de discapacidad, discapacitados,

personas que acceden a servicios sociales y víctimas de violencia de género, así como sus descendientes y personas que estén bajo su guardia y custodia

– Tratamientos que impliquen la utilización de nuevas tecnologías o un uso innovador de

tecnologías consolidadas, incluyendo la utilización de tecnologías a una nueva escala, con un nuevo objetivo o combinadas con otras, de forma que suponga nuevas formas de

recogida y utilización de datos con riesgo para los derechos y libertades de las personas.

– Tratamientos de datos que impidan a los interesados ejercer sus derechos, utilizar un

servicio o ejecutar un contrato.

Lo que va a determinar la obligación de llevar a cabo una EIPD es la posibilidad de que exista un alto riego para los derechos y libertades de las personas físicas.

En el caso de que exista duda, sobre si estamos obligados o no a llevar a cabo una EIPD, conviene realizarla.

¿Cuál debe ser su contenido mínimo?

La EIPD debe contener al menos la siguiente información:

– Una definición detallada y sistemática de las operaciones de tratamiento que se hayan previsto realizar y de las finalidades del tratamiento, inclusive, cuando proceda, el interés legítimo que se persiga.

– Una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento de datos en relación con su finalidad.

– Una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los titulares de los datos.

– Las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos personales, y que demuestren la conformidad con lo establecido en el RGPD, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.

Artículo escrito por ANDONI GARCIA IMAZ – GUIPUZCOA

El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho para el deudor persona natural

Comentario del art. 178 bis de la Ley Concursal. (Primera parte).

Según la estadística del procedimiento concursal, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en el cuarto trimestre de 2019 se declararon en nuestro país 699 concursos de persona física sin actividad empresarial, con un aumento en variación anual de un 19 por ciento.

La emergencia económica creada por la pandemia del coronavirus, seguro que va a provocar un crecimiento exponencial de los concursos consecutivos de acreedores de persona natural, cuyo conocimiento corresponde para las personas físicas no empresarias a los Juzgados de Primera Instancia (art. 85. 6 LOPJ), desde el día 1 de octubre de 2015.

Por el contrario, si se trata de una persona física que ejerce en nombre propio una actividad económica (empresarial o profesional), será considerada empresario y el conocimiento de su concurso de acreedores corresponderá a los Juzgados de lo Mercantil.

Son muchas las personas que nos preguntan por el mecanismo de la segunda oportunidad, y sobre todo por el “perdón de las deudas”. Conviene aclarar desde un primer momento que todos los deudores personas físicas, sean o no empresarios, pueden solicitar dicha condonación.

El perdón de las deudas, en términos coloquiales, se corresponde jurídicamente con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, regulado en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, cuyo redactado actual procede del art. 1 apartado 1 número 2 de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, vigente desde el 30 de julio de 2015.

Con esta nota me propongo resumir a grandes rasgos los presupuestos y requisitos necesarios para poder llegar a conseguir dicho beneficio, que se podrá obtener del juez que tramite el concurso, a petición del deudor.

En primer lugar existe un presupuesto recogido en el apartado 1 del artículo 178 bis: el concursado debe ser una persona natural y es necesario que se haya concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa. El ámbito subjetivo recae en todo deudor persona natural, sin distinguir si es o no empresario, por lo que abarca a toda persona natural, siendo independiente que ejerza o no un actividad empresarial. Quedan excluidas las personas jurídicas.

Además, dicho deudor ha de someterse de modo necesario al sacrificio consistente en la liquidación total de su patrimonio dentro del trámite del concurso. Téngase en cuenta que la condonación también puede solicitarse en supuesto de insuficiencia de la masa activa, una vez declarado el concurso.

Además del citado presupuesto, la ley exige una serie de requisitos que se recogen en el apartado 3 del artículo 178 bis.

El deudor debe ser de buena fe. Se entenderá que concurre buena fe en el deudor, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1º.- Que su concurso no haya sido declarado culpable. Por tanto el concurso consecutivo debe ser declarado fortuito. Se deja únicamente a salvo el supuesto de concurso culpable, por retraso en la solicitud de concurso, siempre que no se aprecie dolo o culpa grave del deudor.

2º.- Que en los diez años anteriores a la declaración de concurso, el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. De existir un proceso penal pendiente, el juez deberá suspender la decisión sobre la exoneración hasta que exista sentencia firme.

El deudor debe haber celebrado o, al menos intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. El deudor persona natural tiene que haber promovido el acuerdo extrajudicial de pagos, regulado en los artículos 231 a 242 bis de la Ley Concursal, y que el mismo haya fracasado por imposibilidad de acuerdo con los acreedores o bien por su incumplimiento, lo que provocará la presentación en el juzgado del concurso consecutivo del deudor. La práctica nos advierte del fracaso de los acuerdos extrajudiciales de pago, en muchos casos por incomparecencia de los acreedores a la reunión convocada por el mediador concursal.

La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 13 de marzo de 2019 (Roj: STS 897/2019), Ponente Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo, ha interpretado que debe haber “un intento efectivo de acuerdo. Esto es, que hubiera habido una propuesta real a los acreedores, al margen de que no fuera aceptada por ellos”. No se puede ofrecer a los acreedores una quita del 100 % de sus créditos.

Cumplido el presupuesto y los anteriores requisitos, existen dos vías alternativas distintas para la exoneración del pasivo insatisfecho, puesto que la condonación puede ser inmediata, o se puede conseguir en el plazo de cinco años, a través de la aprobación judicial de un plan de pagos propuesto por el deudor.

La finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad, mediante la condonación plena de las deudas, lo que puede conseguirse por dos caminos distintos. Si fracasa una vía, puede optarse por la otra.

La exoneración inmediata. Se trata de una exoneración definitiva, siempre dejando a salvo su posible revocación, que opera de modo automático, mediante el pago por parte del deudor en concurso de un determinado umbral de pasivo.

El ordinal 4º del precepto recoge los requisitos propios de esta vía: se deben haber satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados, y si no se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento de los créditos concursales calificados como ordinarios.

Por esta vía se consigue la exoneración de todas las deudas pendientes no satisfechas con la liquidación concursal, entendiendo por tales, todos los créditos ordinarios y subordinados, que existan en el momento de concederse el beneficio. Debe quedar claro que los créditos contra la masa y los privilegiados deberán pagarse en su totalidad.

Cabe destacar que el crédito público que exista y se clasifique como ordinario o subordinado queda dentro de la exoneración, salvo que el deudor no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, ya que en este caso, el concursado deberá abonar además el 25 por ciento del crédito público ordinario, como requisito adicional para poder obtener la exoneración inmediata.

La exoneración diferida por la sujeción a un plan de pagos del artículo 178 bis.3.5º de la Ley Concursal. Por esta vía el concursado solicita la condonación no de forma inmediata, sino a través de la sujeción a un plan de pagos. La condonación se concede inicialmente por el Juzgado de modo provisional, y una vez transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos, ya sea por ejecución completa o por haber realizado el deudor un “esfuerzo sustancial para ello”, se dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo no satisfecho en el concurso.

La regulación de esta vía se encuentra en el ordinal 5º del apartado 3º del art. 178 bis, y también en los apartados 5 y 6 del mismo artículo.

Esta vía, que concede más plazo al deudor para pagar aquellos créditos sobre los que no cabe exoneración, cuenta con unos requisitos propios:

1.- El deudor debe aceptar someterse al plan de pagos recogido en el apartado 6 del mismo artículo.

2.- No tiene que haber incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y con la administración concursal del artículo 42 de la LC.

3.- No debe haber obtenido este mismo beneficio dentro de los últimos diez años.

4.- No debe haber rechazado dentro de los últimos cuatro años anteriores a la declaración el concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

5.- Debe aceptar de forma expresa en la solicitud de condonación, que la obtención del beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años.

En esta segunda vía se distinguen tres fases: la exoneración provisional, el plan de pagos y la exoneración definitiva.

La exoneración provisional alcanza a todos los créditos ordinarios y subordinados, e incluso a los no comunicados, con excepción de los de derecho público y alimentos.

El plan de pagos consiste en la fijación de un calendario de abono de los créditos sobre los que no cabe la exoneración (los créditos contra la masa y los créditos privilegiados), en un plazo máximo de cinco años.

La propuesta de plan de pagos debe presentarse por el deudor, y oídas las partes por el plazo de 10 días, será aprobada por el juez en los términos que hubiera sido presentado o con las modificaciones que estime oportunas.

La Sentencia dictada por el Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 2 de julio de 2019 (Roj: STS 2253/2019), teniendo otra vez como Ponente a D. Ignacio Sancho Gargallo, ha aclarado la contradicción existente en el último párrafo del apartado 6 del precepto, que podía hacer ineficaz la finalidad de la norma. El último párrafo del apartado 6 del precepto señala que: “Respecto de los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica”.

Dicha Sentencia salva la polémica cuestión, interpretando que “aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público. Aquellos mecanismos administrativos para la condonación y aplazamiento de pago carecen de sentido en una situación concursal”.

Transcurrido el plazo para el cumplimiento del plan de pagos, sin que se haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la condonación del pasivo no satisfecho en el concurso.

Puede ocurrir que el deudor no pueda cumplir en su integridad con el plan de pagos. En este supuesto se le podrá conceder el beneficio de forma excepcional, siempre atendidas las circunstancias del caso, si el deudor se ha esforzado en cumplirlo.

Se ha señalado que las circunstancias pueden ser personales o familiares, relacionadas con el acceso o rechazo al empleo, o con su comportamiento económico dentro del plazo.

En cuanto al esfuerzo, no se le podrá exigir un esfuerzo que supere la mitad, o bien la cuarta parte de los ingresos embargables. La cuarta parte cuando concurran en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1 letras a) y b) del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

En aras a la brevedad y a una mejor comprensión, prefiero preparar una segunda parte de la nota, en la que trataré de resumir la tramitación de la solicitud, la posible revocación del beneficio y los efectos comunes a ambas vías de condonación.

Como se puede apreciar, el camino para poder solicitar y conseguir la condonación de la deuda por los deudores personas físicas no es ágil ni sencillo, pero la práctica nos está demostrando que contamos con un instrumento legal, que está funcionando y que permite dar salida a muchas situaciones de sobreendeudamiento.

En el día de hoy, 7 de mayo de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que entrará en vigor el próximo día 1 de septiembre de 2020.

La regulación actual contenida en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, quedará derogada, pasando el beneficio a ser regulado en los artículos 486 a 502 del texto refundido.

Por tanto, un único artículo, muy farragoso, pasa a convertirse en diecisiete artículos. La regulación de fondo de la institución no varía, pero con la nueva sistemática se gana en claridad e inteligibilidad.

Artículo escrito por MERCADÉ ABOGADOS – LLEIDA

Comenzar a preparar el postcovid

Llevamos varios días, escuchando en los medios de colaboración de que en breve se empezará a hacer la desescalada, pero en nuestra humilde opinión tenemos que empezar todos a pensar en lo que debemos hacer y comenzar a preparar el postcovid.

En primer lugar, desde los autónomos hasta las grandes empresas debemos reformular nuestros planes de empresa desde ya y en algunos casos readaptándose y en otros casos reinventándose.

Como empresarios debemos realizar un plan de acción inminente en nuestras empresas para poder dar continuidad a nuestros negocios.

En primer lugar nos centraremos en los contratos que pueden afectar en las empresas desde un aspecto contractual, una vez que se haya levantado el Estado de Alarma, y que a nuestro entender deberá revisarse uno por uno:

  • Contratos de Arrendamientos

Respecto a los contratos de arrendamientos, debemos buscar un equilibrio de contraprestación entre arrendador y arrendatario.

En el caso que por el arrendatario, se haya pedido una moratoria del pago del alquiler o una rebaja en el mismo, por parte del arrendador tendrá que verse compensado de alguna manera, por lo que nuestro consejo, es que se proceda a solicitar por ejemplo que el plazo de duración del arrendamiento se alargue, o que el precio de la renta, se vuelva a revisar después de pasado un determinado plazo aumentando en varios puntos porcentuales.

  • Contratos de compraventa

Los que se hayan visto afectados durante el estado de alarma, se deberán solicitar o bien carencias en el pago, novaciones de las condiciones e incluso hasta resoluciones de los contratos, alegando imposibilidad del cumplimientos del objeto del contrato.

  • Contratos de suministros

Se asemeja a los contratos de compraventa, pero las características que hay que tener son la duración y su periodicidad, en este caso se deberá renegociar las condiciones del contratos como por ejemplo carencias y/o moratorias y en el caso del vendedor que acepte unas condiciones diferentes, podrá renegociar el precio de rappel pactado en el contrato de suministro.

Diferente son los contratos de suministros de gas, luz, teléfono, que dichas entidades están ofreciendo una flexibilización, con moratorias inclusos de seis meses.

  • Contratos de distribución

Se deberá renegociar los precios de compra con los empresarios, dado que el estado de alarma está produciendo o bien falta de stock o bien una acumulación de los productos, por lo que nuevamente se tendrá que renegociar los contratos.

  • Contratos bancarios

Ya sean con garantía o sin garantía hipotecaria, se tendrá que estar a si han solicitado la moratoria de los mismos para suspender temporalmente el pago de las cuotas.

  • Contratos de leasing y renting

Se deberá renegociar un carencia y moratoria, incluso intentar aplazar o lograr una moratoria en el plazo de la opción de compra en el caso de los leasing.

  • Contratos de arrendamientos de servicios

Lo más recomendable es novar las condiciones de los contratos, dependiendo de las circunstancias a futuro.

Nuestra recomendación es intentar renegociar de manera consensuada con la otra parte, dado que hacerlo de forma unilateral, puede llevar a la parte afecta al cumplimiento íntegro de la prestación o a la resolución del contrato con el resarcimiento de daños y perjuicios si los hubiere.

En el caso de no existir acuerdo entre las partes, lo mejor es dejar constancia por escrito la imposibilidad de cumplir el contrato o su dificultad, de cara a una futura reclamación judicial, por ambas partes.

En segundo lugar, en ese plan de acción deberá de hacerse para continuar la viabilidad de la empresa que deberán adaptarse a las circunstancias de cada sector y a las medidas que se han aprobado y indudablemente se aprobarán.

Esas medidas irán desde reducir los costes fijos asi como acometer ajustes salariales, como vender determinados activos para conseguir liquidez , o hacer ampliaciones de capital con entradas de nuevos socios inversores , realizar préstamos participativos entre otras cosas

Y por último en el peor de los escenarios que nos vamos a encontrar es que el empresario puede entrar en situación de insolvencia bien durante el estado de alarma o bien con posterioridad.

Por lo que nos tendremos que poner manos a la obra haciendo una reestructuración de la empresa para no verse abocada a la presentación de un concurso de acreedores como determina nuestro ordenamiento jurídico.

Esa reestructuración para dar continuidad, lo aconsejable es negociar con los acreedores.

Lo recomendable es hacer un acuerdo de refinanciación con las entidades financieras, es decir con los acreedores de pasivos financieros, dichos acuerdos son homologables judicialmente y eso va hacer que estén blindados antes una posible situación concursal posterior.

Pero hay otro tipo de acuerdos de refinanciación que no son homologables pero van hacer que tengan liquidez las empresas, ya que en este tipo de acuerdo se cuenta a la totalidad de los acreedores , se exige un informe de un experto independiente así como elevar dichos acuerdos en escritura pública.

Pero hay otro tipo de mecanismos, que son los acuerdos con un acreedor o varios acreedores, para tomar una serie de medidas que se ajusten al contrato, que van desde aplazamientos o fraccionamientos de pagos por ejemplo.

Y también hay que hablar de acuerdo extrajudicial de pago, en el caso de insolvencia actual o inminente, nombrando a un mediador concursal, que tendrá efectos de arrastre para acreedores que no han votado a favor, pero no son aplicables a créditos públicos ni aquellos créditos con garantía real que exige mayorías reforzadas.

En el caso de que hayan sido infructuosas todas las acciones y nos encontremos con el escenario de que nuestra empresa se encuentre en situación del artículo 363 de la ley de sociedades de capital.

En su párrafo primero 1e) establece que la sociedad deberá disolverse:

Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

La junta de accionistas debe contemplar si disolvemos la sociedad porque existen perdidas pero la sociedad no está en insolvencia o que esté en una situación de insolvencia, tiene el deber de solicitar el concurso.

Si bien hablaremos en otro artículo de cómo es un concurso de acreedores daremos una serie de pinceladas sobre el concurso de acreedores.

En primer lugar tenemos dos meses desde que se haya generado el estado de insolvencia, si bien es cierto que ese plazo está suspendido mediante el Real Decreto del 14 de marzo, asimismo hay que distinguir dos situaciones.

1.- Si la situación en anterior al RD de 14 de marzo, el plazo se reanudará y quedará el tiempo restante hasta 2 meses,

2.- Si la situación surge durante el estado de alarma, cuando se levante dicho estado, empezará a computar los dos meses.

El concurso de acreedores es un procedimiento que se sustancia ante los juzgados del deudor cuando no puede atender sus obligaciones de pago o prevé que no podrá atenderlas regular y puntualmente, a fin de que, mediante el proceso judicial correspondiente, se intente un acuerdo con los acreedores a fin de que acuerden quitas y/o esperas con el objetivo de evitar la liquidación del patrimonio del deudor y dar continuidad a la viabilidad de la empresa, en caso de no ser posible lo anterior, se lleve a cabo una liquidación ordenada del patrimonio del deudor, asegurando el pago de los acreedores en el riguroso orden de preferencia que establece nuestro ordenamiento jurídico mediante la venta directa , subasta judicial o venta y/o subastas de entidades especializadas.

Pero como hemos comentado , procederemos hablar del concurso de acreedores o de la ley de segunda oportunidad en un artículo posterior.

Pd. La redacción de este artículo  fue realizada con anterioridad  a la publicación y entrada en vigor con fecha anterior al RD16/2020 ,el cual entró  una serie de medidas en el ámbito  de la administración, entre las que se encuentran medidas concursales  y societarias ,entre las que se encuentras medidas relativas al plazo de solicitar el concurso , solictud de reconvenio, el plazo para presentar concurso necesario,la forma de enajenación de bienes  en la fase de liquidación. En un artículo  que vamos a desarrollar proximamente de detallarán los cambios.

Artículo escrito por TESARAY ASOCIADOS – PALENCIA Y VALLADOLID