Los ERTES y las consecuencias tributarias que acarrean

Con la situación en la que nos encontramos, hemos llevado a cabo una experiencia en relación al ámbito laboral provocada por la pandemia sanitaria del Covid-19. Son los llamados ERTES y las consecuencias que trae para las empresas y para los trabajadores.

Desde que se decretó el Estado de Alarma en marzo, ha habido una serie de modificaciones por parte del Gobierno en relación a esta materia, para poder mitigar todos los problemas que iban surgiendo al declarar el cierre obligatorio.

Una de las series de modificaciones era facilitar o fomentar los ERTE´s a través de la suspensión o reducción de las jornadas laborales.

¿Qué ocurriría con los trabajadores?

Los trabajadores iban a percibir una retribución inferior por tener su contrato en suspensión, por lo tanto, provoca una pérdida de poder adquisitivo.

En materia tributaria relacionada por el cobro de los ERTES, el Gobierno no se ha manifestado de momento, siendo esto una consecuencia desfavorable para todos aquellos que han estado o se encuentran incursos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

¿Qué ocurre en materia tributaria con el cobro de esta prestación?

Pues bien, de manera reiterada, la Dirección General de Tributos en dos de sus consultas vinculantes como V1955/2013 y V1957/13, de 11 de junio del 2013 y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, han venido sosteniendo que las prestaciones que han percibido los trabajadores son superiores a 1.500 euros, el trabajador que ha estado incurso en ERTE estará obligado a declarar, aunque sus rendimientos de trabajo no superen los 22.000 euros, que es el límite para presentar o no la Declaración de la Renta.

¿Por qué?

Porque se considera al SEPE como un segundo pagador, y encima, con carácter general, no se van a practicar retenciones, lo que implica que, el trabajador en su Declaración de la Renta, le saldrá resultado positivo, resultado a ingresar.

¿Puedo evitar que en la Declaración de la Renta me salga a ingresar?

Se puede evitar solicitando al SEPE que practiquen retenciones.
Desde nuestra humilde opinión, como en temporada de Renta 2019, no se alargaron los plazos para poder presentarla, perjudicando así a varios contribuyentes que por fuerza mayor y de manera justificada, no pudieron presentarla a tiempo, se les está notificando sanciones que son perjudiciales totalmente para el mismo.

¿Habrá pensado el Gobierno en tomar medidas al respecto?

Debería plantearse tomar medidas al respecto ante la situación extraordinaria en la que nos encontramos y evitar perjuicios de poder adquisitivo para el contribuyente trabajador.

No debemos olvidar que, la inclusión en un ERTE, conlleva la pérdida automática de la de deducción por maternidad. Como sabemos, para poder ser beneficiario de la deducción por maternidad, el contribuyente debe realizar una actividad por cuenta ajena o propia, estar dado de alta en la Seguridad Social, y son requisitos indispensables que, si el contrato se encuentra suspendido, no concurren.

¿Qué os parecen las consecuencias derivadas por el Coronavirus? ¿Creéis que es necesario tomar otro tipo de medidas menos perjudiciales?

Artículo escrito por HYV ABOGADOS – SALAMANCA y CACERES

Los bonos de viaje en tiempos de COVID19

El 1 de abril de 2020, se publicó el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y con su artículo 36, bajo el título de “Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios” estableció una serie de medidas de protección de consumidores en relación con sus reservas de viaje combinado.

El art. 36.4 flexibilizaba la normativa relativa a viajes combinados permitiendo que las agencias de viajes minoristas u organizadoras pudiesen, de forma unilateral, entregar bonos de viaje a sus clientes en aquellos viajes cancelados como consecuencia del COVID19.

Las principales características de los bonos eran las siguientes:

  1. Tienen la validez de un año desde la fecha de finalización del estado de alarma y todas sus prórrogas.
  2. Al finalizar este periodo de validez, si el bono no ha sido utilizado, el consumidor puede solicitar su reembolso en efectivo a la agencia de viajes.
  3. Si los viajeros solicitan la resolución del contrato conforme al art. 160.2 de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, si los proveedores realizan la devolución total del viaje, las agencias de viajes tienen que realizar el reembolso a los consumidores.
  4. No obstante, si los proveedores realizan parcialmente el reembolso, el consumidor tiene derecho al reembolso parcial del importe devuelto por los proveedores y que será descontado del valor del bono.

Como anunciamos, una de las principales características que tenían estos bonos de viaje era que el cliente no los podía rechazar, aunque su deseo fuese el reembolso del precio pagado por la reserva de viaje.

Para las agencias de viajes, esta característica era una muy oportuna herramienta para ganar tiempo mientras los proveedores de los servicios de viaje (vuelos, hoteles…) reembolsaban los importes cobrados que, aun a día de hoy, retienen ilegalmente por servicios no prestados.

En cambio, esta medida, como se puso de manifiesto por juristas de diversos foros en su momento, supone una vulneración de la normativa comunitaria relativa a derechos de consumidores y usuarios, que en modo alguno prevé la posibilidad de emitir bonos de forma unilateral por parte de las agencias de viajes.

Consecuentemente, dos meses mas tarde, y ante la amenaza de sanción por parte de la Unión Europea, se aprobó el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establecía de forma expresa la necesidad de aceptación por parte del consumidor ante la emisión de un bono de viaje por parte de la agencia, quedando modificada la redacción del art. 36.4 en ese sentido:

4. En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario, previa aceptación por parte de este, un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado que deberá abonarse, a más tardar, en 14 días. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución.”

La nueva redacción del art. 36.4 también eliminaba los párrafos segundo y tercero del precepto referentes a la obligación por parte de las agencias de viajes de reembolsar al cliente las cantidades que se fuesen recuperando de los proveedores, aun habiendo emitido bono de viaje.

Como era de esperar, este cambio de normativa tan radical en lo relativo a la necesaria aceptación del bono por el cliente, está siendo una cuestión muy controvertida que afecta negativamente tanto a agencias de viajes, como a consumidores. A las agencias las perjudica gravemente porque desde el 11 de junio de 2020 se ven obligadas a reembolsar cantidades de reservas que no tienen en su haber, dado que éstas se hallan retenidas ilegalmente por los proveedores de los servicios, quienes especulan ante la posibilidad de su inminente quiebra; y a los consumidores, porque algunos de ellos ya habían recibido forzosamente sus bonos de viaje sin que la nueva regulación del art. 36.4 prevea la retroactividad en su aplicación para los bonos ya emitidos.

Artículo escrito por VM ABOGADOS – BALEARES

El alquiler de pisos turísticos y las medidas derivadas del estado de alarma

España es un país que tiene en el sector turístico una de sus principales
fuentes de ingresos, motivo éste por el que, desde hace ya unos años, se ha
venido regulando con mayor intensidad el alquiler de los pisos turísticos.


Hay numerosas empresas que, sobre todo, en las zonas costeras y en las
islas, tienen por objeto social el alquiler de inmuebles con fines turísticos;
en algunos casos, se trata de inmuebles que son propiedad de las mismas
empresas, pero en muchos otros casos, dichos inmuebles son propiedad de
un tercero con los que la empresa mantiene un contrato de arrendamiento con posibilidad de subarriendo para dedicarlos a su actividad.


Debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, el sector turístico se
ha visto fuertemente afectado en los últimos meses, viéndose detenida
toda la actividad en torno a los alquileres de pisos turísticos.
En el caso de las empresas que tienen alquilados inmuebles a terceros para,a su vez, alquilarlos con fines turísticos, ¿qué medidas se han establecido? ¿Les resulta aplicable el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo?


Pues bien, es importante tener en cuenta que, en el caso de los pisos
turísticos, pese a ser viviendas, no tienen el carácter de vivienda habitual,
por los que no pueden serles de aplicación las medidas relativas a las
vivienda habitual que recoge el mencionado Real Decreto-ley 11/2020, de
31 de marzo; es por ello que no pueden acogerse los arrendatarios de estosinmuebles, por ejemplo, a instar la prórroga de los contratos de
arrendamiento por un periodo de 6 meses, obligatoria para el arrendador; prórroga que los inquilinos podrán pedir hasta incluso el plazo de dos meses desde la finalización del estado de alarma.


Por tanto, y por analogía, resultarán aplicables a los pisos turísticos las
medidas recogidas el Real Decreto 15/2020, de 21 de abril, referentes al
arrendamiento de locales de negocio. Así, una gran diferencia entre estos
inmuebles y las viviendas habituales, estriba en que en los contratos de
arrendamiento de locales o de viviendas dedicadas a alquiler turístico no
existe obligación de prorrogarlos más allá de su vencimiento, a menos que
entre las partes medie pacto en contrario.


El referido Real Decreto 15/2020, de 21 de abril, contempla otras medidas
para aquellos casos en los que el arrendador se considere un “gran
tenedor”. Sin embargo, para arrendadores que no tienen tal consideración,no existen obligaciones específicas, dejando al acuerdo entre las partescualquier modificación del contrato del mismo, moratorio o prórroga.

Artículo escrito por SERNA RUIZ ABOGADOS – MADRID y AVILA