Responsabilidad de los Administradores por deudas de la sociedad.

Las sociedades se tratan de personas jurídicas dotadas de derechos y obligaciones, en nuestro ordenamiento jurídico se encuentran reguladas en los artículos 35 a 39 del Código Civil.

Así a tenor del artículo 35 se entiende por personas jurídicas “Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley; las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados”·

Dichas entidades están dotadas de capacidad jurídica y capacidad de obrar, por lo que estas, en virtud del artículo 38 del Código Civil, podrán adquirir y poseer toda clase de bienes, contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales.

Esta capacidad implica que una sociedad pueda suscribir contratos con otras personas ya sean físicas o jurídicas (otras sociedades), por lo que contraerán una serie de obligaciones de las cuales responderían en caso de incumplimiento.

Como entes con personalidad serán responsables del incumplimiento de las obligaciones contraídas por contrato, por lo que una vez que incumplen contraen una deuda de la que deberán responder.

Sin embargo, la persona perjudicada puede encontrarse con la desagradable sorpresa de que una vez que la sociedad ha contraído una deuda frente a ésta, no pueda ver satisfecha su deuda por que la sociedad deudora carezca de patrimonio suficiente para responder de la misma o ésta haya cesado en su actividad, entre otras causas.

Un ejemplo de ello, es el caso en el que una persona suscribe un contrato con una sociedad, en el que A se obliga a entregar la cosa y la sociedad a pagar el precio. Una vez que la sociedad no cumple con dicha obligación la persona perjudicada se ve en la necesidad de ejercitar acciones frente a la sociedad deudora, instando por ejemplo, una demanda de reclamación de cantidad. Posiblemente obtenga una Sentencia estimatoria pero a la hora de ejecutar dicha sentencia, esta persona, se encuentra con la desagradable sorpresa de que la sociedad, que está condenada a abonar la deuda contraída, carece de patrimonio para responder de la misma. Por lo que la persona perjudicada en sí ha instado un procedimiento judicial a fin de ver salvaguardados sus intereses, pero a pesar de que ha obtenido una Sentencia favorable no puede ver satisfecho su derecho porque la sociedad es insolvente; o simplemente, la persona perjudicada no puede dirigirse contra la sociedad porque esta ha cesado en su actividad, justo después de contratar, o no tiene fondos suficientes para pagar su deuda.

Entonces, ante esta situación ¿Quién puede responder de la deuda? ¿Se podría ejercitar acciones frente a los socios de dicha sociedad?

En respuesta a las cuestiones planteadas, se podría instar acciones frente a los socios de la sociedad deudora ya que los administradores de una sociedad serán responsables de las obligaciones sociales siempre y cuando, las obligaciones contraídas con la sociedad hubieran nacido con posterioridad al acaecimiento de causa legal de disolución de la sociedad y concurra una serie de requisitos, que se expondrán a lo largo de este artículo.

Así, en cuanto a la responsabilidad de los administradores por las deudas o incumplimiento de las obligaciones de una sociedad, el artículo 367 de la Ley de Responsabilidad de Sociedades de Capital, viene a establecer que “1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución; 2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior”.

Para entender esto, debemos tener en cuenta cuales son las casusa de disolución de una sociedad y para ello debemos acudir al artículo 363.1 de la Ley de Responsabilidad de Sociedades de Capital, que es aquel que establece cuales son estas causas, siendo éstas:

  1. Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactivad superior a un año.
  1. Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.
  1. Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
  1. Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.
  1. Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
  1. Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.
  1. Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años
  1. Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

Sin embargo, para que el Tribunal pueda apreciar la responsabilidad de los administradores deben concurrir, además, una serie de requisitos que han sido establecidos por el Tribunal Supremo, siendo éstos los que se indican a continuación:

  1. Un comportamiento activo o pasivo de los administradores.
  1. Que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal.
  1. Que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante legal
  1. Que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño;
  1. El daño que se infiere sea directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad
  1. Que exista una relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en Sentencias nº 131/2016, de 3 de marzo; 253/2016, de 18 de abril; 395/2012, de 18 de junio; 312/2010, de 1 de junio; 667/2009, de 23 de octubre o la Sentencia de 16 de abril de 2.018.

Efectivamente, suele darse el caso en que muchas sociedades se encuentran incursas en causa de disolución pero sus administradores no acuerdan la disolución de dicha sociedad y siguen realizando operaciones con la misma a sabiendas de que dicha sociedad no debería contraer obligaciones por las razones expuestas.

Por consiguiente si una sociedad contrae una serie de obligaciones, una vez que ha concurrido una de las causas de disolución previstas en la Ley de Responsabilidad de Sociedades de Capital y se dan los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo, se podrá reclamar a los administradores de dicha sociedad, ya que estos serán los que deban responder de las obligaciones contraídas por la sociedad, debiendo responder de las deudas sociales con su propio patrimonio.

Es importante destacar que las acciones dirigidas frente a los administradores de una sociedad están sometidas a plazo.

Así el artículo 949 del Código de Comercio viene a establecer, que dicho plazo será de 4 años a contar desde que, por cualquier motivo, los socios o administradores cesaren en el ejercicio de la administración.

No obstante, el “dies a quo” para ejercitar dicha acción comenzará una vez se tenga constancia del cese de la actividad en el Registro Mercantil, en aquellos casos en el que el perjudicado se trate de tercero de buena fe. En este sentido se pronunció el Tribunal Supremo en Sentencia nº 14/2018 de 12 de enero, al manifestar que:

1.- La ley de sociedades anónimas de 17 de julio de 1951 no establecía plazo de prescripción de la acción de exigencia de responsabilidad de administrador social. Tampoco lo hacía el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989. Es jurisprudencia unánime y pacífica (sentencia 732/2013, de 19 de noviembre, y las en ella citadas), relativa a la situación legal anterior a la ley 31/2014, de 3 de diciembre, que introdujo el art´. 241 bis en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la que aplica el régimen de prescripción previsto en el art. 949 del Código de Comercio a todas las acciones de responsabilidad de los administradores basadas <<en su actividad orgánica>>. Dicho artículo 949 del Código de Comercio comporta una especialidad respecto al dies a quo del cómputo del referido plazo de cuatro años, que queda fijado en el momento del cese en el ejercicio de la administración por cualquier motivo válido para producirlo, si bien se retrasa la determinación del dies a quo a la constancia del cese en el Registro Mercantil cuando se trata de terceros de buena fe (artículos 21.1 y 22 del Código de Comercio y 9 del Reglamento del Registro Mercantil), con fundamento en que solo a partir de la inscripción registral puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del cese, dado que el legitimado para ejercitar la acción no puede partir de ese momento negar su desconocimiento”

En este mismo sentido se pronunció también el Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de septiembre de 2.018.

Por tanto, antes de ejercitar una acción frente a los administradores de una sociedad, es importante tener en consideración la fecha en la que la sociedad cesó en su actividad.

En cuanto a la competencia para conocer de las demandas dirigidas contra los administradores de una sociedad serán competentes los Juzgados de lo Mercantil, pudiendo acumularse la acción de reclamación de cantidad frente a la propia sociedad y la acción de responsabilidad de los administradores por las deudas de la sociedad.

Artículo escrito por DOLORES ESTHER RUIZ SEGURA – ALMERIA

Situación de insolvencia durante y posterior al estado de alarma.

En nuestro artículo anterior (Comenzar a preparar el postcovid) nos pasó la situación que cuando redactamos dicho artículo, el plazo de solicitud de concurso de acreedores, conforme al Real Decreto de 14 de marzo de 2020 era dos meses y con fecha de 28 de abril de 2020, se dictó un real decreto 16/2020 con entrada en vigor el mismo día que salió nuestra publicación.

Pero no hay que olvidar que con fecha de 07 de mayo de 2020, se publicó en el Boe, el Real Decreto Legislativo 1/2020 por el que se aprueba el día anterior a nuestra publicación se dictó un nuevo real decreto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, cuya entrada en vigor está prevista el próximo día 01 de septiembre de 2020.

Empezaremos hablar sobre aquellas mediadas que entraron en vigor con el RD 16/2020 en materia concursal.

Los artículos reflejados en la capítulo 2 de dicho decreto, establece una serie de medidas para agilizar los procedimientos concursales en sede judicial.

El artículo 8 del RD 16/2020 establece que durante el año siguiente desde la fecha en que se levanta el estado de alarma, el concursado puede presentar una PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CONVENIO que se en encuentre en período de cumplimiento.

Dicha solicitud deberá ser acompañado con los siguientes documentos: listado de acreedores pendientes de pago así como de aquellos que se hayan generado en el período , del cumplimiento de convenio, un nuevo plan de viabilidad y el plan de pagos.

Tanto para la tramitación del “Reconvenio” como para su aprobación se realizará conforme a lo establecido para el Convenio Originario.

En cuanto a los créditos devengados y contraídos durante el período de cumplimiento de convenio así como los créditos privilegiados a los que se le hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él , una vez aprobado , únicamente les afectará el reconvenio si votan a favor , o se adhieren al mismo.

En el caso de las solicitudes de declaración de incumplimientos de convenio, el juez trasladará al concursado de todas las realizadas dentro de los seis meses desde la declaración del estado de alarma, pero en ningún caso se admitirán su tramitación hasta que no transcurra el plazo de tres meses desde el levantamiento del estado del alarma.

Y es en esos tres meses, donde el concursado podrá presentar la propuesta de “RECONVENIO”, que se tramitará con carácter preferente a cualquier solicitud de declaración de concurso.

En el artículo 9 del RD16/2020 establece las acciones a tomar para el aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la liquidación de empresas que se encuentren en fase de cumplimiento de convenio.

Una vez que se levante el estado de alarma y durante el año siguiente, el concursado no tendrá el deber de solicitar de la fase de apertura de liquidación cuando se produzca la imposibilidad de dar cumplimiento al Convenio. No obstante, deberá presentar un propuesta de modificación de convenio y que se admita dicha propuesta.

Si dentro de los dos años desde la declaración del estado de alarma, se produce un incumplimiento del convenio o del Reconvenio, será créditos contra la masa, aquellos créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos análogos, que se hubieran concedido o derivados de garantías personales o reales constituidas a favor de este por cualquier personas.

En el artículo 10 se establece las medidas relativas a los acuerdos de refinanciación.

Y es durante el plazo de un año desde la declaración de alarma, el deudor podrá solicitar la modificación del acuerdo o para alcanzar un nuevo, aunque no hubiese aunque no hubiera transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud de homologación.

En los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes a contar desde la finalización de los seis meses.

Y en ese plazo de un mes , donde el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

Pasado los tres meses siguientes a la comunicación, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores

El artículo 11 del RD regula el deber del SOLICITAR EL CONCURSO DE ACREEDORES

Se establecen las medidas e sobre el deber de solicitar el concurso de acreedores en los términos siguientes:

  • Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia NO TENDRÁ EL DEBER DE SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE CONCURSO, haya o no comunicado al juzgado competente para la declaración de este la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.
  • Hasta el 31 de diciembre de 2020, por parte de los juzgado no admitirán a trámite solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado alarma.
  • Si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera presentando solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.
  • Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará a la Ley Concursal.

EL artículo 12 del RD de 16/2020 establece las medidas relativas a la calificación de créditos por las financiaciones y pagos realizados por personas especialmente relacionadas con el deudor concursado.

En aquellos concursos que se declaren dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de CRÉDITOS ORDINARIOS:

  • los ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por quienes, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él.
  • Aquellos en que se hubieran subrogado quienes según la ley tengan la condición de personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de este, a partir de la declaración de ese estado.

El artículo 13 de RD regula las medidas relativas a la impugnación del inventario y de la lista de acreedores.

Si la Administración Concursal aún no hubiera presentado el inventario provisional y la lista provisional de acreedores y en los que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, en los incidentes que se incoen para resolver las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores,

Los medios de prueba admisibles serán únicamente las documentales y las periciales, sin que sea necesaria la celebración de vista salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa.

La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará ALLANAMIENTO, salvo que se trate acreedores de derecho público.

Los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán acompañar necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se presenten.

El artículo 14 del RD establece las medidas para la tramitación preferente de determinados incidentes concursales.

Hasta que transcurra el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, se tramitarán con carácter preferente:

  • Los incidentes concursales en materia laboral.
  • Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo.
  • Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.
  • Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.
  • La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente.
  • La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.

Respecto a las medidas relativas a la enajenación de bienes de la masa activa a excepción de las unidades productivas se regulan el artículo 15 del RD.16/2020.

En los concursos de acreedores que se declaren dentro durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a dicha fecha, la subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, incluso aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa.

Se exceptúa de lo establecido en el apartado anterior la enajenación, en cualquier estado del concurso, del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas, que podrá realizarse bien mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realización autorizado por el juez entre los que se establece la Ley Concursal.

El artículo 16 del RD 16/2020 establece las medidas relativas a la aprobación del plan de liquidación.

Si a la finalización del estado de alarma hubieran transcurrido quince días desde que el plan de liquidación hubiera quedado expuesto en el Tablón de anuncios de la oficina del juzgado, el Juez deberá dictar auto de inmediato, en el que, según estime conveniente para el interés del concurso, aprobará el plan de liquidación, introduciendo en él las modificaciones que estime necesarias u oportunas o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.

Pero si a la finalización de la vigencia del estado de alarma el plan de liquidación presentado por la Administración Concursal aún no estuviera expuesto, el Letrado de la administración de justicia así lo acordará de inmediato y, una vez transcurrido el plazo legal para formular observaciones o propuestas de modificación, lo pondrá en conocimiento del Juez del concurso para que proceda conforme a lo establecido en el apartado anterior.

El artículo 17 del Real Decreto establece las medidas relativas a la agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos.

Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, y lo deberá comunicar al juzgado.

El artículo 18 del RD establece aquellas medidas relativas a la suspensión de la causa de disolución por pérdidas.

A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020.

Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto-ley.

La Disposición transitoria segunda del RD 16/2020 regula medidas relativas al concurso necesario y la apertura de la fase de liquidación a solicitud de deudor y/o acreedores por imposibilidad de cumplimiento del convenio durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor del real decreto.

En el caso que durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley se hubiera presentado alguna solicitud de concurso necesario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 11.2.

Si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley, algún deudor hubiera presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación ante la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio, el Juez no proveerá sobre la misma si el deudor presentara propuesta de modificación del convenio conforme a las disposiciones del presente real decreto-ley.

Si en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley algún acreedor hubiera presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación o de declaración de incumplimiento de convenio, se aplicará lo dispuesto en los artículos 8 y 9.

Y como ya hemos dicho al principio, con fecha de 07 de mayo de 2020, se ha publicado el NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL y en vigor el 1 de septiembre de 2020.

No obstante convivirán con aquellas medidas de agilización de la justicia dictadas en el Real Decreto de fecha 16/2020 derivados del Estado de Alarma.

Las novedades que establece el TRLC son las siguientes:

El artículo 2.3 de TRLC define el concepto de insolvencia ya sea actual como inminente.

Se encuentra en estado de insolvencia actual el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones”.

Otra diferencia la solicitud de concurso necesario regulado en el artículo 2.4 TRLC. Que se presenta a instancia de cualquier acreedor concurriendo los siguientes extremos:

  • La existencia de una previa declaración judicial o administrativa de insolvencia del deudor, siempre que sea firme.
  • La existencia de un título por el cual se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio sin que del embargo hubieran resultado bienes libres conocidos bastantes para el pago.
  • La existencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.
  • El sobreseimiento generalizado en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
  • El sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; el de las cuotas de la seguridad social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período, o el de los salarios e indemnizaciones a los trabajadores y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
  • El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

Se elimina el artículo 5.bis Ley Concursal relativo a la comunicación de negociaciones y se crea el Libro Segundo “Del derecho preconcursal”.

Esto es importante porque en la nueva redacción se ha excluido la consideración de que los bienes tienen que ser “necesarios para la continuidad de la actividad” cuando se pretende alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

Es decir, no se permiten las ejecuciones de ningún tipo, si el objeto del preconcurso es obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o un acuerdo de refinanciación.

Respecto a las competencias del juez del concurso, se amplía la competencia del juez para examinar las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores así como la acumulación de concursos.

En el supuesto de que se haya presentado varias solicitudes, corresponder la tramitación ante del juzgado que haya conocido de la la primera solicitud.

Corresponde al juez del concurso declarar el carácter no necesario de un bien o derecho para poder continuar con las ejecuciones en materia laboral en las que el embargo fuese anterior a la declaración de concurso; así como de las ejecuciones administrativas cuya diligencia de embargo fuera anterior a la declaración de concurso.

Lo que se obtenga con la ejecución singular de bienes o derechos no necesarios para la continuación de la actividad se destinará al pago del crédito relativo a la ejecución. En caso de haber sobrante éste se integrará en la masa activa.

Se podrá compensar cantidades siempre y cuando sean originados en la misma relación jurídica.

El juez tendrá la competencia de resolución del contrato en interés del concurso frente a cualquier contrato con obligaciones recíprocas.

Asimismo la AC está facultada para poder rehabilitar aquellos contratos de financiación, sin perjuicio de las limitaciones a los supuestos de vencimiento anticipado por impago de cuotas o intereses anteriores a los 3 meses de la declaración de concurso.

Como novedad se incluye el concepto de unidad productiva en su artículo 200.2: “conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria”.

Asimismo se simplica la sucesión empresarial tras la venta de unidad productiva, regulando expresamente en el artículo 221 de la TRLC, en dicho artículo estable que la competencia exclusiva le corresponde al juez del concurso , que determinará los efectos sobre los créditos pendientes de pago. En cuanto a los créditos laborales y de la Seguridad Social, la sucesión de empresa queda limitada a los contratos de los trabajadores en los que el comprador de la unidad productiva se subrogue.

En cuanto a las novedades de la Fase de Convenio:

El juez no podrá modificar el contenido del convenio, salvo para la subsanación de errores materiales o de cálculo. Expresamente se estipula que la sentencia deberá contener el texto íntegro del convenio aprobado.

Se aclara que el contenido del convenio es vinculante para el deudor y los acreedores, con independencia de que los acreedores no hubiesen votado a favor del convenio.

Por lo que respecta a los acreedores privilegiados especiales afectados por el convenio, se les permite el inicio o reanudación de las ejecuciones separadas una vez firme el auto de declaración de incumplimiento.

En cuanto a la Fase de liquidación, nos encontramos:

El 417.1 TRLC, incluye que el plan de liquidación deberá responder al interés del concurso y “a la más adecuada satisfacción de los acreedores”.

También la AC podrá solicitar la modificación del plan de liquidación aprobado, en cualquier momento, si se considera conveniente para el interés del concurso y la más rápida satisfacción de los acreedores.

Respecto a la Fase de calificación del concurso:

La facultad para determinar la calificación del concursal corresponde tanto a la AC como al Ministerio Fiscal. Los acreedores y demás interesados podrán alegar lo que consideren relevante para que se pueda fundar la calificación como culpable.

En relación Conclusión del concurso:

Se ha añadido como causa de conclusión del concurso en caso de que pueda constatarse que solamente existe un único acreedor.

En cuanto a la exoneración del pasivo insatisfecho:

Se han simplificado los requisitos exigidos para solicitar el BEPI (arts. 487 y 488), se ha eliminado el requisito alternativo 5º del antiguo artículo 178 bis.

Se indica expresamente que el BEPI no se extiende a los créditos de derecho público ni a los derivados de alimentos.

Se permite la concesión de la exoneración definitiva al deudor que, habiendo incumplido el plan de pagos, hubiera dedicado al menos la mitad de sus ingresos a su cumplimiento durante los 5 años siguientes a la concesión del BEPI; o bien, el 25% de sus ingresos en casos de especial vulnerabilidad.

  • Acuerdos de refinanciación

En el caso de alcanzar un acuerdo de refinanciación con capitalización de créditos, los acreedores podrán optar por la conversión de su crédito en capital o quita.

Es posible que el contenido de un acuerdo de refinanciación sea la cesión de bienes o derechos a los acreedores para el pago de sus créditos.

Cuando el auto de homologación del acuerdo de financiación sea firme, el juez deberá cancelar de oficio los embargos de los créditos afectados por la homologación, así como la finalización de las ejecuciones singulares paralizadas.

Se extiende el régimen de incumplimiento de acuerdos de refinanciación. Si se declara incumplido el acuerdo de refinanciación, supondrá la resolución del mismo y la desaparición de los efectos sobre los créditos.

Y por último , respecto al concurso consecutivo:

El art. 695 TRLC amplía los supuestos de consideración de concurso consecutivo.

Se concibe como aquel concurso como el que sigue a un acuerdo extrajudicial de pagos, sino también como el procedimiento que puede seguir a un acuerdo de refinanciación, estableciendo normas comunes y normas específicas para cada caso.

Artículo escrito por TESARAY ASOCIADOS – PALENCIA Y VALLADOLID

El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho para el deudor persona natural

Comentario del art. 178 bis de la Ley Concursal. (Primera parte).

Según la estadística del procedimiento concursal, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en el cuarto trimestre de 2019 se declararon en nuestro país 699 concursos de persona física sin actividad empresarial, con un aumento en variación anual de un 19 por ciento.

La emergencia económica creada por la pandemia del coronavirus, seguro que va a provocar un crecimiento exponencial de los concursos consecutivos de acreedores de persona natural, cuyo conocimiento corresponde para las personas físicas no empresarias a los Juzgados de Primera Instancia (art. 85. 6 LOPJ), desde el día 1 de octubre de 2015.

Por el contrario, si se trata de una persona física que ejerce en nombre propio una actividad económica (empresarial o profesional), será considerada empresario y el conocimiento de su concurso de acreedores corresponderá a los Juzgados de lo Mercantil.

Son muchas las personas que nos preguntan por el mecanismo de la segunda oportunidad, y sobre todo por el “perdón de las deudas”. Conviene aclarar desde un primer momento que todos los deudores personas físicas, sean o no empresarios, pueden solicitar dicha condonación.

El perdón de las deudas, en términos coloquiales, se corresponde jurídicamente con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, regulado en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, cuyo redactado actual procede del art. 1 apartado 1 número 2 de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, vigente desde el 30 de julio de 2015.

Con esta nota me propongo resumir a grandes rasgos los presupuestos y requisitos necesarios para poder llegar a conseguir dicho beneficio, que se podrá obtener del juez que tramite el concurso, a petición del deudor.

En primer lugar existe un presupuesto recogido en el apartado 1 del artículo 178 bis: el concursado debe ser una persona natural y es necesario que se haya concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa. El ámbito subjetivo recae en todo deudor persona natural, sin distinguir si es o no empresario, por lo que abarca a toda persona natural, siendo independiente que ejerza o no un actividad empresarial. Quedan excluidas las personas jurídicas.

Además, dicho deudor ha de someterse de modo necesario al sacrificio consistente en la liquidación total de su patrimonio dentro del trámite del concurso. Téngase en cuenta que la condonación también puede solicitarse en supuesto de insuficiencia de la masa activa, una vez declarado el concurso.

Además del citado presupuesto, la ley exige una serie de requisitos que se recogen en el apartado 3 del artículo 178 bis.

El deudor debe ser de buena fe. Se entenderá que concurre buena fe en el deudor, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1º.- Que su concurso no haya sido declarado culpable. Por tanto el concurso consecutivo debe ser declarado fortuito. Se deja únicamente a salvo el supuesto de concurso culpable, por retraso en la solicitud de concurso, siempre que no se aprecie dolo o culpa grave del deudor.

2º.- Que en los diez años anteriores a la declaración de concurso, el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. De existir un proceso penal pendiente, el juez deberá suspender la decisión sobre la exoneración hasta que exista sentencia firme.

El deudor debe haber celebrado o, al menos intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. El deudor persona natural tiene que haber promovido el acuerdo extrajudicial de pagos, regulado en los artículos 231 a 242 bis de la Ley Concursal, y que el mismo haya fracasado por imposibilidad de acuerdo con los acreedores o bien por su incumplimiento, lo que provocará la presentación en el juzgado del concurso consecutivo del deudor. La práctica nos advierte del fracaso de los acuerdos extrajudiciales de pago, en muchos casos por incomparecencia de los acreedores a la reunión convocada por el mediador concursal.

La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 13 de marzo de 2019 (Roj: STS 897/2019), Ponente Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo, ha interpretado que debe haber “un intento efectivo de acuerdo. Esto es, que hubiera habido una propuesta real a los acreedores, al margen de que no fuera aceptada por ellos”. No se puede ofrecer a los acreedores una quita del 100 % de sus créditos.

Cumplido el presupuesto y los anteriores requisitos, existen dos vías alternativas distintas para la exoneración del pasivo insatisfecho, puesto que la condonación puede ser inmediata, o se puede conseguir en el plazo de cinco años, a través de la aprobación judicial de un plan de pagos propuesto por el deudor.

La finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad, mediante la condonación plena de las deudas, lo que puede conseguirse por dos caminos distintos. Si fracasa una vía, puede optarse por la otra.

La exoneración inmediata. Se trata de una exoneración definitiva, siempre dejando a salvo su posible revocación, que opera de modo automático, mediante el pago por parte del deudor en concurso de un determinado umbral de pasivo.

El ordinal 4º del precepto recoge los requisitos propios de esta vía: se deben haber satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados, y si no se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento de los créditos concursales calificados como ordinarios.

Por esta vía se consigue la exoneración de todas las deudas pendientes no satisfechas con la liquidación concursal, entendiendo por tales, todos los créditos ordinarios y subordinados, que existan en el momento de concederse el beneficio. Debe quedar claro que los créditos contra la masa y los privilegiados deberán pagarse en su totalidad.

Cabe destacar que el crédito público que exista y se clasifique como ordinario o subordinado queda dentro de la exoneración, salvo que el deudor no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, ya que en este caso, el concursado deberá abonar además el 25 por ciento del crédito público ordinario, como requisito adicional para poder obtener la exoneración inmediata.

La exoneración diferida por la sujeción a un plan de pagos del artículo 178 bis.3.5º de la Ley Concursal. Por esta vía el concursado solicita la condonación no de forma inmediata, sino a través de la sujeción a un plan de pagos. La condonación se concede inicialmente por el Juzgado de modo provisional, y una vez transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos, ya sea por ejecución completa o por haber realizado el deudor un “esfuerzo sustancial para ello”, se dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo no satisfecho en el concurso.

La regulación de esta vía se encuentra en el ordinal 5º del apartado 3º del art. 178 bis, y también en los apartados 5 y 6 del mismo artículo.

Esta vía, que concede más plazo al deudor para pagar aquellos créditos sobre los que no cabe exoneración, cuenta con unos requisitos propios:

1.- El deudor debe aceptar someterse al plan de pagos recogido en el apartado 6 del mismo artículo.

2.- No tiene que haber incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y con la administración concursal del artículo 42 de la LC.

3.- No debe haber obtenido este mismo beneficio dentro de los últimos diez años.

4.- No debe haber rechazado dentro de los últimos cuatro años anteriores a la declaración el concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

5.- Debe aceptar de forma expresa en la solicitud de condonación, que la obtención del beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años.

En esta segunda vía se distinguen tres fases: la exoneración provisional, el plan de pagos y la exoneración definitiva.

La exoneración provisional alcanza a todos los créditos ordinarios y subordinados, e incluso a los no comunicados, con excepción de los de derecho público y alimentos.

El plan de pagos consiste en la fijación de un calendario de abono de los créditos sobre los que no cabe la exoneración (los créditos contra la masa y los créditos privilegiados), en un plazo máximo de cinco años.

La propuesta de plan de pagos debe presentarse por el deudor, y oídas las partes por el plazo de 10 días, será aprobada por el juez en los términos que hubiera sido presentado o con las modificaciones que estime oportunas.

La Sentencia dictada por el Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 2 de julio de 2019 (Roj: STS 2253/2019), teniendo otra vez como Ponente a D. Ignacio Sancho Gargallo, ha aclarado la contradicción existente en el último párrafo del apartado 6 del precepto, que podía hacer ineficaz la finalidad de la norma. El último párrafo del apartado 6 del precepto señala que: “Respecto de los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica”.

Dicha Sentencia salva la polémica cuestión, interpretando que “aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público. Aquellos mecanismos administrativos para la condonación y aplazamiento de pago carecen de sentido en una situación concursal”.

Transcurrido el plazo para el cumplimiento del plan de pagos, sin que se haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la condonación del pasivo no satisfecho en el concurso.

Puede ocurrir que el deudor no pueda cumplir en su integridad con el plan de pagos. En este supuesto se le podrá conceder el beneficio de forma excepcional, siempre atendidas las circunstancias del caso, si el deudor se ha esforzado en cumplirlo.

Se ha señalado que las circunstancias pueden ser personales o familiares, relacionadas con el acceso o rechazo al empleo, o con su comportamiento económico dentro del plazo.

En cuanto al esfuerzo, no se le podrá exigir un esfuerzo que supere la mitad, o bien la cuarta parte de los ingresos embargables. La cuarta parte cuando concurran en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1 letras a) y b) del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

En aras a la brevedad y a una mejor comprensión, prefiero preparar una segunda parte de la nota, en la que trataré de resumir la tramitación de la solicitud, la posible revocación del beneficio y los efectos comunes a ambas vías de condonación.

Como se puede apreciar, el camino para poder solicitar y conseguir la condonación de la deuda por los deudores personas físicas no es ágil ni sencillo, pero la práctica nos está demostrando que contamos con un instrumento legal, que está funcionando y que permite dar salida a muchas situaciones de sobreendeudamiento.

En el día de hoy, 7 de mayo de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que entrará en vigor el próximo día 1 de septiembre de 2020.

La regulación actual contenida en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, quedará derogada, pasando el beneficio a ser regulado en los artículos 486 a 502 del texto refundido.

Por tanto, un único artículo, muy farragoso, pasa a convertirse en diecisiete artículos. La regulación de fondo de la institución no varía, pero con la nueva sistemática se gana en claridad e inteligibilidad.

Artículo escrito por MERCADÉ ABOGADOS – LLEIDA