Las sanciones derivadas de las infracciones del R.D. 463/2020 de 14 de marzo

Desde que fue declarado el estado de alarma el día 14 de marzo mediante el R.D. 463/2020, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria del COVID-19, los ciudadanos nos hemos visto sometidos al confinamiento en nuestros hogares, así como a la limitación de desplazamientos en los términos del artículo séptimo del Real Decreto citado y a las Órdenes explicativas de casuística concreta. Pasamos a ver el Precepto referido:

Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.

1. Durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, así como adquisición de otros productos y prestación de servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.”

En caso de haber infringido esta disposición que limita la libre circulación de personas, muchos ciudadanos habrán sido amonestados mediante denuncia por un agente de la autoridad, que, en la mayoría de las ocasiones, acaba en sanción acordada mediante procedimiento administrativo regulado, regulada en Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En lo que se refiere al esqueleto del procedimiento, se está a lo establecido por las especialidades de la LO 4/2015, de conformidad con lo dispuesto en su art. 44.  No obstante, el precepto 54 del mismo Cuerpo legal, dispone la posibilidad de acogerse al Procedimiento Abreviado y atenerse al pago voluntario en el plazo de 15 días con un 50% de descuento en el importe de la sanción, siempre y cuando no se trate de infracciones muy graves.

Sin embargo, si bien estos mandatos han podido ser más respetados por unos que por otros, pero lo cierto, es que las dudas que suscita la constitucionalidad del Real Decreto y sus disposiciones, es manifiesta, y, por ende, las sanciones impuestas a aquéllos que en principio las han venido incumpliendo, teniendo la posibilidad de recurrirlas.

Y es que, a un margen de que tengan cabida las correspondientes alegaciones contra el fundamento de la sanción, acompañadas de los medios probatorios debidos en aras de justificar la infracción de los dispuesto por el R.D. 463/2020, o incluso, la inexistencia de la misma, cabe la posibilidad de invocar la inconstitucionalidad de estas sanciones en base a que:

  1. El Gobierno debería haber declarado, en cualquier caso, un estado de excepción, en contraposición con el estado de alarma en el que los españoles nos encontramos.
  2. El R.D. establece ciertas suspensiones a la libertad  de  deambulación,  no  previstas  en la  ley Orgánica 4/1081 – que como veremos desarrolla los estados de alarma, excepción y sitio-,  sin que  dicho  Decreto  sea una  Ley  Orgánica además de que ésta se define en  el  artículo  81 CE como “la  relativa  al  desarrollo de los  derechos fundamentales  y  de las libertades  públicas”, y, por  consiguiente, cualquier  limitación  del  derecho  de  circulación  de las personas, que,  de  facto,  suponga una  suspensión del  derecho  de  deambulación, debe  articularse  a  través  de una  norma  jurídica que  tenga  el carácter  de  Ley Orgánica.

Para ello, tomamos como referencia el artículo 116 de la Constitución Española, que señala que “Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. (…)”, así comodescribe las características de cada una de estas tres situaciones.

A partir de este precepto, enumerados las incongruencias del R.D. que harían lo dispuesto por éste inconstitucional:

  1. Art. 55.1 Constitución Española:

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, – derecho a la libertad-; 18, apartados 2 y 3, – inviolabilidad del domicilio y la garantía del secreto de comunicaciones-; artículos 19, – libertad de residencia y de circulación por el territorio nacional-; 20, apartados 1, a) y d), y 5, – reconocimiento  y protección de  derechos de libertad  de  expresión, entre otros-; artículos 21 – derecho de reunión-; 28, apartado 2, – derecho de huelga-; y artículo 37, apartado 2, – reconocimiento del  derecho  de   los trabajadores y  empresarios  a  adoptar medidas  de conflicto colectivo-; podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.”

  • En una correcta interpretación del anterior artículo de nuestra Carta Magna, observamos que ciertos derechos SÓLO pueden ser suspendidos en los  casos  de los  estados   de  “excepción” y  de  “sitio”,  pero nunca  en  el supuesto  del  “estado  de  alarma”.
  1. Art. 11  de la Ley Orgánica  4/1981:

(…) el  decreto de  declaración del  estado  de  alarma, o los  sucesivos que durante su  vigencia  se  dicten,  podrán acordar las medidas siguientes:

  1. a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.(…)”.
  • Apuntamos que no es lo mismo “limitar” que “suspender”, según la RAE, puesto que “limitar” significa fijar la extensión que pueden tener los derechos y facultades de alguien, pero no significa suspender dichos derechos y facultades. Al contrario de lo que ocurre con el Art. 13 de la misma Ley Orgánica cuando regula el estado de excepción, que SÍ determina sus efectos con mención expresa de los derechos cuya suspensión se (…)”.
  • En este sentido, tenemos los artículos 20, 26 y 28 de la meritada Ley Orgánica, cuyos derechos se ven suspendidos y lo hacen en la esfera de un estado de excepción, no de alarma.

Como consecuencia de ello, los derechos y libertades constitucionales afectados por la declaración del estado de alarma y, por tanto, las sanciones por cuya infracción serían recurribles serían entre otros, los siguientes:

  • Libertad de culto (art. 16.1 CE).
  • Libertad de circulación o deambulación (art. 19 CE).
  • Derecho de reunión (art. 21 CE).
  • Derecho a la huelga (art. 18.2 CE).
  • Derecho de propiedad (art. 33 CE).
  • Derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37.2 CE).

Artículo escrito por OLAVARRÍA ASOCIADOS – SEGOVIA Y GUADALAJARA

Intimidad, Redes Sociales y consecuencias penales del envío de determinados contenidos

INTIMIDAD, REDES SOCIALES Y CONSECUENCIAS PENALES DEL USO DE DETERMINADOS CONTENIDOS TRANSMITIDO POR APLICACIONES DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA: COMENTARIOS A LA SENTENCIA DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚMERO 70/2020 DE 24 DE FEBRERO

El avance de la tecnología es irrefrenable es algo conocido por todos, abriendo nuevos campos donde las implicaciones legales de su uso no puede ser ajeno a ningún Ordenamiento Jurídico moderno y democrático que tiene consagrado el Estado de Derecho como pilar de su funcionamiento. Este es el caso de nuestro país, el cual lógicamente ha ido reaccionando a través de la actividad legislativa correspondiente frente a esos retos que los nuevos avances científicos y tecnológicos presentan a diario y en todo orden de la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente.
Uno de los ámbitos donde más controversias se ha suscitado en los últimos tiempos es la determinación del alcance de la responsabilidad por el envío, reenvío y recepción de determinado material audiovisual, imágenes o sonido que circula a través de determinadas plataforma o redes sociales, especialmente en lo que se refiere a mensajería instantánea entre particulares esencialmente, a través de diversas aplicaciones como la célebre Whatsapp, aunque no es la única.
Como decimos, a través de estas plataformas se intercambia numerosos archivos, muchos de ellos con contenido altamente delicados, afectando a veces al honor, la intimidad, la propia imagen de quienes aparecen de alguna forma reconocible en dichos documentos gráficos, sea en forma de video o sea en forma de imagen. Y ante ese uso, ante esa distribución, ante ese intercambio de archivos, el Ordenamiento Jurídico se ha visto retado ante la necesidad de proteger bienes jurídicos como la intimidad o el honor y la propia imagen de los afectados por el uso inconsentido o inapropiado de la información intercambiada.

Uno de los primero problemas de los que se ocupó nuestros tribunales fue el uso de las imágenes íntimas de una persona que había enviado de forma voluntaria a su pareja entonces, acabando siendo difundida a terceros ajenos a la relación y en contra de la voluntad de la persona cuya imagen se desvelaba en situación explícitamente íntima. Un asunto que alcanzó un alto nivel de notoriedad pública que tras no encontrar una solución tuitiva de los derechos afectados, posibilitó el impulso de una reforma legal que intentase solventar cuestiones como esta y otras muchas más, lo que se tradujo en la Ley Orgánica 1/2015, 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Tal reforma introdujo el artículo 197.7 de dicho cuerpo normativo establecido en sede del delito de descubrimiento y revelación de secreto, cuya dicción es la siguiente: Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. Y la interpretación de este precepto es precisamente lo que ha sido objeto de la Sentencia que comentamos en el presente artículo.
Los hechos probados son en esencia que el acusado que mantuvo una relación de amistad con la víctima, envió un foto a un tercero, pareja de la víctima, donde esta aparece desnuda, desde su dispositivo móvil tras haber recibido previamente dicha foto de la propia afectada. En definitiva, la víctima mandó a su amigo una foto de carácter íntimo y el acusado la reenvió a un tercero, que resulta ser la pareja actual de la ofendida. Tras la tramitación oportuna el Juzgado de lo Penal n° 21 de Madrid condena al acusado, recurriendo ante la Audiencia Provincial de Madrid, que en sentencia núm. 580/18 dictada por la Sección 15ª de la misma, desestimó el recurso del acusado, confirmando la condena, siendo que frente a la misma interpuso recurso de casación por infracción del artículo 197.7º del CP, sometiéndose a votación y fallo por el Alto Tribunal el 4 de febrero del presente año, que finalizó con la desestimación del recurso y confirmando la condena al acusado, por las razones que a continuación se van a exponer.

En primer lugar hay que destacar que la defensa solicitaba la estimación del recurso en esencia por dos ideas. En primer lugar, por entender que los hechos probados no se subsumen en el tipo dado que entienden que no se obtuvo la fotografía de Joaquina en su propio domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros como defienden que dice el tenor del precepto, sino que fue la propia afectada la que se puso en riesgo al enviar la fotografía al denunciado. Y por otro lado, también considera que la exigencia de difusión a la que hace referencia el artículo 197.7 del CP no se habría producido en el presente caso puesto que la tesis de la defensa es que esa difusión requiere que se envíe a una pluralidad, mientras que en el presente caso sólo se envió a un único tercero. Finalmente consideran que es motivo de estimación del recurso que tampoco se haya provocado grave menoscabo de la intimida puesto que se razona que la imagen es “un mero desnudo tomado por la propia denunciante, al parecer, ante el espejo de su habitación, carente en absoluto de cualquier connotación sexual o meramente provocativo”, equiparando dicho compartiendo a otros habituales que pueden verse en otros ámbitos como piscinas o playas.
Frente a esa tesis de la defensa, que sin duda puede considerarse con una interpretación gramatical del precepto, como merecedora de una duda razonable sobre el alcance penal del acto y por lo tanto pudiera merecer la estimación del recurso, en virtud del principio in dubio pro reo como garantía constitucionalmente consagrada como integrante de la presunción de inocencia que inspira nuestro Ordenamiento Jurídico, como decimos, frente a esa tesis de la defensa, se alza el Tribunal Supremo para desestimar el recurso, recordando la incorporación de dicho delito a través de la mencionada reforma del Código Penal, explicando que la misma pretende acabar con un vacío de impunidad (como sucedió en el famoso caso de la concejal de Yébenes), en casos de sexting o revenge porn, tal y como sucede en el caso que analizamos. Tras una serie de consideraciones, el Alto Tribunal razona respecto al precepto que 197.7 “alude a contenidos cuya divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal” y destaca que la esfera o el ámbito sexual desde luego es afectado por este tipo de situaciones. Es cierto que el propio Juzgador reconoce la difícil interpretación del precepto por lo que considera una deficiente técnica legislativa en su redacción, lo cual podemos compartir puesto que entendemos que el precepto presenta una oscuridad que complica la interpretación que permite identificar los elementos del tipo con toda precisión que el principio de tipicidad requiere en la materia penal.

Precisamente esta dificultad interpretativa, reconocida por el propio Tribunal Supremo hizo que se tuviera que analizar hasta con profusión la conducta fundamental del tipo delictivo concluyendo el Tribunal que la misma básicamente se produce por difundir imágenes obtenidas con el consentimiento de la víctima en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, lo que obliga a interpretar en primer lugar el alcance del término obtener, concluyéndose que además requiere que esa obtención cuente con el consentimiento o aquiescencia de la víctima, con independencia de que su procedencia pueda provenir de diversas tipos de fuentes. Y a continuación establece una cuestión que nos parece fundamental, dado que el Tribunal Supremo establece que la propia recepción del correspondiente archivo o imagen constituye un caso de obtención de la que habla el tipo delictivo, cuando es emitida voluntariamente por la víctima, como en el caso en cuestión y pudiendo emplearse cualquier medio convencional pero también a través de programas de mensajería instantánea como sucedió en el caso enjuiciado. Así pues, lo primero que aclara el Tribunal Supremo es el alcance de la obtención del archivo que abarca al mero receptor, haciéndose eco de una definición gramatical del término obtener como sinónimo de alcanzar, conseguir, lograr algo, tener, conservar y mantener, lo que a nuestro juicio no culmina la exigencia del ilícito, dado que es claro que en este caso dicha obtención pudo ser de forma no intencionada dado que un mero receptor de imágenes por mensajería instantánea puede no tener constancia del alcance de su contenido hasta el momento de su recepción y visualización, por lo que entendemos que la obtención ahí puede llegar a ser ajena a cualquier acto voluntario, con la salvedad de la aceptación de la recepción, pero como decimos, con el posible desconocimiento del contenido de dicho archivo, por lo que no podemos compartir esa definición de obtención que el Tribunal Supremo da para interpretar desde la perspectiva de la tipicidad al concepto de obtener, pero como posteriormente se dirá, la acción típica no se centrará en dicha actividad, sino en la difusión. Y en cuanto a esto último, el propio Tribunal Supremo alcanza a concluir que esto se produce con el mero hecho de mandarlo a una sola persona, y razona creemos de forma impecable cuando concluye que el requisito de la difusión quedó cumplido cuando, sin autorización de la afectada, se inició la cadena de difusión, siendo indiferente que la imagen sea remitida a una o más personas. Resulta contrario a las reglas de la lógica y a la intención del legislador, la exigencia de una difusión masiva en redes sociales de uso generalizado o la difusión simultánea a más de una persona por parte del receptor de las imágenes. Por lo tanto, ha establecido claramente el Alto Tribunal que el delito se consuma desde que se produce esa primera difusión inconsentida aunque se dirija a persona concreta y única, no exigiéndose a raíz de lo ahí razonado que para apreciar el delito tenga que producirse una difusión masiva, lo cual obedece en buena lógica a precisamente evitar que esta práctica pueda generalizarse al bastar con la primera difusión de la persona receptora consentida del archivo o imagen a un tercero que no debía acceder a dicho material.

Por otro lado, el propio Alto Tribunal entra a interpretar el requisito de la obtención de las imágenes en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, considerando que como tal no se establece una limitación al domicilio puesto que de lo contrario, se dice en la sentencia se limitaría injustificadamente el elemento del tipo. Lo cierto es que en la propia resolución se reconoce que la redacción pésima del precepto puede concluir otro tipo de interpretación, siquiera lo que el TS denomina interpretación microliteral, lo que en sí mismo puede poner en jaque que la conducta enjuiciada pueda estar comprendida en el tipo delictivo del art. 197.7 del CP, por lo que el Alto Tribunal sale al paso manifestando que es necesario interpretar la referida expresión de forma que se refuerce la idea de la quiebra de la intimidad so pena de generar determinados espacios de impunidad, por lo que entiende que ha de interpretarse de forma que extienda el ámbito de protección a otras esferas de privacidad que exceda el omnicomprensivo concepto de domicilio. En este caso, entendemos que podríamos compartir esta interpretación puesto que se hablar de otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, que ya excede del propio domicilio y que como bien ejemplifica el Alto Tribunal puede ser por ejemplo, un hotel.
Así pues, para ir definiendo el tipo delictivo, concluye por lo tanto, el Alto Tribunal que El núcleo de la acción típica consiste, no en obtener sino en difundirlas imágenes -obtenidas con la aquiescencia de la víctima- y que afecten gravemente a su intimidad, para lo que entiende es necesario excluir a terceros ajenos al círculo de confianza, lo que es comprensible dado que de lo contrario, no podría entenderse bien la exigencia de la aquiescencia de la víctima y una recta interpretación del precepto obliga a que sólo la víctima y la persona que en confianza obtiene la imagen o archivo constituyen el núcleo de relación de la que parte el artículo 197.7 del CP, de tal suerte que la difusión por terceros ajenos a la relación del contenido previamente recibido, queda excluida del reproche penal, importante precisión la que hace el Tribunal Supremo que entendemos obedece a la redacción poco clara del precepto lo que va a provocar por su desafortunada dicción que la reprochable conducta de redifundir dicho contenido quede impune penalmente porque el legislador bien no lo ha querido penalizar o bien es fruto de una torpe técnica legislativa, de la que el propio Alto Tribunal se ha quejado en cuanto al propio precepto a lo largo de la Sentencia.

También tiene especial importancia a nuestro entender, que el propio Tribunal Supremo haya identificado claramente al sujeto activo en esta modalidad delictiva, si bien lo hace con apoyo en palabras del Ministerio Fiscal siguiendo el criterio que este tiene en la Circular de la Fiscalía General del Estado 3/2017. Así, el Alto Tribunal concluye que es dicho sujeto a quien le es remitida voluntariamente la imagen o grabación audiovisual y posteriormente, sin el consentimiento del emisor, quebrantando la confianza en él depositada, la reenvía a terceros, habitualmente con fines sexistas, discriminatorios o de venganza. Sin embargo, nos merece un breve comentario de dos aspectos. En primer lugar, se habla de quebrantar la confianza en él depositada, lo cual puede entenderse algo redundante desde la perspectiva que el elemento del tipo exige que no haya consentimiento del emisor, o bien esto obligaría a determinar que en efecto, se ha producido dicha quiebra. Lo lógico es hacer una interpretación más sencilla y quedarnos con la primera tesis. Por otro lado, sí que nos merece más complejo que se introduzca el ánimo sexista, discriminatorio o de venganza, pues esto obligaría a determinar la motivación del sujeto activo, lo que consideramos innecesario dado que lo fundamental es el menoscabo grave de la intimidad de la persona, por lo que entendemos que aunque sea lo más común la venganza o la revancha sexual o sentimental, no podemos descartar otras motivaciones que excedan lo meramente discriminatorio, por lo que abogamos por concebir el delito sin ningún tipo de ánimo en el sujeto activo sino que efectivamente, se produzca el resultado previsto en el tipo delictivo previsto en el art. 197.7 del Código Penal.

Por otro lado, también nos parece digno de mencionar el razonamiento del Tribunal Supremo para descartar la tesis dela defensa sobre la puesta en riesgo de la víctima por el hecho de enviar la imagen con alto contenido de intimidad sexual. Así, razona la Sala: “Quien remite a una persona en la que confía una foto expresiva de su propia intimidad no está renunciando anticipadamente a ésta. Tampoco está sacrificando de forma irremediable su privacidad. Su gesto de confiad entrega y selectiva exposición a una persona cuya lealtad no cuestiona, no merece el castigo de la exposición al fisgoneo colectivo”. A nuestro juicio, junto con otras razones expuesta en la Sentencia, el Tribunal Supremo hace una sutil valoración de acuerdo a los usos y costumbre de nuestra sociedad, en este momento y se esté de acuerdo con dicha práctica o no de envío de ese tipo de contenido, lo esencial es defender la indemnidad de la intimidad de las partes por parte de terceros curiosos cuando además se ha accedido por la quiebra de la especial relación de confianza entre emisor y receptor. Acceder a la teoría de la asunción o exposición al riesgo sería una doble victimización de la afectada que si resulta impensable en otro tipo de delitos como los relativos a la libertad sexual, tampoco debe deslizarse peligrosamente la posibilidad de admitirse en esta modalidad delictiva.
Y finalmente, como elemento del tipo también ha establecido el Tribunal Supremo el alcance del menoscabo grave de la intimidad de la víctima. Y para ello razona: Es cierto, pero también lo es que el objeto material de este delito no se integra por imágenes o grabaciones de marcado carácter sexual. Se proyecta sobre toda manifestación de la intimidad que quiera resguardarse frente a aquellos terceros que no están incluidos en el espacio de legitimidad que otorga la anuencia de la víctima. Y de aquí podemos extraer que estamos ante dicho menoscabo que colma lo exigido para que estemos ante el delito previsto en el artículo 197.7 del Código Penal, cualquier vulneración de la intimidad de la víctima que esta excluye de la atención o mirada de terceros, no teniendo que limitarse sólo a contenido de índole sexual, pero que quizá sea como sucedió en el presente caso, el supuesto más elocuente de la invasión de esa esfera privada que el Ordenamiento Jurídico ha decidido por política legislativa, proteger para que se evite injerencias por parte de terceros a la esfera más privada y personal de las personas, recordando el Alto Tribunal que los supuestos de desnudos por muy consentido que se haya producido la imagen, el acceso no consentido de terceros a la misma es inadmisible y el reproche penal se centra en quien recibiendo tal imagen o archivo, con independencia de su soporte, en base a la confianza de la víctima, efectúa una tarea de divulgación de la misma que con carácter íntimo le afectada o afectado le había conferido en confianza, produciendo un acceso de un tercero o varios que no es admitido por la persona cuya intimidad se vulnera con la revelación del contenido que menoscaba su esfera más reservada y que de no haberse quebrantada por la interacción del sujeto activo del delito que el artículo 197.7 configura, no habría transgredido la intimidad soliviantada.

Artículo escrito por Samuel Santiago León Hernández, Abogado
Abogado 3569 Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma

¿Prision por crear o difundir bulos sobre el coronavirus?

El pasado 14 de marzo de 2020 se decretó el Estado de Alarma en toda España debido a la emergencia sanitaria que atravesamos por COVID-19, siendo la segunda vez en la historia de nuestra democracia que se decreta.

El Estado de Alarma es una situación extraordinaria regulada en la Constitución Española, en su artículo 116, y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio de Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

Desde entonces, son numerosos los bulos que circulan en la red con ocasión de la pandemia global que atravesamos. Pero, ¿tan grave es esta conducta?

Los bulos o rumores falsos suelen tener origen en personas que crean una historia fraudulenta y la propagan, provocando una desinformación masiva que puede, incluso, en algunas situaciones, perjudicar de gravedad a las víctimas, como ha ocurrido en otros países, en los que han fallecido personas por aplicar remedios falsos contra el coronavirus (caso de Irán, 300 fallecidos por ingerir un falso remedio contra el coronavirus).

Existe una creencia bastante extendida en la sociedad de que compartir o crear bulos libremente no tiene consecuencias, pero no es verdad, la mayoría de las personas llevan a su enemigo en el bolsillo, las redes son muy útiles para estar informados, pero también son un hervidero de desinformación, la mayoría de las personas no contrastan la información que les llega, y siguen compartiéndola, y ante estas situaciones, la Ley puede dar más de una sorpresa.

Simular una situación de peligro para generar temor y alarma social, incitar al odio, alterar la paz pública o dañar el honor de alguien son delitos que pueden ser castigados con penas de prisión de hasta cuatro años.

Desde el punto de vista jurídico, no existe un delito concreto que recoja la conducta de crear o difundir bulos, no obstante, y como ya se ha mencionado más arriba, son varios los delitos que se pueden cometer si realizamos esta conducta. El más común es el DELITO DE FALSA ALARMA O SIMULACIÓN DE PELIGRO, recogido en el articulo 561 del Código Penal, y que prevé una pena de prisión de hasta un año o una pena de multa de hasta 18 meses, para quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento.

Los DELITOS CONTRA EL HONOR también pueden entrar en juego cuando el bulo afecta de forma más concreta a personas o empresas, por desprestigiarlas, o dañar la honorabilidad de alguien, mediante la injuria y la calumnia.

Así, las CALUMNIAS consisten en afirmar que alguien ha cometido un delito a sabiendas de que no ha sido así, solo para desprestigiarlo o provocar un daño mayor, una gran mayoría de bulos tienen este fin, causando un perjuicio a la víctima o victimas con el solo hecho de propagarse, este delito puede ser castigado con la pena de prisión de hasta dos años si se difunde en medios como imprenta, radio, o como es el caso de muchos bulos, que se propagan por diversos medios como paginas web, redes sociales, etc.

Las INJURIAS, se consideran toda expresión ejecutada con menosprecio, descrédito o deshonra de otra persona, atentando contra su reputación o contra su propia estima, al igual que la calumnia, puede llegar a castigarse con penas de multa de hasta 14 meses si se hace con publicidad, si la injuria solo consiste en insultos, solo llevara aparejada sanción cuando la persona ofendida sea un familiar directo o una autoridad.

El delito de INCITACIÓN AL ODIO puede darse cuando los bulos difundidos en las redes sociales sobre el virus promuevan o inciten al odio, discriminación o violencia, ya sea contra una persona o contra un colectivo, así, el articulo 510 del Código Penal prevé penas de prisión de hasta cuatro años, además de penas de multa, para quien realice esta conducta.

La Policía y la Guardia Civil recopilan información estos días sobre las noticias falsas y Fiscalía estudia “caso por caso” para actuar en caso de que conlleven responsabilidad civil.

¿QUÉ HAGO SI ME LLEGA UN BULO?

En primer lugar, cuando recibas una noticia por redes sociales es fundamental CONTRASTAR LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE FUENTES OFICIALES O DE CONFIANZA, desconfiando principalmente de los mensajes que animan a su renvío y de aquellos con un claro aspecto alarmante y sensacionalista. En ningún momento debemos tratar como veraz este tipo de información si desconocemos su origen.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) explican que las noticias falsas suelen tener titulares llamativos, sorprendentes o poco creíbles.

Si tienes dudas, consulta el portal habilitado por el Gobierno para toda la información relacionada con el coronavirus:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Recomendamos DENUNCIAR los bulos detectados en la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil o en la Policía Nacional. Y NO CONTINUAR CON LA CADENA de propagación de la noticia falsa.

En definitiva, crear o compartir bulos en internet y en redes sociales no solo es molesto y perjudicial, sino que puede conllevar consecuencias graves para quien lo haga.

¡NO TE CREAS TODO LO QUE VES EN INTERNET!

Artículo escrito por MARIA AGUILERA BUDIA – MALAGA