Jurisdicción Social. El Proceso Monitorio.

El proceso monitorio es concebido como un procedimiento judicial destinado a la reclamación de aquellas deudas de carácter dinerario, inferiores a 6.000€ procedentes de una relación laboral entre el trabajador y el empresario, no encontrándose éste en situación de concurso, mediante un procedimiento caracterizado por las notas de rapidez y agilidad. Este proceso se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS en adelante), en concreto en el artículo 101 de su articulado.

Para proceder a la reclamación de aquellas deudas procedentes de una relación laboral mediante dicho procedimiento resulta procedente mencionar el carácter facultativo de la defensa mediante abogado y la representación técnica efectuada por graduado social, conforme lo establecido en el artículo 21 de la presente LRJS. Otro de los aspectos caracterizadores de dicho proceso es su exención de tasa judicial alguna (según lo establecido en el artículo 4 de la ley 10/2012 para la regulación de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). Mediante este procedimiento se podrá reclamar aquellas deudas (inferiores de 6.000€) que sean vencidas, exigibles y cuya cuantía haya sido determinada siempre que esta proceda de una relación laboral. Precisando los conceptos anteriormente expuestos ha de entenderse por “vencida” aquella que pueda ser reclamada desde el mismo momento en el que se presente la solicitud por haber superado el plazo fijado previamente para su pago. El concepto “exigible” encontrándose el deudor obligado directamente al pago. Y “determinada” es decir, que se tenga conocimiento exacto de cuál es el montante al que asciende la correspondiente deuda.

Otros requisitos que afectan al proceso monitorio se centran en la obligación de poder practicar las correspondientes notificaciones al empresario por aquellos métodos previstos en el art 56 de la LRSJ o en defecto de estos métodos proceder mediante la copia de la resolución, entrega de cédula al destinatario o cualquier persona mencionada en el art 57 de esta misma ley. Determina la imposibilidad de continuar con la tramitación la no localización del deudor, determinando en estas situaciones un plazo de cuatro días para la presentación de la correspondiente demanda, en caso contrario transcurrido dicho plazo se procede al archivo de las actuaciones.

No obstante se presentan determinadas formas de reclamaciones cuya interposición constituyen un obstáculo a la hora del planteamiento de dicho proceso tales como las reclamaciones colectivas que puedan ser formuladas por la representación de los trabajadores, las que se interpongan frente a empresarios declarados en situación de concurso y aquellas interpuestas contra entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social.

La solicitud inicial deberá presentarse mediante medios telemáticos siempre que se dispongan de los medios técnicos para ello, debiendo constar en la correspondiente solicitud la identificación del empresario deudor, datos para las pertinentes comunicaciones tanto por parte del demandado como del demandante, además del detalle y correcto desglose de aquellos conceptos y cuantías que son objeto de la reclamación.

Esta solicitud ha de ser acompañada de una serie de documentos anexos que complementan y dotan de una mayor solidez a la correspondiente solicitud, tales como:

  1. Copia del pertinente contrato así como cualquier recibo de salario, comunicación del empresario.
  2. Reconocimiento de deuda o cualquier documento probatorio de la relación laboral así como de la existencia y cuantía de la deuda, de otro modo no resultará procedente la celebración de este proceso siendo necesario acudir a las instancias judiciales procedentes.
  3. Documentación que justifique la existencia de una previa mediación o conciliación si esta se encuentra dentro de los supuestos exigibles en las leyes procesales.
  4. En caso de que se trate de documentos de carácter privado será necesario que se presente el documento original junto con la correspondiente copia debidamente autenticada, ya que la presentación de una simple copia solo producirá los efectos de la original si ambas partes del procedimiento no cuestionan su validez.

La solicitud deberá presentarse con carácter general ante los registros de la oficina judicial de los correspondientes Juzgados de lo Social en cuyo territorio se hayan prestado los servicios o en el domicilio del demandado o a elección propia del demandante, si dichos servicios fueran prestados en diferentes poblaciones será el trabajador el que deberá decidir si presentarla en el juzgado de lo Social de donde radique su domicilio, donde figuró en el contrato si el demandado puede ser localizado y citado en él o en el domicilio del propio demandado.

Una vez presentada la solicitud junto con aquellos documentos requeridos en este tipo de procedimiento, el Letrado de la Administración de Justicia procederá a su correspondiente examen y procederá a declarar, en su caso, su admisión o inadmisión, le corresponde al Letrado completar los datos de identificación o aquellos datos que pudieran afectar a la situación empresarial. En caso de concurrencia de algún defecto subsanable se conocerá un plazo de cuatro días para proceder a la correspondiente subsanación, en caso de presentarse un defecto no subsanable o no procederse a la subsanación en el plazo establecido será el propio Letrado el que se dirija al Juez para que este resuelva sobre la admisión o inadmisión.

Una vez admitida a trámite se requerirá al empresario para que proceda, en el plazo de diez días, proceda al abono de la deuda objeto de reclamación o formule la pertinente oposición, alegando aquellos motivos por las que en su entendimiento no procede al pago de la cantidad reclamada. De este requerimiento se dará traslado al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en el plazo de diez días ampliables por otro periodo igual, si se manifiesta la necesidad de realización de averiguaciones sobre los hechos argumentados en la solicitud.

Tras el requerimiento de pago aparecen diversas realidades que pueden afectar a la esfera del demandante:

  • Proceder el demandado al pago voluntario debiendo éste acreditarlo ante el Juzgado para que acuerde el archivo de las correspondientes actuaciones o proceder al ingreso de la cantidad establecida en la cuenta de consignaciones del propio juzgado. No obstante el interesado podrá indicar una cuenta bancaria de su titularidad para que se proceda la correspondiente transferencia.
  • La oposición al pago, por parte del empresario o del Fondo de Garantía Salarial mediante escrito. Será el juzgado el que dará traslado del escrito al peticionario para que éste pueda proceder a la presentación, en el plazo de cuatro días, a la interposición de la correspondiente demanda. También cabe la oposición acerca de la cuantía reclamada en la que se solicitara al Juzgado que dicte la correspondiente resolución (auto), la cual servirá de título de ejecución para proceder a la solitud mediante un simple escrito sin necesidad de esperar a que se resuelva el procedimiento de las cantidades controvertidas.
  • El transcurso del plazo, sin haber procedido al pago ni la formulación de la correspondiente oposición, determina el fin del proceso monitorio mediante decreto del Letrado de la Administración de Justicia dando traslado al peticionario para que proceda a la solicitud de despacho de la ejecución. En dicha solicitud se podrá dar constancia de los bienes del demandado para que conste su conocimiento, indicando su suficiencia para la cobertura de la cantidad reclamada. El auto que se dicte para el despacho de la ejecución puede servir de título bastante para que en aquellos supuestos de insolvencia o concurso por parte del empresario.

Artículo escrito por Juan Diego Sanchez

Fuente: Ministerio de Justica. (2020)

Whatsapp, audios y conversaciones telefónicas: su aportación en el juicio.

En la actualidad, dada la proliferación de las redes sociales, y el empleo masivo de ellas, es bastante probable que la única manera que tengamos de demostrar nuestros derechos, y defender los intereses de nuestros clientes en un juicio, sea mediante una conversación de Whatsapp, un audio, o la grabación de una conversación telefónica.

Así, ante esta situación, se nos suelen plantear las siguientes preguntas: ¿puedo acudir a mi abogado para defender mis derechos si solo tengo una conversación de Whatsapp, o una llamada telefónica grabada en la que se reconoce una infracción o, incluso, la comisión de un delito?; ¿nos admitirán esta prueba en el juicio? Vamos a intentar responder a estas dudas.

En un primer momento, podemos llegar a pensar que es difícil que nos admitan estos medios de prueba, porque cualquiera podría manipularlas y que, a pesar de que el infractor haya reconocido los hechos, no podremos hacer nada. Sin embargo, estas afirmaciones son carentes de rigor jurídico, puesto que, tanto en defensa de los intereses de nuestros clientes, como por nuestro deseo de esclarecer el presunto hecho delictivo, debemos indagar.

Así, mi experiencia como letrado especializado en Derecho Penal es que no tenemos que tener ningún miedo a aportar estos medios de prueba en juicio o en el procedimiento; eso sí, tenemos que ser conscientes de que tanto los funcionarios, como la parte contraria, no nos lo va a poner fácil, y nos van a intentar atemorizar (que si “vulnera los derechos de mis clientes a su intimidad, a la presunción de inocencia y a no declararse culpables”; que “si usted pretende que yo esté todo el día escuchando una
grabación”; que “se vaya a un notario”…).

Sin embargo, ante las anteriores afirmaciones, nosotros, conociendo cuál es el medio válido de aportarlas al proceso, no tenemos que tener ningún temor, y podemos defender los intereses de nuestros clientes de una manera totalmente válida, eficaz y legal, aunque éstos sean los únicos medios de prueba que ellos nos han traído (es lo que tenemos, estas son nuestras cartas, y tenemos que jugarlas de la mejor manera posible).

En primer lugar, si nuestro medio de prueba es una conversación de Whatsapp en la que se reconoce, por ejemplo, la comisión de un delito, podemos aportarlas cumpliendo lo siguiente: debemos acudir al secretario judicial (SSTS 538/2001 de 21.3; 650/2000 de 14.9) (no al notario; después diré por qué) con el teléfono móvil en la que se haya recibido la conversación y, bien, mediante un pantallazo, bien mediante la transcripción literal de la conversación (STC 166/99, de 27 de septiembre), el secretario judicial (que es el fedatario público en los tribunales) dará fe judicial de que lo transcrito es idéntico a la conversación del terminal.

Observarán que he dicho que quien tiene que dar fe es el secretario judicial, no el notario (aunque el primero nos diga que tenemos que acudir a éste); sin embargo, si acudimos a un notario para que recoja mediante testimonio o acta notarial una conversación transcrita de Whatsapp en la que se pudiera reconocer un delito, o cualquier otra infracción, éste se va a negar, puesto que entre la labor notarial no se
encuentra la de dar fe de la comisión de delitos o infracciones.

Por otro lado, si nuestro medio de prueba consiste en la grabación de una conversación telefónica en la que se reconoce la comisión de un delito, por ejemplo, igualmente tendremos que acudir, de nuevo, al secretario judicial, aportando la transcripción literal de la conversación (STC 122/200, de 22 de mayo) y el teléfono que la ha recogido, dando
fe el secretario judicial de que el número de teléfono de emisor y receptor coinciden, así como que también es literal la transcripción de la conversación con la grabada (que el secretario judicial debe escuchar íntegramente, dure lo que dure, para garantizarnos que ésta no va a ser impugnada por la otra parte).

Sin embargo, a pesar de haber actuado correctamente, la otra parte está en su derecho de dudar de la validez de estos medios de prueba que, evidentemente, le son perjudiciales, y puede pedir que por un perito informático se certifique la validez de estas pruebas, y que no han sido manipuladas. Ante esta situación, nosotros no tenemos que tener ningún temor, puesto que, si a requerimiento de la otra parte, se solicita esta
pericial, y luego resulta que la conversación no ha sido manipulada, será la parte contraria, que es quien la ha solicitado, quien deba correr con los gastos de la pericial.

Además, en cuanto a la jurisprudencia aplicable en materia de la aportación al proceso, como prueba, de las conversaciones, y la posible contravención del art. 18.3 de la Constitución (derecho al secreto de las comunicaciones), ésta es clara, cuando afirma que: “(…) la grabación que un particular haga de sus propias conversaciones, telefónicas o de otra índole, no suponen el atentado al secreto de las comunicaciones (STS 20-2-2006; STS 28-10-2009, núm. 1051/2009)”

Por último, en resumen, hemos visto cómo la aportación de conversaciones de Whatsapp. o de grabaciones telefónicas, está totalmente permitida por nuestros tribunales, siempre que se cumplan determinados requisitos, para garantizar su autenticidad, por lo que tendremos que ser nosotros, en defensa de los intereses de nuestros clientes, quienes estemos alerta a la hora de que, por los funcionarios
intervinientes, se cumplan estas garantías.

Artículo escrito por GONZÁLEZ LUNA ABOGADOS – GRANADA

Los bonos de viaje en tiempos de COVID19

El 1 de abril de 2020, se publicó el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y con su artículo 36, bajo el título de “Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios” estableció una serie de medidas de protección de consumidores en relación con sus reservas de viaje combinado.

El art. 36.4 flexibilizaba la normativa relativa a viajes combinados permitiendo que las agencias de viajes minoristas u organizadoras pudiesen, de forma unilateral, entregar bonos de viaje a sus clientes en aquellos viajes cancelados como consecuencia del COVID19.

Las principales características de los bonos eran las siguientes:

  1. Tienen la validez de un año desde la fecha de finalización del estado de alarma y todas sus prórrogas.
  2. Al finalizar este periodo de validez, si el bono no ha sido utilizado, el consumidor puede solicitar su reembolso en efectivo a la agencia de viajes.
  3. Si los viajeros solicitan la resolución del contrato conforme al art. 160.2 de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, si los proveedores realizan la devolución total del viaje, las agencias de viajes tienen que realizar el reembolso a los consumidores.
  4. No obstante, si los proveedores realizan parcialmente el reembolso, el consumidor tiene derecho al reembolso parcial del importe devuelto por los proveedores y que será descontado del valor del bono.

Como anunciamos, una de las principales características que tenían estos bonos de viaje era que el cliente no los podía rechazar, aunque su deseo fuese el reembolso del precio pagado por la reserva de viaje.

Para las agencias de viajes, esta característica era una muy oportuna herramienta para ganar tiempo mientras los proveedores de los servicios de viaje (vuelos, hoteles…) reembolsaban los importes cobrados que, aun a día de hoy, retienen ilegalmente por servicios no prestados.

En cambio, esta medida, como se puso de manifiesto por juristas de diversos foros en su momento, supone una vulneración de la normativa comunitaria relativa a derechos de consumidores y usuarios, que en modo alguno prevé la posibilidad de emitir bonos de forma unilateral por parte de las agencias de viajes.

Consecuentemente, dos meses mas tarde, y ante la amenaza de sanción por parte de la Unión Europea, se aprobó el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establecía de forma expresa la necesidad de aceptación por parte del consumidor ante la emisión de un bono de viaje por parte de la agencia, quedando modificada la redacción del art. 36.4 en ese sentido:

4. En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario, previa aceptación por parte de este, un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado que deberá abonarse, a más tardar, en 14 días. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución.”

La nueva redacción del art. 36.4 también eliminaba los párrafos segundo y tercero del precepto referentes a la obligación por parte de las agencias de viajes de reembolsar al cliente las cantidades que se fuesen recuperando de los proveedores, aun habiendo emitido bono de viaje.

Como era de esperar, este cambio de normativa tan radical en lo relativo a la necesaria aceptación del bono por el cliente, está siendo una cuestión muy controvertida que afecta negativamente tanto a agencias de viajes, como a consumidores. A las agencias las perjudica gravemente porque desde el 11 de junio de 2020 se ven obligadas a reembolsar cantidades de reservas que no tienen en su haber, dado que éstas se hallan retenidas ilegalmente por los proveedores de los servicios, quienes especulan ante la posibilidad de su inminente quiebra; y a los consumidores, porque algunos de ellos ya habían recibido forzosamente sus bonos de viaje sin que la nueva regulación del art. 36.4 prevea la retroactividad en su aplicación para los bonos ya emitidos.

Artículo escrito por VM ABOGADOS – BALEARES