CONSOLIDATED WORLD ACT TECH (“The C. World Act Tech”.) Cómo puede ser sostenible la ley en si misma?.

Este artículo trata sobre una idea novedosa y disruptiva creada por mi para regularnos todos a través de alta tecnología blockchain y big data. Aunque pueda parecer una utopía, también parecía utópico hace
500 años que algún día el hombre pisara la Luna. Pero tarde o temprano nos daremos cuenta que deberá desarrollarse un código legal virtual con carácter universal para todos. La tecnología hará que las relaciones jurídicas entre personas sean cada vez más locales pero a la vez más complejas, siendo absurdo seguir legislando cada cuatro años sin parar, avanzando y retrocediendos que en más de una ocasión hacen más complejo el derecho positivo de cada Estado.

El objetivo es permitir en un futuro, esperemos no muy lejano, un desarrollo completo legal sostenible para regular todas las relaciones jurídicas privadas o públicas de las personas físicas o jurídicas, con
independencia del territorio donde se encuentren dejando a salvo la relación entre Estados. Para ello, los gobiernos tendrían que ceder parte de su soberanía como legisladores en beneficio de la sostenibilidad y armonización legal de sus ciudadanos para el beneficio del planeta.

Y no me estoy refiriendo con este “C. World Act. Tech.” a los conflictos de competencia internacionales ni a los conflictos entre leyes entre distintos Estados ni a la cooperación procesal ni a la condición jurídica de los extranjeros que regula el derecho internacional privado. Tampoco me estoy refiriendo al comportamiento de los Estados ni a otros sujetos internacionales para garantizar la paz y cooperación
internacional mediante los tratados o normas internacionales que regula el derecho internacional público.

¿ Qué es y para que sirve entonces el “C. World Act. Tech.” Responderé a la primera pregunta. La idea es que el “C. World Act. Tech.” llegue algún día a ser un texto ó código legal‐tech de obligado cumplimiento, de derecho privado refundido, consensuado por la mayoría de las naciones de alcance universal o como mínimo para el mundo occidental, para el mundo oriental, y para el tercer mundo que esperemos algún día llegue a ser el primer mundo.

Responderé a la segunda pregunta. La idea es regular y armonizar mediante tecnócratas legales independientes de cada país a través de la red y on line las relaciones jurídicas de cualquier persona física o jurídica que lo requiriese con independencia del territorio donde se encuentren desde un punto de vista o con un enfoque sostenible, adaptándose a los tiempos través de una high‐tech aplicada y automatizada.

El ““C. World Act. Tech.” serviría para ayudar no sólo a las generaciones futuras para des‐legislar y simplificar la enorme legislación o derecho positivo de cada Estado sino que con independencia del territorio, ciudad, provincia, región, comunidad autónoma o Estado de la persona todos o la mayoría estuviéramos sometidos al imperio de la misma Ley, que entiendo podría reducir la corrupción a todos los niveles. Antes es necesario un cambio de mentalidad en los gobiernos, en los legisladores y en todos los ciudadanos del mundo al respecto.

Autor: Toni Gerbolés
Abogado‐ creador del concepto “C. World. Act Tech.”
Copyright.
BUFET RIERA ADVOCATS – BARCELONA

El concepto de Transición

La transición política sucedida en España en la que un sistema autoritario que duró cuarenta años, fue sustituido por un sistema basado en los partidos políticos como órganos estatales, que pretendían sostener una nueva forma democrática para el país, es uno de esos eternos debates que permanecen vivos a pesar del paso de tiempo. Durante muchos años, ha estado presente de forma indiscutible, que dicha transición, era un modelo envidiable, un ejemplo casi paradigmático de como resolver una situación de grave crisis institucional, social y política. Porque hay que decir, que económicamente España, había vivido un gran desarrollo, y los índices de aquella época, ponen de manifiesto, el gran cambio que había acontecido.

Una de las claves, fue que, en ningún momento, el Estado, tal y como existía, sufrió riesgo alguno de ser eliminado y sustituido por otro tipo de forma, es decir no hubo una ruptura real con lo anterior. Lo que realmente aconteció es una continuidad de lo que ya había, llámese transformación, transición, o cómo quiera denominarse, aunque el sistema autonómico pudiera parecer una revolución o la figura monárquica, un elemento muy diferenciado del Jefe de Estado anterior. Y es que las estructuras de aquel Estado-organización, siguieron vivas, como puede ser el caso de la función pública, y es que la disolución del Movimiento Nacional, no supuso ninguna alteración de dicha función pública, la cual, estaba totalmente profesionalizada ya desde el año 1858 y desde aquella época, permaneció intocable a lo largo de las distintas formas que fueron dándose.

Por otro lado, geopolíticamente, España es uno de los puntos claves a nivel mundial, por lo que, los interesados internacionales no dejaron ni un momento de estar presentes en esta fase, y algunos de ellos no fueron meros espectadores, sino que se comportaron como auténticos actores, como, por ejemplo, fue el caso de EEUU, cuya influencia fue mucho mayor de lo que cuentan las versiones oficiales. Esta nueva forma política no dejó de ser uno de los condicionantes para que nuestro país no sufriera nuevas represalias u otro tipo de bloqueos.

El inicio de la transformación comenzó con la muerte de Franco, aunque de forma más real, en el mes de Julio de 1976 con la formación de lo que fue el segundo gobierno de la monarquía y podemos considerar su finalización con la aprobación de la constitución en diciembre de 1978. Durante este periodo se elaboró la Ley para la Reforma Política, las normas electorales, se reconocieron los partidos políticos como forma de representación del Estado, y se celebraron las primeras elecciones democráticas, y en el campo económico se crearon los Pactos de la Moncloa. Pero sin duda, lo más recordado con el paso de los años es el texto constitucional, la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, aunque, ha de reconocerse que no es un texto especialmente original, ya que, recoge influencias de muchos de los paises de alrededor, incluso puede afirmarse sin duda alguna que se trata de una constitución derivada, porque si la sometemos al Derecho comparado, no incluye innovaciones drásticas, sino que se asienta sobre el constitucionalismo histórico español, y de forma especial en las constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Por supuesto, debe hacerse mención especial al papel del rey Juan Carlos I, quien ya dejó entrever vagamente su intenciones democráticas en sus primeros discursos y participaciones públicas, lo que no fue suficiente para lograr la confianza de varios de los sectores sociales y políticos, ya que, por ejemplo, los ámbitos reaccionarios dudaban de su verdadera fidelidad al régimen, y los grupos de la oposición, lo consideraban como una vuelta a un régimen monárquico directamente impuesto por Franco, respecto lo cual, de todos es sabido el salto en la continuidad dinástica que cometió el dictador (ya que, Juan de Borbón, padre del rey emérito era el legítimo sucesor), y dicho acto fue ratificado por las Cortes, a pesar de que en el seno del régimen no tomaron con especial ilusión esta opción.

A pesar de ello, durante años las versiones oficiales han presentado siempre a Juan Carlos I como la figura principal de la Transición, como el artífice de un supuesto gran cambio para España, dejando en el olvido a otros muchos partícipes que dejaron su vida en las calles o en las cárceles.

Con esta resumida visión de aquel periodo histórico de España, podemos terminar cuestionándonos el contenido del concepto de Transición, es decir, ¿exactamente a qué forma política derivó nuestro país?, ¿los partidos políticos o los sindicatos realmente son elementos de representación de los ciudadanos y de los trabajadores, o deberíamos considerarlos órganos del Estado?, desde un punto de vista jurídico, ¿vivimos en una democracia o en una oligarquía de partidos? ¿es el sistema autonómico el más adecuado como forma de representación social? Son muchas las preguntas que deberíamos seguir haciéndonos como sujetos políticos que somos, y plantearnos si lo existente es suficiente y si la ciudadanía tendríamos que acarrear con la responsabilidad de depurar a nivel histórico, político y jurídico nuestro país.

Artículo escrito por CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA SANTIAGO HERNAEZ – LA RIOJA

Las líneas rojas de la libertad de expresión

Las nuevas tecnologías, las redes sociales, los nuevos modelos de comportamiento y de relación social, nos han abierto las puertas de par en par de un mundo absolutamente nuevo, que una vez más han vuelto a certificar esa máxima jurídica que afirma que el derecho siempre va por detrás de la sociedad. ¿Somos verdaderos conocedores de los límites de la libertad de expresión y de información? ¿Y sabemos cuándo estamos vulnerando la intimidad y el honor de aquellas personas que deciden exponerse en ese universo llamado Internet?

La Declaración Universal del año 1948 recoge y protege la libertad de expresión, como uno de esos derechos fundamentales, que se entienden inherentes e incuestionables para todas las personas, sin existencia, por lo general, de cauces que controlen de forma directa, excepciones o de fundamentos para su limitación automática. Asimismo, la Constitución Española de 1978, en su artículo 20, reconoce el derecho a la libertad de expresión en su Sección Primera del Capítulo Segundo (“De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”), afirmando en su punto número 2 que el ejercicio de este derecho no puede restringirse a través de ningún tipo de censura previa. La problemática que nos causa estas regulaciones, es que no son sino la base sobre la que los operadores jurídicos tienen que trabajar y solventar la infinidad de supuestos que pueden producirse, y marcar las líneas que sirvan de límite suele ser tarea ardua y termina por abrir debates, en los que el acuerdo parece imposible.

De hecho, nuestro texto constitucional, en ese mismo artículo aparece el siguiente límite en su punto número 4: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.” La separación entre, digámoslo así, ambos terrenos, sólo supone una fuente interminable de discusiones y pleitos, por lo que, ha sido un debate jurídico siempre presente, siempre de actualidad, siempre vigente.

Y si todo ésto, no era por sí mismo más que suficiente, en los últimos años se ha visto multiplicado de forma desproporcionada, ya que, el escenario público que supone Internet y las redes sociales, donde cualquier sujeto puede tener su propio perfil e interactuar prácticamente sin límites, respecto a sus publicaciones, a sus contenidos compartidos (en muchas ocasiones de noticias sin contrastar), incluso a sus insultos y amenazas, ha creado una inmensa selva donde el riesgo al que están expuestas las personas es elevadísimo, por lo que, la colisión entre la libertad de expresión y derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen se ha convertido en una de las batallas por antonomasia de nuestra época.

Por ello, debemos acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su sentencia 79/2014, de 28 de mayo de 2014, donde se afirma: “el art. 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas.” (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4).

En sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la Sentencia caso Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, ha reiterado que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso (SSTEDH casos Castells c. España, de 23 de abril de 1992, § 42, y Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000, § 43).

Por lo tanto, son muchos los Tribunales que basan su argumentación en que debe existir un interés relevante y público, que pueda suponer una garantía de información para la ciudadanía, una herramienta de control de todo aquéllo que por ser público debe tener un grado suficiente de escrutinio, con el único fin de se cumpla un objetivo positivo para una sociedad.

De hecho, en esa misma sentencia hace una especial referencia a que cuando los afectados son titulares de cargos públicos, éstos han de soportar las críticas o las revelaciones aunque “duelan, choquen o inquieten” (STC 76/1995, de 22 de mayo) o sean “especialmente molestas o hirientes” (STC 192/1999, de 25 de octubre). Estos criterios jurisprudenciales de este Tribunal han sido muy intensamente refrendados en la STEDH de 15 de marzo de 2011 (caso Otegi Mondragón c. España, § 50), que afirma que los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a los sujetos políticos, pues se exponen inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la masa de los ciudadanos; y que los imperativos de protección de su reputación deben ser puestos en una balanza con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, haciendo una interpretación más restrictiva de las excepciones a la libertad de expresión.

De todo lo expuesto, la conclusión que nos queda es que la información que contenga un especial contenido de interés, porque pueda hacer referencia a elementos económicos, políticos, jurídicos, es decir, de carácter público y que afecte de cualquier manera a lo comunitario, debe estar sobreprotegida con el derecho de información y de expresión como derecho fundamental que no puede ser objeto de restricción, siempre y cuando no vulnere los aspectos personales de forma inapropiada, excesiva e irracional, aunque ello suponga un ejercicio de dura crítica a la persona que sea objeto de discusión.

Artículo escrito por CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA SANTIAGO HERNAEZ – LA RIOJA