Extinción del uso de la vivienda familiar

Tras una separación de pareja con hijos menores, el uso y disfrute de la vivienda familiar se atribuye a los hijos menores y al progenitor que ostenta la custodia, conforme a lo establecido en el art. 96 del Código Civil.

Sin embargo, este derecho de uso y disfrute no es ilimitado en el tiempo. Señala el Tribunal Supremo que, una vez que los hijos menores han alcanzado la mayoría de edad, siendo éstos los beneficiarios de dicho uso y disfrute, ambos progenitores quedan en igualdad de condiciones, debiendo atribuirse entonces el uso y disfrute de la vivienda a aquél de los dos más necesitado de protección y por un tiempo determinado. En este sentido se manifestó ya la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de mayo de 2015: “«La mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso, deja en situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho, enfrentándose uno y otro a una nueva situación que tiene necesariamente en cuenta, no el derecho preferente que resulta de la medida complementaria de guarda y custodia, sino el interés de superior protección, que a partir de entonces justifiquen, y por un tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de edad por los hijos, tal variación objetivahace cesar el criterio de atribución automática del uso de la vivienda que el artículo 96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges, y cabe plantearse de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar un régimen distinto del que fue asignación inicialmente fijado por la minoría de edad de los hijos, en concurrencia con otras circunstancias sobrevenidas».

Doctrina ésta que fue reiterada por nuestro Alto Tribunal en la Sentencia de fecha 23 de enero de 2017.

Por tanto, como norma general, sólo cuando los hijos llegaban a la mayoría de edad se podía instar la extinción del uso y disfrute del domicilio familiar. Pero esta situación se ha visto modificada a raíz de la Sentencia dictada por el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 20 de noviembre de 2018, sentencia núm. 641/2018, que abre la posibilidad de instar la extinción del uso del domicilio que fuera familiar aun cuando los hijos no hubieran alcanzado la mayoría de edad, en el caso de que el cónyuge al que se le hubiera atribuido el uso del mismo junto a sus hijos, conviva en dicha vivienda de manera estable con su nueva pareja. La referida sentencia determina que, en estos casos, la que fuera vivienda familiar pierde tal carácter por la entrada en la vivienda de un tercero, sirviendo la vivienda desde entonces, como recoge la sentencia “en su uso a una familia distinta y diferente.”

La referida Sentencia establece la posibilidad de instar la extinción del uso y disfrute, poniendo de manifiesto que, en modo alguno dicha extinción supone una vulneración del interés de los menores. Así, en su Fundamento de Derecho Segundo determina que:

(i) El derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso no es otra que aquella en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia (sentencia 726/2013, de 19 de noviembre). En el presente caso, este carácter ha desaparecido, no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio. La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza “por servir en su uso a una familia distinta y diferente”, como dice la sentencia recurrida.

(ii) La medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia, que se mantiene en favor de su madre. La atribución del uso a los hijos menores y al progenitor custodio se produce para salvaguardar los derechos de aquellos. Pero más allá de que se les proporcione una vivienda que cubra las necesidades de alojamiento en condiciones de dignidad y decoro, no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que no tiene el carácter de domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que determinaron la atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial, más allá del tiempo necesario para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos progenitores.

El interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible conciliarlos.

El interés en abstracto o simplemente especulativo no es suficiente y la misma decisión adoptada en su día por los progenitores para poner fin al matrimonio, la deben tener ahora para actuar en beneficio e interés de sus hijos respecto de la vivienda, una vez que se ha extinguido la medida inicial de uso, y que en el caso se ve favorecida por el carácter ganancial del inmueble y por la posibilidad real.”

En cualquier caso, hay que tener presente que la extinción del uso y disfrute del domicilio familiar no se produce sin más, sino después de que se proceda a la liquidación de gananciales. Y, en el caso de que los progenitores no alcancen un acuerdo para liquidar la sociedad de gananciales, ésta se tendrá que tramitar judicialmente, lo que puede implicar la tramitación de un largo procedimiento judicial, ya que sólo una vez se haya liquidado la sociedad de gananciales se entenderá que queda extinguido el uso del cónyuge al que inicialmente le fue atribuido.

Artículo escrito por SERNA RUIZ ABOGADOS – MADRID y AVILA

La pensión compensatoria y su compensación con otras deudas

La pensión compensatoria viene recogida en el art. 97 del Código Civil,
conforme al cual se trata de una cuantía que uno de los cónyuges tiene la obligación de abonar al otro, normalmente bajo la modalidad de una renta periódica, cuando la separación o el divorcio produzcan al cónyuge
beneficiario de dicha pensión un desequilibrio económico en relación a su situación anterior en el matrimonio.


Cuando el cónyuge beneficiario de la pensión compensatoria interpone una demanda ejecutiva por impago de la referida pensión, el ejecutado en ocasiones pretende alegar como causa de oposición el pago de otras
deudas en compensación.

El art. 556 de La LEC no recoge entre las causas de oposición a la ejecución la compensación de deudas. Desde luego, se rechaza esta causa de oposición cuando lo que se reclama vía ejecución es una pensión de
alimentos, ello en base a lo establecido en el art. 151 del Código Civil que,
de forma expresa, determina que no pueden compensarse los alimentos
con el alimentista.

Pero en el caso de la pensión compensatoria hemos de tener en cuenta que su naturaleza es diferente a la de la pensión de alimentos, ya que, como se ha manifestado la jurisprudencia no tiene una naturaleza alimenticia sino que su establecimiento tiene como objeto compensar el desequilibrio económico que el cese de la convivencia genera en el nivel de vida de uno de los cónyuges, en relación al que tenía durante el matrimonio.

Así las cosas, ¿cabe alegar la compensación de deudas como causa de
oposición a una ejecución derivada del impago de una pensión
compensatoria? Aunque no existe unanimidad en la jurisprudencia al
respecto, entendemos que, si se dan todos los requisitos que establece el
art. 1196 del Código Civil, es decir, que cada uno de los obligados lo sea
recíprocamente del otro, que se trate de una cantidad de dinero o fungible de la misma especie y calidad, y que sea un crédito vencido, líquido y exigible sí cabría alegar la compensación de deudas como causa de oposición a la ejecución en reclamación de impagos de una pensión
compensatoria. Pero es que además, en caso de no admitirse dicha
compensación, podríamos encontrarnos en una situación de duplicidad en los pagos por parte del ejecutado y un enriquecimiento injusto para el
ejecutante.


En este sentido se manifestó la la sentencia de la AP Cádiz, Sec. 2.ª,
113/2010, de 20 de julio acoge la compensación como motivo de oposición.
… Entendemos en esta alzada que dicha solución debe aceptarse porque, en primer lugar, los títulos que se aducen como compensables son ambos judiciales de igual naturaleza y mismas partes, siendo líquidas y exigibles las sumas conte-nidas en los mismos y , en segundo lugar, porque aunque el artículo 556.1 de la LEC exprese que solo cabe alegar como motivos de oposición el pago o cumplimiento de lo ordenado, entender en este caso otra cosa que lo dicho llevaría al absur-do por ser repetitivo a que una y otra parte instaran demandas ejecutivas derivadas en el mismo proceso en el que fueran, respectivamente, acreedoras y deudoras entre sí, lo que no resulta procedente…


Doctrina ésta reiterada por la misma Audiencia Provincial de Cádiz con
posterioridad en el Recurso 283/15 que admitía la compensación del pago
de las cuotas de la hipoteca por el ejecutado con el impago de la pensión
compensatoria, ello por considerar que la compensación es una forma de
extinción de las obligaciones, siendo factible en ejecución de sentencia,
aunque tengan los créditos a compensar distinta causa jurídica, siempre y cuando no se trate de obligaciones alimenticias que presentan naturaleza y características distintas y «sui generis”.


Por tanto, hemos de concluir que, a diferencia de lo establecido respecto
de las pensiones de alimentos, cuya compensación no cabe en ningún caso, al referirnos a la compensación de deudas como causa de oposición a la ejecución por impago de una pensión compensatoria, pese a no estar
recogida esta causa de oposición expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sí debe estimarse como una forma de extinción de las obligaciones entre los ex cónyuges, por razones de economía procesal y para evitar un enriquecimiento injusto del ejecutante.

Artículo escrito por SERNA RUIZ ABOGADOS – MADRID y AVILA

La importancia del convenio regulador en un divorcio

En un divorcio con acuerdo los cónyuges recogen en el convenio regulador las consecuencias patrimoniales y personales por su cambio de estado civil. Se pacta con acuerdo y es de obligado cumplimiento por las dos partes.

La redacción y contenido de este documento es de máxima importancia ya que establece derechos y obligaciones que se deben cumplir con complicadas consecuencias si no se actúa de acuerdo a lo establecido.

Al tratarse de un documento con tanta relevancia en la vida futura es de máximo interés para ambos cónyuges que la redacción correcta y el alcance en la práctica de cada punto acordado sea revisado y explicado por un abogado. No podemos tomar a la ligera la redacción de este documento porque en caso de hacerlo podrá tener nefastas consecuencias negativas en un futuro.

Al existir acuerdo en los términos del convenio regulador a veces podemos encontrarnos con una de las dos partes que omite una parte imortante a sabiendas de su propio beneficio. No hay que olvidar que se está produciendo una ruptura matrimonial, lo que es en la práctica una ruptura de relación sentimental con muchos matices tan complicados que es dificil de imaginar hasta donde se puede intentar ganar en este último trámite haciendo perder por tanto a la otra parte derechos que supondrán arrepentirse en el futuro de la no revisión por un profesional del citado documento. Lógicamente esa “mala intención” no ocurre en la gran mayoría de los casos.

El mal causado por mala redacción y/u omisión de alguna parte importante en el convenio puede ocurrir por mala fé, pero también por desconocimiento de las dos partes. Un divorcio no es un trámite cotidiano, no es una gestión cualquiera y es por estos motivos por los que cualquier abogado consultado hablará negativamente y alertará del peligro que supone, por ejemplo, la utilización de modelos descargados por internet. Incluso conocemos la existencia de programas que tras un pequeño pago online y la inserción de unos pocos datos facilitan un documento que llaman también convenio regulador pero que por las razones que se indican en este pequeño artículo y por algunas otras, no se le debería llamar así y es altamente peligroso y con toda seguridad ocasionará problemas futuros a una o a las dos partes.

Cabe resaltar al margen de lo ya indicado que en muchas ocasiones también se está tratando en este documento las relaciones con hijos y por lo tanto se pueden ocasionar también problemas al normal desarrollo psicológico, relación afectiva y educación de menores si no se vigila y se redacta correctamente lo que al fin y al cabo es sólo un documento, pero un documento de gran importancia. Un convenio regulador no es un documento cualquiera.

No hay dos personas iguales. No hay dos divorcios iguales. No hay dos acuerdos iguales. Tomemos en serio todo el proceso pues un error por desconocimiento o mala intención de una de las partes puede no ser remediable en un futuro.

Artículo escrito por BlogLegal.es