La pensión compensatoria viene recogida en el art. 97 del Código Civil,
conforme al cual se trata de una cuantía que uno de los cónyuges tiene la obligación de abonar al otro, normalmente bajo la modalidad de una renta periódica, cuando la separación o el divorcio produzcan al cónyuge
beneficiario de dicha pensión un desequilibrio económico en relación a su situación anterior en el matrimonio.
Cuando el cónyuge beneficiario de la pensión compensatoria interpone una demanda ejecutiva por impago de la referida pensión, el ejecutado en ocasiones pretende alegar como causa de oposición el pago de otras
deudas en compensación.
El art. 556 de La LEC no recoge entre las causas de oposición a la ejecución la compensación de deudas. Desde luego, se rechaza esta causa de oposición cuando lo que se reclama vía ejecución es una pensión de
alimentos, ello en base a lo establecido en el art. 151 del Código Civil que,
de forma expresa, determina que no pueden compensarse los alimentos
con el alimentista.
Pero en el caso de la pensión compensatoria hemos de tener en cuenta que su naturaleza es diferente a la de la pensión de alimentos, ya que, como se ha manifestado la jurisprudencia no tiene una naturaleza alimenticia sino que su establecimiento tiene como objeto compensar el desequilibrio económico que el cese de la convivencia genera en el nivel de vida de uno de los cónyuges, en relación al que tenía durante el matrimonio.
Así las cosas, ¿cabe alegar la compensación de deudas como causa de
oposición a una ejecución derivada del impago de una pensión
compensatoria? Aunque no existe unanimidad en la jurisprudencia al
respecto, entendemos que, si se dan todos los requisitos que establece el
art. 1196 del Código Civil, es decir, que cada uno de los obligados lo sea
recíprocamente del otro, que se trate de una cantidad de dinero o fungible de la misma especie y calidad, y que sea un crédito vencido, líquido y exigible sí cabría alegar la compensación de deudas como causa de oposición a la ejecución en reclamación de impagos de una pensión
compensatoria. Pero es que además, en caso de no admitirse dicha
compensación, podríamos encontrarnos en una situación de duplicidad en los pagos por parte del ejecutado y un enriquecimiento injusto para el
ejecutante.
En este sentido se manifestó la la sentencia de la AP Cádiz, Sec. 2.ª,
113/2010, de 20 de julio acoge la compensación como motivo de oposición.
“… Entendemos en esta alzada que dicha solución debe aceptarse porque, en primer lugar, los títulos que se aducen como compensables son ambos judiciales de igual naturaleza y mismas partes, siendo líquidas y exigibles las sumas conte-nidas en los mismos y , en segundo lugar, porque aunque el artículo 556.1 de la LEC exprese que solo cabe alegar como motivos de oposición el pago o cumplimiento de lo ordenado, entender en este caso otra cosa que lo dicho llevaría al absur-do por ser repetitivo a que una y otra parte instaran demandas ejecutivas derivadas en el mismo proceso en el que fueran, respectivamente, acreedoras y deudoras entre sí, lo que no resulta procedente…”
Doctrina ésta reiterada por la misma Audiencia Provincial de Cádiz con
posterioridad en el Recurso 283/15 que admitía la compensación del pago
de las cuotas de la hipoteca por el ejecutado con el impago de la pensión
compensatoria, ello por considerar que la compensación es una forma de
extinción de las obligaciones, siendo factible en ejecución de sentencia,
aunque tengan los créditos a compensar distinta causa jurídica, siempre y cuando no se trate de obligaciones alimenticias que presentan naturaleza y características distintas y «sui generis”.
Por tanto, hemos de concluir que, a diferencia de lo establecido respecto
de las pensiones de alimentos, cuya compensación no cabe en ningún caso, al referirnos a la compensación de deudas como causa de oposición a la ejecución por impago de una pensión compensatoria, pese a no estar
recogida esta causa de oposición expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sí debe estimarse como una forma de extinción de las obligaciones entre los ex cónyuges, por razones de economía procesal y para evitar un enriquecimiento injusto del ejecutante.
Artículo escrito por SERNA RUIZ ABOGADOS – MADRID y AVILA