Fiscales y Fiscales

Estamos sufriendo estos días un aluvión de quejas por el traspaso de funciones de quien ha sido hasta apenas hace unos días Ministra de Justicia, y que si nadie lo remedia va a pasar a ser la nueva Fiscal General del Estado; de entrada y como imaginaréis no voy a entrar en consideraciones políticas, si bien es cierto que es Fiscal de carrera, por Oposición, y que desde luego cumple con creces las condiciones señaladas para optar al cargo…

Al igual que en muchas ocasiones, me enervo cuando escucho comentarios de quienes, por su condición de abogados, por ej., debieran conocer el funcionamiento de está institución que no olvidemos forma parte del poder Judicial. Los fiscales generales siempre han sido Nombrados de la misma manera.

En esos momentos es cuando recuerdo las palabras de un sabio Profesor asociado de derecho procesal, en la Universidad de Valladolid, D. José Luis de Pedro Mimbrero, quien aquel entonces ocupaba además el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuando explicaba las diferencias entre La Magistratura y la fiscalía; cogía aire, se le abrían los ojos, y mirando al aula, con las manos apoyadas en el “Montero Aroca” nos decía:

“Los jueces somos independientes”, yo soy el presidente de un TSJ con nueve provincias y no puedo descolgar el teléfono y llamar ni a un juez decano, ni al último juez sustituto del Partido judicial más pequeño de está comunidad a decirle lo que tiene que hacer en un caso concreto….

¿ y los Fiscales? Añadía el, muy locuaz, Los fiscales, les cuenten lo que les cuenten son dependientes jerárquicamente del Fiscal General del estado, y ese principio de jerarquía les vincula, de tal forma, que deben acatar las “órdenes” que les vengan dadas- por cualquier otro fiscal de rango superior…

Seguramente a los lectores habituales de este Blog no les haya añadido nada que no sepan, pero creo que ha llegado el momento de reflejar mis miedos, y que seguro alguno de vosotros comparte… Y no, no me da miedo la famosa “dependencia jerárquica”, el Ministerio Fiscal es un órgano que está adscrito con autonomía funcional en el Poder Judicial. Tiene como funciones promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (artículo 124 de la Constitución Española y artículo 1 de la Ley 50/1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en adelante EOMF).

La dependencia jerárquica es justificada desde las distintas asociaciones de fiscales en la necesidad de defender un mismo criterio en todo el territorio nacional; los que pisamos estrados, sabemos que eso es radicalmente incierto, y V. Gr. En los delitos contra la seguridad en el tráfico, la fiscalía provincial de Madrid tiene un criterio mucho más benévolo a la hora de alcanzar acuerdos que sus compañeros de Castilla Y León, quizás en otros delitos sea al revés, y mismas calificaciones merezcan la petición de diversas penas en función de las instrucciones recibidas; también es frecuente que cuando hablamos con el Ministerio Público se nos diga, que lo siente mucho pero que sin autorización de su superior, no puede cambiar la calificación. Recuerdo un caso extremo en alicante en el Juzgado de lo Penal, cuando en un asunto penal por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, alcanzamos un acuerdo entre defensa y acusaciones particulares, y la acusación pública no podía modificar la calificación sin la autorización de su superior, el cual se encontraba además ilocalizable y de vacaciones, sin saber el cómo uno de los compañeros letrados sacó su móvil, llamó al teléfono particular del fiscal responsable, le pasó con su compañera y autorizó el cambio de calificación en la acusación. Creo que eso debe ser la dependencia jerárquica…

Hablaba antes de miedos, y bueno sentado que esa ya citada dependencia jerárquica, termina o descansa en el Fiscal General del Estado, que como todos bien sabéis no los nombra el Gobierno, si no el Jefe de Estado,(nótese la Ironía) el miedo reside en los repetitivos y cíclicos movimientos de quitar las competencias en Instrucción penal a la Judicatura, para otorgársela, con los mismos medios a los fiscales, es decir, reproducir el sistema que rige en asuntos de delitos cometidos por menores, quitar a los independientes, y colocar a los de la dependencia jerárquica, es decir, que la investigación de la totalidad de los asuntos penales queden en manos de quien pueda recibir órdenes de su superior, al más puro estilo de cómo sucede en la Abogacía General del Estado, esto, podrá discutirse a la luz de las legislaciones comparadas, de la evolución social de la justicia, y de lo que haga falta, pero a mí, como profesional del derecho, a fecha de hoy, me da miedo, y creo que la transición a ese sistema, dará mucho que hablar, aunque ya no será ahora…

Artículo escrito por Jorge I. Sainz Santamaría de SAINZ ABOGADOS – BURGOS

Tribunal del Jurado en España. Composición comentada.

En España, la composición de los nueve miembros y dos suplentes del jurado se decide entre los vecinos de un mismo municipio, dentro de la provincia en la que se ha cometido el delito, según la Ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995. Tienen que ser españoles y mayores de edad, saber leer y escribir, poder ejercer sus derechos políticos y no tener una discapacidad psíquica o física que impida el desempeño de sus funciones.

Los ciudadanos de a pie solo pueden enjuiciar delitos contra las personas, los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, contra el honor y contra la libertad y seguridad. Están excluidos, por ejemplo, de los delitos cuyo enjuiciamiento se atribuya a la Audiencia Nacional. 

La lista de candidatos −que podrán ser llamados o no− se realiza cada dos años por sorteo dentro del censo electoral. Una de las personas que compone esa lista en la Comunidad de Madrid es Noelia (nombre ficticio), que recibió en octubre su carta certificada procedente de la Audiencia Provincial. En ella le daban todas las instrucciones y le recordaban que está obligada por ley: “En la carta te dicen que hay un plazo para reclamar si no puedes por causas mayores. También mandan una especie de folleto con toda la información sobre cómo funciona y lo que tienes que saber”, explica.

Hay varios impedimentos: estar procesado, cumplir condena por delito doloso o estar suspendido de cargo público, entre otras. Tampoco pueden formar parte de un jurado popular los diputados y senadores, la familia real o los miembros en activo de la carrera judicial y fiscal; así como las personas que tengan vínculos familiares, amistad o interés directo o indirecto en la causa. 

Cuando se tiene que formar un jurado para un caso, el magistrado entrevista de forma individual a 36 personas citadas de esa lista procedente del censo electoral. Uno de los problemas a los que se enfrentan los candidatos en este punto es compaginar su vida laboral y familiar con un juicio. Ese mismo temor lo comparte Noelia: “Todo mi trabajo se me acumularía y, por otro lado, por las tardes tengo al niño. Si tengo que estar en los juzgados tengo que depender de alguien que lo recoja, lo traiga y esté con él…”. Precisamente por ello, hay un periodo de excusas en el que los candidatos pueden exponer sus motivos para no participar. Una vez han sido elegidos de forma definitiva, tienen derecho a ausentarse del trabajo de forma justificada y la Ley contempla una retribución por cada día que dure el juicio de 67 euros, además de indemnizaciones por gastos de viaje en vehículo particular, alojamiento y gastos de manutención en caso de ser necesarios.