Las líneas rojas de la libertad de expresión

Las nuevas tecnologías, las redes sociales, los nuevos modelos de comportamiento y de relación social, nos han abierto las puertas de par en par de un mundo absolutamente nuevo, que una vez más han vuelto a certificar esa máxima jurídica que afirma que el derecho siempre va por detrás de la sociedad. ¿Somos verdaderos conocedores de los límites de la libertad de expresión y de información? ¿Y sabemos cuándo estamos vulnerando la intimidad y el honor de aquellas personas que deciden exponerse en ese universo llamado Internet?

La Declaración Universal del año 1948 recoge y protege la libertad de expresión, como uno de esos derechos fundamentales, que se entienden inherentes e incuestionables para todas las personas, sin existencia, por lo general, de cauces que controlen de forma directa, excepciones o de fundamentos para su limitación automática. Asimismo, la Constitución Española de 1978, en su artículo 20, reconoce el derecho a la libertad de expresión en su Sección Primera del Capítulo Segundo (“De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”), afirmando en su punto número 2 que el ejercicio de este derecho no puede restringirse a través de ningún tipo de censura previa. La problemática que nos causa estas regulaciones, es que no son sino la base sobre la que los operadores jurídicos tienen que trabajar y solventar la infinidad de supuestos que pueden producirse, y marcar las líneas que sirvan de límite suele ser tarea ardua y termina por abrir debates, en los que el acuerdo parece imposible.

De hecho, nuestro texto constitucional, en ese mismo artículo aparece el siguiente límite en su punto número 4: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.” La separación entre, digámoslo así, ambos terrenos, sólo supone una fuente interminable de discusiones y pleitos, por lo que, ha sido un debate jurídico siempre presente, siempre de actualidad, siempre vigente.

Y si todo ésto, no era por sí mismo más que suficiente, en los últimos años se ha visto multiplicado de forma desproporcionada, ya que, el escenario público que supone Internet y las redes sociales, donde cualquier sujeto puede tener su propio perfil e interactuar prácticamente sin límites, respecto a sus publicaciones, a sus contenidos compartidos (en muchas ocasiones de noticias sin contrastar), incluso a sus insultos y amenazas, ha creado una inmensa selva donde el riesgo al que están expuestas las personas es elevadísimo, por lo que, la colisión entre la libertad de expresión y derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen se ha convertido en una de las batallas por antonomasia de nuestra época.

Por ello, debemos acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su sentencia 79/2014, de 28 de mayo de 2014, donde se afirma: “el art. 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas.” (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4).

En sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la Sentencia caso Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, ha reiterado que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso (SSTEDH casos Castells c. España, de 23 de abril de 1992, § 42, y Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000, § 43).

Por lo tanto, son muchos los Tribunales que basan su argumentación en que debe existir un interés relevante y público, que pueda suponer una garantía de información para la ciudadanía, una herramienta de control de todo aquéllo que por ser público debe tener un grado suficiente de escrutinio, con el único fin de se cumpla un objetivo positivo para una sociedad.

De hecho, en esa misma sentencia hace una especial referencia a que cuando los afectados son titulares de cargos públicos, éstos han de soportar las críticas o las revelaciones aunque “duelan, choquen o inquieten” (STC 76/1995, de 22 de mayo) o sean “especialmente molestas o hirientes” (STC 192/1999, de 25 de octubre). Estos criterios jurisprudenciales de este Tribunal han sido muy intensamente refrendados en la STEDH de 15 de marzo de 2011 (caso Otegi Mondragón c. España, § 50), que afirma que los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a los sujetos políticos, pues se exponen inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la masa de los ciudadanos; y que los imperativos de protección de su reputación deben ser puestos en una balanza con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, haciendo una interpretación más restrictiva de las excepciones a la libertad de expresión.

De todo lo expuesto, la conclusión que nos queda es que la información que contenga un especial contenido de interés, porque pueda hacer referencia a elementos económicos, políticos, jurídicos, es decir, de carácter público y que afecte de cualquier manera a lo comunitario, debe estar sobreprotegida con el derecho de información y de expresión como derecho fundamental que no puede ser objeto de restricción, siempre y cuando no vulnere los aspectos personales de forma inapropiada, excesiva e irracional, aunque ello suponga un ejercicio de dura crítica a la persona que sea objeto de discusión.

Artículo escrito por CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA SANTIAGO HERNAEZ – LA RIOJA

Reclamación de fijeza por parte de los trabajadores temporales e interinos de las distintas administraciones españolas.

Comentarios a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de marzo de 2.020.

La Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada establece el derecho de todo trabajador a la estabilidad en el empleo.

De acuerdo con ello, en el ámbito de las relaciones privadas, el Estatuto de los trabajadores determina en su artículo 15.5 que sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.

El tema es claro; pero como quiera que el citado Estatuto de los Trabajadores no se aplica a los funcionarios ni al personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público… ¿qué ocurre entonces con los empleados temporales e interinos de las distintas administraciones públicas?.

Muy sencillo, que con ellos el estado español ha incumplido de manera absoluta y sistemática esa obligación de la estabilidad en el empleo. Y es por ello por lo que la reciente sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020 (puedes acceder al texto completo pinchando aquí) le ha sacado los colores a España, declarando que el régimen que aplica a estos trabajadores es ilegal, al basarse en una regulación justamente la contraria a dicha estabilidad. El Tribunal resuelve que la política española en la materia se ha basado en un despido libre y gratuito (que resulta impensable para los trabajadores del sector privado o para los funcionarios de carrera o los estatutarios laborables fijos comparables) y que se han cometido graves abusos con este tipo de empleados temporales.

Ciertamente, la sentencia veta las diversas excusas que hasta ahora se han venido sosteniendo por parte de las distintas administraciones (con connivencia de sindicatos) para mantener la situación. Así, no cabe decir que la Directiva no es aplicable al personal interino o al laboral temporal de las administraciones por existir una normativa interna en España que permite el nombramiento de este tipo de empleados públicos. O que no es aplicable porque estos trabajadores han venido consintiendo sus constantes y sucesivos nombramientos y ceses. El TJUE le dice a España que no es admisible que los procesos de estabilización y selectivos sea la única solución al problema, puesto que ello no se exime al Gobierno de fijar una sanción que compense a las víctimas de estos abusos. De hecho, resuelve que los únicos procesos selectivos que cumplen la Directiva son aquellos procesos en los que sólo pueden participar aquellos empleados públicos que han sido víctimas de abusos.

El hecho de que un empleado público haya consentido el establecimiento de relaciones de servicio de duración determinada sucesivas no le priva de la protección que le confiere el Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada.

Los Estados miembros no pueden excluir del concepto de “relaciones laborales de duración determinada sucesivas” la situación de un empleado público que ocupa de modo permanente, en virtud de varios nombramientos, un puesto de carácter interino a falta de un proceso selectivo, de modo que su relación de servicio se ha prorrogado implícitamente de año en año.

Tampoco cabe sostener que la solución es el empleado indefinido no fijo, puesto que el trabajador que está en esa situación (resuelve la sentencia) no disfruta de la misma estabilidad en el empleo, de los mismos derechos ni de las mismas condiciones de trabajo que los fijos. Para la sentencia, la fijeza es la única vía que da solución al problema y que garantiza los objetivos de la Directiva, que no son otros, como ya he dicho, que el fin de la precariedad en el empleo.

La sentencia también resuelve que no cabe el despido libre y gratuito de este personal, estableciendo además que si se comete este abuso, debe existir una sanción al empleador y una compensación a la víctima de tal abuso. También nos dice que esta sanción (en contra de lo que ahora sucede en España) no sólo debe estar específicamente prevista, sino que además ha de ser efectiva, proporcionada y disuasoria. La finalidad de ello ha de ser el cese en el abuso cometido por las distintas administraciones con respecto a los empleados públicos temporales.

Y lo más relevante precisamente para los intereses de estos empleados públicos temporales es, conforme a la referida sentencia, que si como sucede no se ha fijado por ley una sanción a esta situación, ésta no puede ser otra que la transformación del estatus temporal del empleado público en fijo.

En base a todo lo expuesto, ¿por qué es aconsejable y necesario que la fijeza se reclame a la mayor brevedad por parte de estos empleados públicos temporales?. Por qué deben hacerlo antes de que se desarrolle la normativa que fije una indemnización como sanción a la situación y de que se acabe con las bolsas de empleo porque todas las plazas vacantes hayan de ser cubiertas por procesos selectivos. Lo ideal por tanto para estos empleados públicos es que se reclame YA su condición de empleado FIJO, para poder así adherirse a las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera o que los empleados estatuarios o laborales fijos comparables.

Artículo escrito por JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ BARRIGA – ZARAGOZA

La pensión compensatoria y su compensación con otras deudas

La pensión compensatoria viene recogida en el art. 97 del Código Civil,
conforme al cual se trata de una cuantía que uno de los cónyuges tiene la obligación de abonar al otro, normalmente bajo la modalidad de una renta periódica, cuando la separación o el divorcio produzcan al cónyuge
beneficiario de dicha pensión un desequilibrio económico en relación a su situación anterior en el matrimonio.


Cuando el cónyuge beneficiario de la pensión compensatoria interpone una demanda ejecutiva por impago de la referida pensión, el ejecutado en ocasiones pretende alegar como causa de oposición el pago de otras
deudas en compensación.

El art. 556 de La LEC no recoge entre las causas de oposición a la ejecución la compensación de deudas. Desde luego, se rechaza esta causa de oposición cuando lo que se reclama vía ejecución es una pensión de
alimentos, ello en base a lo establecido en el art. 151 del Código Civil que,
de forma expresa, determina que no pueden compensarse los alimentos
con el alimentista.

Pero en el caso de la pensión compensatoria hemos de tener en cuenta que su naturaleza es diferente a la de la pensión de alimentos, ya que, como se ha manifestado la jurisprudencia no tiene una naturaleza alimenticia sino que su establecimiento tiene como objeto compensar el desequilibrio económico que el cese de la convivencia genera en el nivel de vida de uno de los cónyuges, en relación al que tenía durante el matrimonio.

Así las cosas, ¿cabe alegar la compensación de deudas como causa de
oposición a una ejecución derivada del impago de una pensión
compensatoria? Aunque no existe unanimidad en la jurisprudencia al
respecto, entendemos que, si se dan todos los requisitos que establece el
art. 1196 del Código Civil, es decir, que cada uno de los obligados lo sea
recíprocamente del otro, que se trate de una cantidad de dinero o fungible de la misma especie y calidad, y que sea un crédito vencido, líquido y exigible sí cabría alegar la compensación de deudas como causa de oposición a la ejecución en reclamación de impagos de una pensión
compensatoria. Pero es que además, en caso de no admitirse dicha
compensación, podríamos encontrarnos en una situación de duplicidad en los pagos por parte del ejecutado y un enriquecimiento injusto para el
ejecutante.


En este sentido se manifestó la la sentencia de la AP Cádiz, Sec. 2.ª,
113/2010, de 20 de julio acoge la compensación como motivo de oposición.
… Entendemos en esta alzada que dicha solución debe aceptarse porque, en primer lugar, los títulos que se aducen como compensables son ambos judiciales de igual naturaleza y mismas partes, siendo líquidas y exigibles las sumas conte-nidas en los mismos y , en segundo lugar, porque aunque el artículo 556.1 de la LEC exprese que solo cabe alegar como motivos de oposición el pago o cumplimiento de lo ordenado, entender en este caso otra cosa que lo dicho llevaría al absur-do por ser repetitivo a que una y otra parte instaran demandas ejecutivas derivadas en el mismo proceso en el que fueran, respectivamente, acreedoras y deudoras entre sí, lo que no resulta procedente…


Doctrina ésta reiterada por la misma Audiencia Provincial de Cádiz con
posterioridad en el Recurso 283/15 que admitía la compensación del pago
de las cuotas de la hipoteca por el ejecutado con el impago de la pensión
compensatoria, ello por considerar que la compensación es una forma de
extinción de las obligaciones, siendo factible en ejecución de sentencia,
aunque tengan los créditos a compensar distinta causa jurídica, siempre y cuando no se trate de obligaciones alimenticias que presentan naturaleza y características distintas y «sui generis”.


Por tanto, hemos de concluir que, a diferencia de lo establecido respecto
de las pensiones de alimentos, cuya compensación no cabe en ningún caso, al referirnos a la compensación de deudas como causa de oposición a la ejecución por impago de una pensión compensatoria, pese a no estar
recogida esta causa de oposición expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sí debe estimarse como una forma de extinción de las obligaciones entre los ex cónyuges, por razones de economía procesal y para evitar un enriquecimiento injusto del ejecutante.

Artículo escrito por SERNA RUIZ ABOGADOS – MADRID y AVILA