Fiscales y Fiscales

Estamos sufriendo estos días un aluvión de quejas por el traspaso de funciones de quien ha sido hasta apenas hace unos días Ministra de Justicia, y que si nadie lo remedia va a pasar a ser la nueva Fiscal General del Estado; de entrada y como imaginaréis no voy a entrar en consideraciones políticas, si bien es cierto que es Fiscal de carrera, por Oposición, y que desde luego cumple con creces las condiciones señaladas para optar al cargo…

Al igual que en muchas ocasiones, me enervo cuando escucho comentarios de quienes, por su condición de abogados, por ej., debieran conocer el funcionamiento de está institución que no olvidemos forma parte del poder Judicial. Los fiscales generales siempre han sido Nombrados de la misma manera.

En esos momentos es cuando recuerdo las palabras de un sabio Profesor asociado de derecho procesal, en la Universidad de Valladolid, D. José Luis de Pedro Mimbrero, quien aquel entonces ocupaba además el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuando explicaba las diferencias entre La Magistratura y la fiscalía; cogía aire, se le abrían los ojos, y mirando al aula, con las manos apoyadas en el “Montero Aroca” nos decía:

“Los jueces somos independientes”, yo soy el presidente de un TSJ con nueve provincias y no puedo descolgar el teléfono y llamar ni a un juez decano, ni al último juez sustituto del Partido judicial más pequeño de está comunidad a decirle lo que tiene que hacer en un caso concreto….

¿ y los Fiscales? Añadía el, muy locuaz, Los fiscales, les cuenten lo que les cuenten son dependientes jerárquicamente del Fiscal General del estado, y ese principio de jerarquía les vincula, de tal forma, que deben acatar las “órdenes” que les vengan dadas- por cualquier otro fiscal de rango superior…

Seguramente a los lectores habituales de este Blog no les haya añadido nada que no sepan, pero creo que ha llegado el momento de reflejar mis miedos, y que seguro alguno de vosotros comparte… Y no, no me da miedo la famosa “dependencia jerárquica”, el Ministerio Fiscal es un órgano que está adscrito con autonomía funcional en el Poder Judicial. Tiene como funciones promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (artículo 124 de la Constitución Española y artículo 1 de la Ley 50/1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en adelante EOMF).

La dependencia jerárquica es justificada desde las distintas asociaciones de fiscales en la necesidad de defender un mismo criterio en todo el territorio nacional; los que pisamos estrados, sabemos que eso es radicalmente incierto, y V. Gr. En los delitos contra la seguridad en el tráfico, la fiscalía provincial de Madrid tiene un criterio mucho más benévolo a la hora de alcanzar acuerdos que sus compañeros de Castilla Y León, quizás en otros delitos sea al revés, y mismas calificaciones merezcan la petición de diversas penas en función de las instrucciones recibidas; también es frecuente que cuando hablamos con el Ministerio Público se nos diga, que lo siente mucho pero que sin autorización de su superior, no puede cambiar la calificación. Recuerdo un caso extremo en alicante en el Juzgado de lo Penal, cuando en un asunto penal por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, alcanzamos un acuerdo entre defensa y acusaciones particulares, y la acusación pública no podía modificar la calificación sin la autorización de su superior, el cual se encontraba además ilocalizable y de vacaciones, sin saber el cómo uno de los compañeros letrados sacó su móvil, llamó al teléfono particular del fiscal responsable, le pasó con su compañera y autorizó el cambio de calificación en la acusación. Creo que eso debe ser la dependencia jerárquica…

Hablaba antes de miedos, y bueno sentado que esa ya citada dependencia jerárquica, termina o descansa en el Fiscal General del Estado, que como todos bien sabéis no los nombra el Gobierno, si no el Jefe de Estado,(nótese la Ironía) el miedo reside en los repetitivos y cíclicos movimientos de quitar las competencias en Instrucción penal a la Judicatura, para otorgársela, con los mismos medios a los fiscales, es decir, reproducir el sistema que rige en asuntos de delitos cometidos por menores, quitar a los independientes, y colocar a los de la dependencia jerárquica, es decir, que la investigación de la totalidad de los asuntos penales queden en manos de quien pueda recibir órdenes de su superior, al más puro estilo de cómo sucede en la Abogacía General del Estado, esto, podrá discutirse a la luz de las legislaciones comparadas, de la evolución social de la justicia, y de lo que haga falta, pero a mí, como profesional del derecho, a fecha de hoy, me da miedo, y creo que la transición a ese sistema, dará mucho que hablar, aunque ya no será ahora…

Artículo escrito por Jorge I. Sainz Santamaría de SAINZ ABOGADOS – BURGOS

La Ley de Memoria Historica se puede leer

Visto que opiniones negativas sobre esta Ley no suelen mostrar verdad alguna es aconsejable leer para no quedar en evidencia.


Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre)

Exposición de motivos

El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora.

El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el período democrático, en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió.

Leer completa: Ley de Memoria Historia

La AP Valencia establece la responsabilidad solidaria de la empresa de alquiler de bicicletas por los daños causados por la colisión de la bicicleta arrendada

La demandante fue atropellada por una bicicleta que había sido arrendada a la entidad demandada, a la cual reclama el pago de indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

La empresa demandada, que gestiona el alquiler de las bicicletas en virtud de una concesión que otorga el Ayuntamiento, fue absuelta en primera instancia. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia en sentencia 158/2018, de 29 de marzo (Recurso 890/2017) estima la acción resarcitoria ejercitada contra ella y le condena solidariamente al pago de la indemnización reclamada, junto con la usuaria de la bicicleta alquilada.

La arrendadora demandada alega que solo viene obligada al correcto funcionamiento de las bicicletas y al adecuado mantenimiento de las estaciones, pero la sentencia declara la ausencia probatoria de las condiciones de la concesión por cuanto ha sido nula su actividad probatoria respecto a la concesión que la une con el Ayuntamiento.

Por el contrario, la Audiencia considera que, frente a un perjudicado que ha resultado lesionado por el uso inadecuado de una bicicleta en el sistema denominado “Valenbici”, no puede alegarse que la usuaria de la misma no consta como abonada.

Es responsabilidad de la empresa concesionaria velar por el uso debido y adecuado de las bicicletas.

Además, tampoco puede alegarse dicha circunstancia como exención de en su obligación de “vigilar” en el ámbito de un servicio público sustentado en una concesión administrativa.

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