Principales cambios introducidos por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 16 de julio 2020 en materia hipotecaria

El 16 de julio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó Sentencia resolviendo las cuestiones prejudiciales interpuestas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Palma de Mallorca y por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Ceuta respecto de los préstamos hipotecarios celebrados con anterioridad al 16 de junio de 2019 (recordemos, que la Ley 5/2019, de 15 de marzo reguladora de los contratos de crédito inmobiliario introdujo importantes cambios en la materia).

Gastos de constitución de hipoteca

  • Respecto de los gastos notariales, la Sentencia ratifica la postura mantenida por nuestro Tribunal Supremo al establecer que dicho gasto ha de ser soportados por mitades entre prestatario y prestamista.
  • En relación con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el TJUE sigue la misma línea que con los gastos notariales al ratificar el criterio mantenido por nuestro Alto Tribunal al establecer que dicho gasto ha de ser asumido por el prestatario.
  • Respecto de los gastos del registro de la propiedad, la Sentencia del TJUE tampoco modifica la situación existente dado que el Tribunal Supremo en sus Sentencias del 23 de enero de 2019, ya determinó que el importe de los gastos registrales ha de ser asumido por el banco.
  • Por lo que respecta a los gastos de gestoría y tasación, encontramos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se posiciona a favor del consumidor al establecer que debe ser el banco quien se haga cargo del abono de la totalidad de los gastos ocasionados por la gestoría y tasación.
    Es por ello, que, en base a lo anterior, el reparto de gastos hipotecarios quedaría de la siguiente manera.
A cargo del BancoA cargo del Cliente
Notaría50%50%
Impuesto AJD100%
Registro de la Propiedad100%
Gestoría100%
Tasación100%

Comisión de apertura


La Sentencia no carga de forma directa al banco el abono de esta partida si bien considera que la comisión de apertura puede generar en el consumidor un desequilibrio entre los derechos y obligaciones que debe asumir y soportar como parte del contrato de préstamo hipotecario cuando el banco no demuestre que la comisión de apertura se corresponde con un servicio efectivo y real prestado debiendo ser el Juez nacional quien entre a valorar si dicha comisión de apertura cumple con el doble control de transparencia.

Prescripción de la acción


El TJUE no se opone a la postura mantenida por nuestro Tribunal Supremo que reconoce el carácter imprescriptible de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva incluida en contratos celebrados entre consumidores/usuarios y profesionales. Pero, al mismo tiempo que considera la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, fija en 5 años el plazo de prescripción de la acción restitutoria de cantidades.
Vistos los principales cambios introducidos por la STJUE de 16 de julio de 2020, ahora toca esperar a ver su efectividad en la actuación de los distintos Juzgados nacionales.

ARTÍCULO ESCRITO POR JOSÉ LUIS GOMEZ BILBAO – ABOGADO 9078 ICASV

CONSOLIDATED WORLD ACT TECH (“The C. World Act Tech”.) Cómo puede ser sostenible la ley en si misma?.

Este artículo trata sobre una idea novedosa y disruptiva creada por mi para regularnos todos a través de alta tecnología blockchain y big data. Aunque pueda parecer una utopía, también parecía utópico hace
500 años que algún día el hombre pisara la Luna. Pero tarde o temprano nos daremos cuenta que deberá desarrollarse un código legal virtual con carácter universal para todos. La tecnología hará que las relaciones jurídicas entre personas sean cada vez más locales pero a la vez más complejas, siendo absurdo seguir legislando cada cuatro años sin parar, avanzando y retrocediendos que en más de una ocasión hacen más complejo el derecho positivo de cada Estado.

El objetivo es permitir en un futuro, esperemos no muy lejano, un desarrollo completo legal sostenible para regular todas las relaciones jurídicas privadas o públicas de las personas físicas o jurídicas, con
independencia del territorio donde se encuentren dejando a salvo la relación entre Estados. Para ello, los gobiernos tendrían que ceder parte de su soberanía como legisladores en beneficio de la sostenibilidad y armonización legal de sus ciudadanos para el beneficio del planeta.

Y no me estoy refiriendo con este “C. World Act. Tech.” a los conflictos de competencia internacionales ni a los conflictos entre leyes entre distintos Estados ni a la cooperación procesal ni a la condición jurídica de los extranjeros que regula el derecho internacional privado. Tampoco me estoy refiriendo al comportamiento de los Estados ni a otros sujetos internacionales para garantizar la paz y cooperación
internacional mediante los tratados o normas internacionales que regula el derecho internacional público.

¿ Qué es y para que sirve entonces el “C. World Act. Tech.” Responderé a la primera pregunta. La idea es que el “C. World Act. Tech.” llegue algún día a ser un texto ó código legal‐tech de obligado cumplimiento, de derecho privado refundido, consensuado por la mayoría de las naciones de alcance universal o como mínimo para el mundo occidental, para el mundo oriental, y para el tercer mundo que esperemos algún día llegue a ser el primer mundo.

Responderé a la segunda pregunta. La idea es regular y armonizar mediante tecnócratas legales independientes de cada país a través de la red y on line las relaciones jurídicas de cualquier persona física o jurídica que lo requiriese con independencia del territorio donde se encuentren desde un punto de vista o con un enfoque sostenible, adaptándose a los tiempos través de una high‐tech aplicada y automatizada.

El ““C. World Act. Tech.” serviría para ayudar no sólo a las generaciones futuras para des‐legislar y simplificar la enorme legislación o derecho positivo de cada Estado sino que con independencia del territorio, ciudad, provincia, región, comunidad autónoma o Estado de la persona todos o la mayoría estuviéramos sometidos al imperio de la misma Ley, que entiendo podría reducir la corrupción a todos los niveles. Antes es necesario un cambio de mentalidad en los gobiernos, en los legisladores y en todos los ciudadanos del mundo al respecto.

Autor: Toni Gerbolés
Abogado‐ creador del concepto “C. World. Act Tech.”
Copyright.
BUFET RIERA ADVOCATS – BARCELONA

Reclamación de fijeza por parte de los trabajadores temporales e interinos de las distintas administraciones españolas.

Comentarios a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de marzo de 2.020.

La Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada establece el derecho de todo trabajador a la estabilidad en el empleo.

De acuerdo con ello, en el ámbito de las relaciones privadas, el Estatuto de los trabajadores determina en su artículo 15.5 que sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.

El tema es claro; pero como quiera que el citado Estatuto de los Trabajadores no se aplica a los funcionarios ni al personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público… ¿qué ocurre entonces con los empleados temporales e interinos de las distintas administraciones públicas?.

Muy sencillo, que con ellos el estado español ha incumplido de manera absoluta y sistemática esa obligación de la estabilidad en el empleo. Y es por ello por lo que la reciente sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020 (puedes acceder al texto completo pinchando aquí) le ha sacado los colores a España, declarando que el régimen que aplica a estos trabajadores es ilegal, al basarse en una regulación justamente la contraria a dicha estabilidad. El Tribunal resuelve que la política española en la materia se ha basado en un despido libre y gratuito (que resulta impensable para los trabajadores del sector privado o para los funcionarios de carrera o los estatutarios laborables fijos comparables) y que se han cometido graves abusos con este tipo de empleados temporales.

Ciertamente, la sentencia veta las diversas excusas que hasta ahora se han venido sosteniendo por parte de las distintas administraciones (con connivencia de sindicatos) para mantener la situación. Así, no cabe decir que la Directiva no es aplicable al personal interino o al laboral temporal de las administraciones por existir una normativa interna en España que permite el nombramiento de este tipo de empleados públicos. O que no es aplicable porque estos trabajadores han venido consintiendo sus constantes y sucesivos nombramientos y ceses. El TJUE le dice a España que no es admisible que los procesos de estabilización y selectivos sea la única solución al problema, puesto que ello no se exime al Gobierno de fijar una sanción que compense a las víctimas de estos abusos. De hecho, resuelve que los únicos procesos selectivos que cumplen la Directiva son aquellos procesos en los que sólo pueden participar aquellos empleados públicos que han sido víctimas de abusos.

El hecho de que un empleado público haya consentido el establecimiento de relaciones de servicio de duración determinada sucesivas no le priva de la protección que le confiere el Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada.

Los Estados miembros no pueden excluir del concepto de “relaciones laborales de duración determinada sucesivas” la situación de un empleado público que ocupa de modo permanente, en virtud de varios nombramientos, un puesto de carácter interino a falta de un proceso selectivo, de modo que su relación de servicio se ha prorrogado implícitamente de año en año.

Tampoco cabe sostener que la solución es el empleado indefinido no fijo, puesto que el trabajador que está en esa situación (resuelve la sentencia) no disfruta de la misma estabilidad en el empleo, de los mismos derechos ni de las mismas condiciones de trabajo que los fijos. Para la sentencia, la fijeza es la única vía que da solución al problema y que garantiza los objetivos de la Directiva, que no son otros, como ya he dicho, que el fin de la precariedad en el empleo.

La sentencia también resuelve que no cabe el despido libre y gratuito de este personal, estableciendo además que si se comete este abuso, debe existir una sanción al empleador y una compensación a la víctima de tal abuso. También nos dice que esta sanción (en contra de lo que ahora sucede en España) no sólo debe estar específicamente prevista, sino que además ha de ser efectiva, proporcionada y disuasoria. La finalidad de ello ha de ser el cese en el abuso cometido por las distintas administraciones con respecto a los empleados públicos temporales.

Y lo más relevante precisamente para los intereses de estos empleados públicos temporales es, conforme a la referida sentencia, que si como sucede no se ha fijado por ley una sanción a esta situación, ésta no puede ser otra que la transformación del estatus temporal del empleado público en fijo.

En base a todo lo expuesto, ¿por qué es aconsejable y necesario que la fijeza se reclame a la mayor brevedad por parte de estos empleados públicos temporales?. Por qué deben hacerlo antes de que se desarrolle la normativa que fije una indemnización como sanción a la situación y de que se acabe con las bolsas de empleo porque todas las plazas vacantes hayan de ser cubiertas por procesos selectivos. Lo ideal por tanto para estos empleados públicos es que se reclame YA su condición de empleado FIJO, para poder así adherirse a las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera o que los empleados estatuarios o laborales fijos comparables.

Artículo escrito por JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ BARRIGA – ZARAGOZA