CONSOLIDATED WORLD ACT TECH (“The C. World Act Tech”.) Cómo puede ser sostenible la ley en si misma?.

Este artículo trata sobre una idea novedosa y disruptiva creada por mi para regularnos todos a través de alta tecnología blockchain y big data. Aunque pueda parecer una utopía, también parecía utópico hace
500 años que algún día el hombre pisara la Luna. Pero tarde o temprano nos daremos cuenta que deberá desarrollarse un código legal virtual con carácter universal para todos. La tecnología hará que las relaciones jurídicas entre personas sean cada vez más locales pero a la vez más complejas, siendo absurdo seguir legislando cada cuatro años sin parar, avanzando y retrocediendos que en más de una ocasión hacen más complejo el derecho positivo de cada Estado.

El objetivo es permitir en un futuro, esperemos no muy lejano, un desarrollo completo legal sostenible para regular todas las relaciones jurídicas privadas o públicas de las personas físicas o jurídicas, con
independencia del territorio donde se encuentren dejando a salvo la relación entre Estados. Para ello, los gobiernos tendrían que ceder parte de su soberanía como legisladores en beneficio de la sostenibilidad y armonización legal de sus ciudadanos para el beneficio del planeta.

Y no me estoy refiriendo con este “C. World Act. Tech.” a los conflictos de competencia internacionales ni a los conflictos entre leyes entre distintos Estados ni a la cooperación procesal ni a la condición jurídica de los extranjeros que regula el derecho internacional privado. Tampoco me estoy refiriendo al comportamiento de los Estados ni a otros sujetos internacionales para garantizar la paz y cooperación
internacional mediante los tratados o normas internacionales que regula el derecho internacional público.

¿ Qué es y para que sirve entonces el “C. World Act. Tech.” Responderé a la primera pregunta. La idea es que el “C. World Act. Tech.” llegue algún día a ser un texto ó código legal‐tech de obligado cumplimiento, de derecho privado refundido, consensuado por la mayoría de las naciones de alcance universal o como mínimo para el mundo occidental, para el mundo oriental, y para el tercer mundo que esperemos algún día llegue a ser el primer mundo.

Responderé a la segunda pregunta. La idea es regular y armonizar mediante tecnócratas legales independientes de cada país a través de la red y on line las relaciones jurídicas de cualquier persona física o jurídica que lo requiriese con independencia del territorio donde se encuentren desde un punto de vista o con un enfoque sostenible, adaptándose a los tiempos través de una high‐tech aplicada y automatizada.

El ““C. World Act. Tech.” serviría para ayudar no sólo a las generaciones futuras para des‐legislar y simplificar la enorme legislación o derecho positivo de cada Estado sino que con independencia del territorio, ciudad, provincia, región, comunidad autónoma o Estado de la persona todos o la mayoría estuviéramos sometidos al imperio de la misma Ley, que entiendo podría reducir la corrupción a todos los niveles. Antes es necesario un cambio de mentalidad en los gobiernos, en los legisladores y en todos los ciudadanos del mundo al respecto.

Autor: Toni Gerbolés
Abogado‐ creador del concepto “C. World. Act Tech.”
Copyright.
BUFET RIERA ADVOCATS – BARCELONA

Reclamación de fijeza por parte de los trabajadores temporales e interinos de las distintas administraciones españolas.

Comentarios a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de marzo de 2.020.

La Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada establece el derecho de todo trabajador a la estabilidad en el empleo.

De acuerdo con ello, en el ámbito de las relaciones privadas, el Estatuto de los trabajadores determina en su artículo 15.5 que sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.

El tema es claro; pero como quiera que el citado Estatuto de los Trabajadores no se aplica a los funcionarios ni al personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público… ¿qué ocurre entonces con los empleados temporales e interinos de las distintas administraciones públicas?.

Muy sencillo, que con ellos el estado español ha incumplido de manera absoluta y sistemática esa obligación de la estabilidad en el empleo. Y es por ello por lo que la reciente sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020 (puedes acceder al texto completo pinchando aquí) le ha sacado los colores a España, declarando que el régimen que aplica a estos trabajadores es ilegal, al basarse en una regulación justamente la contraria a dicha estabilidad. El Tribunal resuelve que la política española en la materia se ha basado en un despido libre y gratuito (que resulta impensable para los trabajadores del sector privado o para los funcionarios de carrera o los estatutarios laborables fijos comparables) y que se han cometido graves abusos con este tipo de empleados temporales.

Ciertamente, la sentencia veta las diversas excusas que hasta ahora se han venido sosteniendo por parte de las distintas administraciones (con connivencia de sindicatos) para mantener la situación. Así, no cabe decir que la Directiva no es aplicable al personal interino o al laboral temporal de las administraciones por existir una normativa interna en España que permite el nombramiento de este tipo de empleados públicos. O que no es aplicable porque estos trabajadores han venido consintiendo sus constantes y sucesivos nombramientos y ceses. El TJUE le dice a España que no es admisible que los procesos de estabilización y selectivos sea la única solución al problema, puesto que ello no se exime al Gobierno de fijar una sanción que compense a las víctimas de estos abusos. De hecho, resuelve que los únicos procesos selectivos que cumplen la Directiva son aquellos procesos en los que sólo pueden participar aquellos empleados públicos que han sido víctimas de abusos.

El hecho de que un empleado público haya consentido el establecimiento de relaciones de servicio de duración determinada sucesivas no le priva de la protección que le confiere el Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada.

Los Estados miembros no pueden excluir del concepto de “relaciones laborales de duración determinada sucesivas” la situación de un empleado público que ocupa de modo permanente, en virtud de varios nombramientos, un puesto de carácter interino a falta de un proceso selectivo, de modo que su relación de servicio se ha prorrogado implícitamente de año en año.

Tampoco cabe sostener que la solución es el empleado indefinido no fijo, puesto que el trabajador que está en esa situación (resuelve la sentencia) no disfruta de la misma estabilidad en el empleo, de los mismos derechos ni de las mismas condiciones de trabajo que los fijos. Para la sentencia, la fijeza es la única vía que da solución al problema y que garantiza los objetivos de la Directiva, que no son otros, como ya he dicho, que el fin de la precariedad en el empleo.

La sentencia también resuelve que no cabe el despido libre y gratuito de este personal, estableciendo además que si se comete este abuso, debe existir una sanción al empleador y una compensación a la víctima de tal abuso. También nos dice que esta sanción (en contra de lo que ahora sucede en España) no sólo debe estar específicamente prevista, sino que además ha de ser efectiva, proporcionada y disuasoria. La finalidad de ello ha de ser el cese en el abuso cometido por las distintas administraciones con respecto a los empleados públicos temporales.

Y lo más relevante precisamente para los intereses de estos empleados públicos temporales es, conforme a la referida sentencia, que si como sucede no se ha fijado por ley una sanción a esta situación, ésta no puede ser otra que la transformación del estatus temporal del empleado público en fijo.

En base a todo lo expuesto, ¿por qué es aconsejable y necesario que la fijeza se reclame a la mayor brevedad por parte de estos empleados públicos temporales?. Por qué deben hacerlo antes de que se desarrolle la normativa que fije una indemnización como sanción a la situación y de que se acabe con las bolsas de empleo porque todas las plazas vacantes hayan de ser cubiertas por procesos selectivos. Lo ideal por tanto para estos empleados públicos es que se reclame YA su condición de empleado FIJO, para poder así adherirse a las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera o que los empleados estatuarios o laborales fijos comparables.

Artículo escrito por JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ BARRIGA – ZARAGOZA

Fiscales y Fiscales

Estamos sufriendo estos días un aluvión de quejas por el traspaso de funciones de quien ha sido hasta apenas hace unos días Ministra de Justicia, y que si nadie lo remedia va a pasar a ser la nueva Fiscal General del Estado; de entrada y como imaginaréis no voy a entrar en consideraciones políticas, si bien es cierto que es Fiscal de carrera, por Oposición, y que desde luego cumple con creces las condiciones señaladas para optar al cargo…

Al igual que en muchas ocasiones, me enervo cuando escucho comentarios de quienes, por su condición de abogados, por ej., debieran conocer el funcionamiento de está institución que no olvidemos forma parte del poder Judicial. Los fiscales generales siempre han sido Nombrados de la misma manera.

En esos momentos es cuando recuerdo las palabras de un sabio Profesor asociado de derecho procesal, en la Universidad de Valladolid, D. José Luis de Pedro Mimbrero, quien aquel entonces ocupaba además el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuando explicaba las diferencias entre La Magistratura y la fiscalía; cogía aire, se le abrían los ojos, y mirando al aula, con las manos apoyadas en el “Montero Aroca” nos decía:

“Los jueces somos independientes”, yo soy el presidente de un TSJ con nueve provincias y no puedo descolgar el teléfono y llamar ni a un juez decano, ni al último juez sustituto del Partido judicial más pequeño de está comunidad a decirle lo que tiene que hacer en un caso concreto….

¿ y los Fiscales? Añadía el, muy locuaz, Los fiscales, les cuenten lo que les cuenten son dependientes jerárquicamente del Fiscal General del estado, y ese principio de jerarquía les vincula, de tal forma, que deben acatar las “órdenes” que les vengan dadas- por cualquier otro fiscal de rango superior…

Seguramente a los lectores habituales de este Blog no les haya añadido nada que no sepan, pero creo que ha llegado el momento de reflejar mis miedos, y que seguro alguno de vosotros comparte… Y no, no me da miedo la famosa “dependencia jerárquica”, el Ministerio Fiscal es un órgano que está adscrito con autonomía funcional en el Poder Judicial. Tiene como funciones promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (artículo 124 de la Constitución Española y artículo 1 de la Ley 50/1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en adelante EOMF).

La dependencia jerárquica es justificada desde las distintas asociaciones de fiscales en la necesidad de defender un mismo criterio en todo el territorio nacional; los que pisamos estrados, sabemos que eso es radicalmente incierto, y V. Gr. En los delitos contra la seguridad en el tráfico, la fiscalía provincial de Madrid tiene un criterio mucho más benévolo a la hora de alcanzar acuerdos que sus compañeros de Castilla Y León, quizás en otros delitos sea al revés, y mismas calificaciones merezcan la petición de diversas penas en función de las instrucciones recibidas; también es frecuente que cuando hablamos con el Ministerio Público se nos diga, que lo siente mucho pero que sin autorización de su superior, no puede cambiar la calificación. Recuerdo un caso extremo en alicante en el Juzgado de lo Penal, cuando en un asunto penal por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, alcanzamos un acuerdo entre defensa y acusaciones particulares, y la acusación pública no podía modificar la calificación sin la autorización de su superior, el cual se encontraba además ilocalizable y de vacaciones, sin saber el cómo uno de los compañeros letrados sacó su móvil, llamó al teléfono particular del fiscal responsable, le pasó con su compañera y autorizó el cambio de calificación en la acusación. Creo que eso debe ser la dependencia jerárquica…

Hablaba antes de miedos, y bueno sentado que esa ya citada dependencia jerárquica, termina o descansa en el Fiscal General del Estado, que como todos bien sabéis no los nombra el Gobierno, si no el Jefe de Estado,(nótese la Ironía) el miedo reside en los repetitivos y cíclicos movimientos de quitar las competencias en Instrucción penal a la Judicatura, para otorgársela, con los mismos medios a los fiscales, es decir, reproducir el sistema que rige en asuntos de delitos cometidos por menores, quitar a los independientes, y colocar a los de la dependencia jerárquica, es decir, que la investigación de la totalidad de los asuntos penales queden en manos de quien pueda recibir órdenes de su superior, al más puro estilo de cómo sucede en la Abogacía General del Estado, esto, podrá discutirse a la luz de las legislaciones comparadas, de la evolución social de la justicia, y de lo que haga falta, pero a mí, como profesional del derecho, a fecha de hoy, me da miedo, y creo que la transición a ese sistema, dará mucho que hablar, aunque ya no será ahora…

Artículo escrito por Jorge I. Sainz Santamaría de SAINZ ABOGADOS – BURGOS