El Reglamento General de protección de Datos y la Ley Orgánica de protección de datos y garantía de Derechos digitales

Desde el pasado 25 de mayo de 2018 es aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, también conocido por sus siglas RGPD o bien GDPR, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Posteriormente, en España el 5 de diciembre de 2018 se publicó la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); la entrada en vigor se produjo al día de su publicación y el objeto de esta ley es, por un lado, adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y completar determinadas disposiciones del mismo, y además garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

¿Por qué es importante la protección de datos de carácter personal?

Recordemos que nuestra Carta Magna, de forma novedosa, reconoció y detectó la necesidad de que debía limitarse el avance de la técnica, en tanto en cuanto dicho avance pudiera suponer una injerencia en el derecho fundamental a la intimidad, y el resultado fue el artículo 18 apartado 4 en el que se establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Por otro lado, no debemos olvidar, y en relación con lo anteriormente expuesto, que la protección de los datos personales de las personas físicas es un derecho fundamental, reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

¿Qué entiende el RGPD por dato de carácter personal?

En sus primeros artículos el RPGD define como dato personal, como toda aquella información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

Es decir, estamos ante una definición muy amplia, en tanto en cuanto se establece que la persona puede ser identificada tanto directa como indirectamente, y porque el propio concepto nos habla de que será dato, toda aquella información sobre una persona física.

Esta amplitud debe hacer que, como organización, cuando tratemos información seamos especialmente cuidadosos y escrupulosos en relación a las medidas técnicas y organizativas en el tratamiento de la misma, además de prestar especial cuidado a lo indicado en el cumplimiento de los principios recogidos en la normativa.

¿Cuáles son los aspectos relacionados con los datos de carácter personal a los que debemos prestar especial atención?

Si bien no es fácil, resumir en unas pocas líneas lo que la legislación recoge en centenares de folios, y la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es) matiza en sus informes y resoluciones, podemos indicar que los aspectos principales nos los marcan los principios recogidos en el RGPD.

En relación a los mismos, se establece que los datos de carácter personal serán tratados de manera lícita, leal y transparente, y serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos.

Además, en relación a la minimización de datos se establece que los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

Los datos deberán ser exactos y deberán ser actualizados; el propio RGPD establece que en relación a los datos existirá una limitación en el tiempo de conservación de los mismos.

Y por último aunque no menos importante, los datos deberán ser tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada. Esta seguridad adecuada supone incluso una protección contra tratamientos no autorizados o ilícitos, además de protección contra su pérdida, destrucción o daño accidental; la manera de llevarlo a cabo será mediante la implantación en las organizaciones de procedimientos que recojan medidas técnicas u organizativas.

Toda organización deberá valorar, determinar y ser capaz de demostrar que aplica esas medidas técnicas y organizativas (responsabilidad proactiva); medidas que deberán adecuarse a cada caso en concreto, y que al respecto nos conviene ser precavidos, porque con la aplicación de las mismas, estamos cumpliendo una obligación legal (y evitaremos infracciones y sanciones), protegeremos un derecho fundamental de los titulares de los datos de carácter personal, y además, protegeremos un activo fundamental de nuestra organización (empresa o administración pública) como es la información (entendida en relación a información referida a personas físicas).

¿Qué derechos tengo por ser titular de datos de carácter personal?

Para finalizar este pequeño artículo en relación a la normativa de protección de datos, no debemos olvidar hacer una referencia a los derechos que se reconocen a toda persona física por el mero hecho de ser titular de datos, y que aumentan respecto a los derechos que la anterior LOPD reconocía y que eran reconocidos por el acrónimo ARCO. A continuación nos acercaremos de una manera somera a los mismos.

El interesado o titular de los datos tiene derecho a acceder a sus datos, es decir, derecho a obtener de la entidad que trata los datos la confirmación de si se están tratando sus datos y a saber, entre otras, la finalidad del tratamiento, la categoría de datos tratados, los destinatarios de la información, el plazo previsto de conservación, la posibilidad de ejercitar los derechos y el derecho a conocer que puede presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente.

Además, la normativa recoge el derecho de rectificación, y establece que el interesado, sin dilación indebida, obtendrá de la organización que trata la información, la rectificación de los datos personales que le conciernan.

También se reconoce el derecho de supresión de los datos o derecho al olvido, entendido como el derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan siempre que se den una serie de circunstancias. Cabe decir que el ejercicio de este derecho no es ilimitado, y deberá tenerse en cuenta el derecho a la libertad de expresión e información, así como razones de interés público en el ámbito de la salud, entre otras excepciones.

El titular de los datos tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos, y ello en el caso de que se den una serie de condiciones.

Uno de las novedades en relación a los derechos que recoge la normativa es el derecho de portabilidad de los datos; que se reconoce como el derecho del interesado a recibir los datos personales que le incumban de la siguiente forma:

– En un formato estructurado

– De uso común.

– Y de lectura mecánica

Además de disponer del derecho a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.

El derecho de oposición, ya reconocido por la anterior normativa, se sigue manteniendo; siendo la posibilidad de que el interesado pueda oponerse en cualquier momento a tratamientos de datos que le conciernen.

Y para finalizar, el apartado de derechos, se reconoce el derecho de toda persona a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

La LOPDGDD reconoce además respecto de las personas fallecidas, que las personas vinculadas al mismo por razones familiares o de hecho así como sus herederos, puedan dirigirse al responsable del tratamiento, o incluso al encargado del tratamiento, y ejercer el derecho de acceso a los datos de carácter personal de la persona fallecida, y en su caso, ejercitar además el derecho de rectificación o el derecho de supresión de los datos.

Artículo escrito por ANDONI GARCIA IMAZ – GUIPUZCOA

Evaluación de impacto de privacidad

¿Qué es una evaluación de impacto de privacidad (evaluación de impacto relativa a la protección de datos)?

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (conocido como Reglamento General de Protección de Datos, GDPR o RGPD) no nos define qué es una evaluación de impacto de privacidad, aunque sí indica cuándo debe realizarse y su contenido mínimo.

Una definición de lo que es una evaluación de impacto de privacidad la tenemos en el documento que recoge las Directrices sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) y para determinar si el tratamiento «entraña probablemente un alto riesgo» a efectos del Reglamento (UE) 2016/679, adoptadas el 4 de abril de 2017, y revisadas por última vez y adoptadas el 4 de octubre de 2017, del Grupo de “Protección de Datos” del artículo 29.

En el mencionado documento se nos define la evaluación de impacto como un proceso, que se concibe para describir un tratamiento de datos, poder evaluar la necesidad de tal tratamiento además de su proporcionalidad, y que sirve para gestionar los riesgos derivados de ese tratamiento que puedan darse para los derechos y libertades de las personas físicas titulares de datos, y que al gestionar esos riesgos podremos evaluarlos y determinar las medidas para afrontarlos.

En definitiva será un instrumento fundamental, una herramienta con carácter preventivo, que servirá para poder rendir cuentas como responsables del tratamiento; nos permitirá cumplir con la responsabilidad proactiva recogida en el RGPD (cumplir los principios relativos al tratamiento y ser capaz de demostrarlo).

¿Cuándo debe realizarse una evaluación de impacto de privacidad?

Para responder a esta pregunta, debemos acudir al artículo 35 del RGPD, que establece que cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular, si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, la mencionada evaluación de impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales.

Se permite la posibilidad de que una única evaluación de impacto podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares. Es decir, una evaluación de impacto puede ser realizada en relación al tratamiento de datos que va a llevarse a cabo por una empresa u organización con un servicio o producto basado en la tecnología, y no tiene que llevarse a cabo en relación a otros tratamientos de datos que lleve a cabo la empresa.

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una lista de tratamientos de datos que requieren una evaluación de impacto (el documento puede descargarse en el siguiente enlace)

La lista es una lista no exhaustiva, y habrá que realizar la EIPD en el caso de que el tratamiento cumpla con dos o más criterios de los siguientes:

– Tratamientos que impliquen perfilado o valoración de sujetos, incluida la recogida de datos del sujeto en múltiples ámbitos de su vida (desempeño en el trabajo, personalidad y

comportamiento), que cubran varios aspectos de su personalidad o sobre sobre sus

hábitos.

– Tratamientos que impliquen la toma de decisiones automatizadas o que contribuyan en

gran medida a la toma de tales decisiones.

– Tratamientos que impliquen la observación, monitorización, supervisión, geolocalización o control del interesado de forma sistemática y exhaustiva.

– Tratamientos que impliquen el uso de categorías especiales de datos (datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual) y de datos relativos a condenas o infracciones penales o datos que permitan determinar la situación financiera o de solvencia patrimonial o deducir información sobre las personas relacionada con categorías especiales de datos.

– Tratamientos que impliquen el uso de datos biométricos con el propósito de identificar de

manera única a una persona física.

– Tratamientos que impliquen el uso de datos genéticos para cualquier fin.

– Tratamientos que impliquen el uso de datos a gran escala.

– Tratamientos que impliquen la asociación, combinación o enlace de registros de bases de datos de dos o más tratamientos con finalidades diferentes o por responsables distintos.

– Tratamientos de datos de sujetos vulnerables o en riesgo de exclusión social, incluyendo

datos de menores de 14 años, mayores con algún grado de discapacidad, discapacitados,

personas que acceden a servicios sociales y víctimas de violencia de género, así como sus descendientes y personas que estén bajo su guardia y custodia

– Tratamientos que impliquen la utilización de nuevas tecnologías o un uso innovador de

tecnologías consolidadas, incluyendo la utilización de tecnologías a una nueva escala, con un nuevo objetivo o combinadas con otras, de forma que suponga nuevas formas de

recogida y utilización de datos con riesgo para los derechos y libertades de las personas.

– Tratamientos de datos que impidan a los interesados ejercer sus derechos, utilizar un

servicio o ejecutar un contrato.

Lo que va a determinar la obligación de llevar a cabo una EIPD es la posibilidad de que exista un alto riego para los derechos y libertades de las personas físicas.

En el caso de que exista duda, sobre si estamos obligados o no a llevar a cabo una EIPD, conviene realizarla.

¿Cuál debe ser su contenido mínimo?

La EIPD debe contener al menos la siguiente información:

– Una definición detallada y sistemática de las operaciones de tratamiento que se hayan previsto realizar y de las finalidades del tratamiento, inclusive, cuando proceda, el interés legítimo que se persiga.

– Una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento de datos en relación con su finalidad.

– Una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los titulares de los datos.

– Las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos personales, y que demuestren la conformidad con lo establecido en el RGPD, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.

Artículo escrito por ANDONI GARCIA IMAZ – GUIPUZCOA