La seriedad en acciones colaborativas como BlogLegal.es

Los abogados en el ejercicio de su profesión siempre deben mantener una actitud seria por los asuntos que suelen tratar y por respeto a sus clientes. También las formas respetuosas se muestran ante compañeros en los encuentros con ellos en cualquier situación, ya sea para compartir una posisión o cuando lo son en contrarios.

Los blog con forma de acción colaborativa solamente son una agrupación o conjunto de profesionales que se ponen de acuerdo en aportar contenidos, por ejemplo artículos y atender las posibles consultas que usuarios puedan plantear, en el caso de abogados llevando además los casos en los que sea necesaria su actuación.

El funcionamiento de este blogLegal.es se basa en la confianza en sus partners que han aportado artículos de interés.

Este blog existe sin ánimo de lucro. Se mantiene sin publicidad y con el trabajo por la ilusión que se creó al ir sumando Despachos en toda España a los que la idea les pareció positiva para todos sus integrantes.

Desgraciadamente hay despachos (con minúscula) que se interesaron por aparecer en nuestro directorio de abogados y tras comprometerse a enviar artículos no lo han hecho nunca, incluso no contestando cuando se les ha avisado que llegaba la primera fecha para su publicación.

Esta falta de respeto lo es hacia todos los Despachos (con Mayúscula) que sí han enviado artículos y también es falta de respeto a nuestros usuarios que ya superan los 1000 nuevos diarios. Una cifra que no era nada más que el principio con más de 6000 seguidores en redes sociales.

Este primer año, ya terminando el septimo mes, nos esta sirviendo para ganar esa audiencia y presencia en la red gracias a los abogados que están a quí con seriedad y respeto hacia los demás.

Por los despachos que han creido que podian utilizar esta iniciativa para beneficio propio sin aportar nada, mintiendo sobre su compromiso, los contenidos se han visto afectados negativamente.

Sería muy fácil monetizar insertando publicidad adsense o directamente de Despachos que han mostrado su interés por su presencia con anuncios. Pero esto es una acción colaborativa y así seguirá.

Se tomarán medidas para evitar la entrada de partners que no tengan claro que en la vida la seriedad es o debería ser un una obligación y no una virtud.

Artículo escribo por BlogLegal.es

Las líneas rojas de la libertad de expresión

Las nuevas tecnologías, las redes sociales, los nuevos modelos de comportamiento y de relación social, nos han abierto las puertas de par en par de un mundo absolutamente nuevo, que una vez más han vuelto a certificar esa máxima jurídica que afirma que el derecho siempre va por detrás de la sociedad. ¿Somos verdaderos conocedores de los límites de la libertad de expresión y de información? ¿Y sabemos cuándo estamos vulnerando la intimidad y el honor de aquellas personas que deciden exponerse en ese universo llamado Internet?

La Declaración Universal del año 1948 recoge y protege la libertad de expresión, como uno de esos derechos fundamentales, que se entienden inherentes e incuestionables para todas las personas, sin existencia, por lo general, de cauces que controlen de forma directa, excepciones o de fundamentos para su limitación automática. Asimismo, la Constitución Española de 1978, en su artículo 20, reconoce el derecho a la libertad de expresión en su Sección Primera del Capítulo Segundo (“De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”), afirmando en su punto número 2 que el ejercicio de este derecho no puede restringirse a través de ningún tipo de censura previa. La problemática que nos causa estas regulaciones, es que no son sino la base sobre la que los operadores jurídicos tienen que trabajar y solventar la infinidad de supuestos que pueden producirse, y marcar las líneas que sirvan de límite suele ser tarea ardua y termina por abrir debates, en los que el acuerdo parece imposible.

De hecho, nuestro texto constitucional, en ese mismo artículo aparece el siguiente límite en su punto número 4: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.” La separación entre, digámoslo así, ambos terrenos, sólo supone una fuente interminable de discusiones y pleitos, por lo que, ha sido un debate jurídico siempre presente, siempre de actualidad, siempre vigente.

Y si todo ésto, no era por sí mismo más que suficiente, en los últimos años se ha visto multiplicado de forma desproporcionada, ya que, el escenario público que supone Internet y las redes sociales, donde cualquier sujeto puede tener su propio perfil e interactuar prácticamente sin límites, respecto a sus publicaciones, a sus contenidos compartidos (en muchas ocasiones de noticias sin contrastar), incluso a sus insultos y amenazas, ha creado una inmensa selva donde el riesgo al que están expuestas las personas es elevadísimo, por lo que, la colisión entre la libertad de expresión y derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen se ha convertido en una de las batallas por antonomasia de nuestra época.

Por ello, debemos acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su sentencia 79/2014, de 28 de mayo de 2014, donde se afirma: “el art. 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas.” (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4).

En sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la Sentencia caso Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, ha reiterado que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso (SSTEDH casos Castells c. España, de 23 de abril de 1992, § 42, y Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000, § 43).

Por lo tanto, son muchos los Tribunales que basan su argumentación en que debe existir un interés relevante y público, que pueda suponer una garantía de información para la ciudadanía, una herramienta de control de todo aquéllo que por ser público debe tener un grado suficiente de escrutinio, con el único fin de se cumpla un objetivo positivo para una sociedad.

De hecho, en esa misma sentencia hace una especial referencia a que cuando los afectados son titulares de cargos públicos, éstos han de soportar las críticas o las revelaciones aunque “duelan, choquen o inquieten” (STC 76/1995, de 22 de mayo) o sean “especialmente molestas o hirientes” (STC 192/1999, de 25 de octubre). Estos criterios jurisprudenciales de este Tribunal han sido muy intensamente refrendados en la STEDH de 15 de marzo de 2011 (caso Otegi Mondragón c. España, § 50), que afirma que los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a los sujetos políticos, pues se exponen inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la masa de los ciudadanos; y que los imperativos de protección de su reputación deben ser puestos en una balanza con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, haciendo una interpretación más restrictiva de las excepciones a la libertad de expresión.

De todo lo expuesto, la conclusión que nos queda es que la información que contenga un especial contenido de interés, porque pueda hacer referencia a elementos económicos, políticos, jurídicos, es decir, de carácter público y que afecte de cualquier manera a lo comunitario, debe estar sobreprotegida con el derecho de información y de expresión como derecho fundamental que no puede ser objeto de restricción, siempre y cuando no vulnere los aspectos personales de forma inapropiada, excesiva e irracional, aunque ello suponga un ejercicio de dura crítica a la persona que sea objeto de discusión.

Artículo escrito por CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA SANTIAGO HERNAEZ – LA RIOJA

El Reglamento General de protección de Datos y la Ley Orgánica de protección de datos y garantía de Derechos digitales

Desde el pasado 25 de mayo de 2018 es aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, también conocido por sus siglas RGPD o bien GDPR, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Posteriormente, en España el 5 de diciembre de 2018 se publicó la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); la entrada en vigor se produjo al día de su publicación y el objeto de esta ley es, por un lado, adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y completar determinadas disposiciones del mismo, y además garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

¿Por qué es importante la protección de datos de carácter personal?

Recordemos que nuestra Carta Magna, de forma novedosa, reconoció y detectó la necesidad de que debía limitarse el avance de la técnica, en tanto en cuanto dicho avance pudiera suponer una injerencia en el derecho fundamental a la intimidad, y el resultado fue el artículo 18 apartado 4 en el que se establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Por otro lado, no debemos olvidar, y en relación con lo anteriormente expuesto, que la protección de los datos personales de las personas físicas es un derecho fundamental, reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

¿Qué entiende el RGPD por dato de carácter personal?

En sus primeros artículos el RPGD define como dato personal, como toda aquella información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

Es decir, estamos ante una definición muy amplia, en tanto en cuanto se establece que la persona puede ser identificada tanto directa como indirectamente, y porque el propio concepto nos habla de que será dato, toda aquella información sobre una persona física.

Esta amplitud debe hacer que, como organización, cuando tratemos información seamos especialmente cuidadosos y escrupulosos en relación a las medidas técnicas y organizativas en el tratamiento de la misma, además de prestar especial cuidado a lo indicado en el cumplimiento de los principios recogidos en la normativa.

¿Cuáles son los aspectos relacionados con los datos de carácter personal a los que debemos prestar especial atención?

Si bien no es fácil, resumir en unas pocas líneas lo que la legislación recoge en centenares de folios, y la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es) matiza en sus informes y resoluciones, podemos indicar que los aspectos principales nos los marcan los principios recogidos en el RGPD.

En relación a los mismos, se establece que los datos de carácter personal serán tratados de manera lícita, leal y transparente, y serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos.

Además, en relación a la minimización de datos se establece que los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

Los datos deberán ser exactos y deberán ser actualizados; el propio RGPD establece que en relación a los datos existirá una limitación en el tiempo de conservación de los mismos.

Y por último aunque no menos importante, los datos deberán ser tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada. Esta seguridad adecuada supone incluso una protección contra tratamientos no autorizados o ilícitos, además de protección contra su pérdida, destrucción o daño accidental; la manera de llevarlo a cabo será mediante la implantación en las organizaciones de procedimientos que recojan medidas técnicas u organizativas.

Toda organización deberá valorar, determinar y ser capaz de demostrar que aplica esas medidas técnicas y organizativas (responsabilidad proactiva); medidas que deberán adecuarse a cada caso en concreto, y que al respecto nos conviene ser precavidos, porque con la aplicación de las mismas, estamos cumpliendo una obligación legal (y evitaremos infracciones y sanciones), protegeremos un derecho fundamental de los titulares de los datos de carácter personal, y además, protegeremos un activo fundamental de nuestra organización (empresa o administración pública) como es la información (entendida en relación a información referida a personas físicas).

¿Qué derechos tengo por ser titular de datos de carácter personal?

Para finalizar este pequeño artículo en relación a la normativa de protección de datos, no debemos olvidar hacer una referencia a los derechos que se reconocen a toda persona física por el mero hecho de ser titular de datos, y que aumentan respecto a los derechos que la anterior LOPD reconocía y que eran reconocidos por el acrónimo ARCO. A continuación nos acercaremos de una manera somera a los mismos.

El interesado o titular de los datos tiene derecho a acceder a sus datos, es decir, derecho a obtener de la entidad que trata los datos la confirmación de si se están tratando sus datos y a saber, entre otras, la finalidad del tratamiento, la categoría de datos tratados, los destinatarios de la información, el plazo previsto de conservación, la posibilidad de ejercitar los derechos y el derecho a conocer que puede presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente.

Además, la normativa recoge el derecho de rectificación, y establece que el interesado, sin dilación indebida, obtendrá de la organización que trata la información, la rectificación de los datos personales que le conciernan.

También se reconoce el derecho de supresión de los datos o derecho al olvido, entendido como el derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan siempre que se den una serie de circunstancias. Cabe decir que el ejercicio de este derecho no es ilimitado, y deberá tenerse en cuenta el derecho a la libertad de expresión e información, así como razones de interés público en el ámbito de la salud, entre otras excepciones.

El titular de los datos tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos, y ello en el caso de que se den una serie de condiciones.

Uno de las novedades en relación a los derechos que recoge la normativa es el derecho de portabilidad de los datos; que se reconoce como el derecho del interesado a recibir los datos personales que le incumban de la siguiente forma:

– En un formato estructurado

– De uso común.

– Y de lectura mecánica

Además de disponer del derecho a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.

El derecho de oposición, ya reconocido por la anterior normativa, se sigue manteniendo; siendo la posibilidad de que el interesado pueda oponerse en cualquier momento a tratamientos de datos que le conciernen.

Y para finalizar, el apartado de derechos, se reconoce el derecho de toda persona a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

La LOPDGDD reconoce además respecto de las personas fallecidas, que las personas vinculadas al mismo por razones familiares o de hecho así como sus herederos, puedan dirigirse al responsable del tratamiento, o incluso al encargado del tratamiento, y ejercer el derecho de acceso a los datos de carácter personal de la persona fallecida, y en su caso, ejercitar además el derecho de rectificación o el derecho de supresión de los datos.

Artículo escrito por ANDONI GARCIA IMAZ – GUIPUZCOA