Prestaciones para Autónomos por COVID-19

Esta es una entrada importante por los momentos que estamos viviendo en España. Estado de Alarma y problemas para empresas, trabajadores y autónomos.

HYV ABOGADOS – SALAMANCA y CACERES nos ha preparado una presentación en la que se explican con claridad las prestaciones para autónomos por COVID-19, al margen de otras que pudiesen ir aprobando Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

 

Estado de Alarma. Efectos sobre los Procedimientos Penales.

Como todos sabemos, el pasado día 14 de marzo se decretó por segunda vez en la democracia el estado de alarma, conforme a lo previsto en el art. 116 de la Constitución Española, mediante “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.”

En su artículo 7 se dispone la limitación de la libertad de circulación de las personas de tal forma que establece un régimen de confinamiento, exceptuando las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.”

La referencia expresa relativa a la incidencia de este estado de alarma sobre los procedimientos penales en curso la encontramos en la Disposición adicional segunda, de suspensión de plazos procesales que dice:

1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

[…]”

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.”

Así pues, quiero llamar la atención sobre el hecho de que el decreto no hace mención alguna sobre qué ocurre con las medidas cautelares personales consistentes en las comparecencias apud acta periódicas.

Bajo mi punto de vista, el estado de alarma deja en suspenso la obligación de comparecer, principalmentepor las siguientes razones:

  • No se prevé como causa para poder abandonar el domicilio en el art. 7 del Decreto;
  • La disposición adicional segunda en el punto 2º no prevé las comparecencias apud acta dentro de los supuestos repecto los que no aplicará la suspensión de plazos y diligencias, ya que no forman parte de las actuaciones urgentes ni de guardia;
  • Para el caso de que la obligación de comparecer sea en días hábiles según el auto habilitante, han quedado inhabilitados por el decreto, lo que suspende temporalmente la obligación de comparecer.

Mi consejo para aquellos que tengan clientes con dichas obligaciones es que se les informe de esta circunstancia y se les recomiende, ya que entiendo que puede haber discrepancias en la aplicación por parte de los Juzgados:

  • O bien, Comparecer la siguiente vez que les toque y preguntar si han de seguir compareciendo mientras dure la situación de estado de alarma;
  • O bien, que antes de desplazarse al Juzgado llamen para preguntarlo y en función de lo que les digan, se desplacen o no hasta nuevo aviso,
  • O bien si directamente no quieren comparecer por el riesgo que puede haber de contagios, como es lógico, sus letrados presentemos escrito alegando las anteriores circunstancias como razón de la incomparecencia.

Como colofón y en apoyo a mi opinión me gustaría informar que, a través de Twitter, el compañero Jorge Navarro ha solicitado pronunciamiento expreso al respecto al TSJ Catalunya, que ha respondido en este sentido, como podréis ver en el enlace que os dejo más abajo

Feliz confinamiento a todos.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

Artículo escrito por CLARA MARTÍNEZ NOGUÉS – GIRONA y TARRAGONA

¿Es legal que las compañías de telefonía e Internet pongan permanencia?

Las empresas de telefonía e Internet suelen gestionar sus servicios al cliente mediante un compromiso de permanencia. Se trata de un contrato que estipula una serie de cláusulas que el usuario debe cumplir a cambio de que la compañía mejore las condiciones de su tarifa.

Asimismo, es necesario tener en cuenta que existen diversas condiciones para cada convenio, que en su gran mayoría suelen ostentar entre 12 y 24 meses, y que se obtienen mayores beneficios y facilidades que, de otra manera, supondría un coste adicional para el consumidor, como por ejemplo, los gastos de instalación del router en el caso de contratar una línea fija de Internet.

La permanencia en una empresa no es obligatoria. Es decir, dado que existe una variedad de tarifas, el cliente es quien decide si desea firmar un contrato de permanencia con la empresa para beneficiarse de otros bienes adicionales o si, por el contrario, desea otro convenio que no le ate a una empresa durante un determinado tiempo por cualquier motivo.

  • ¿Este proceso tiene valía legal?

Por supuesto. En el momento en que el cliente firma el acuerdo con la compañía, se efectúan todos los compromisos concertados. El Artículo 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, del 16 de noviembre, que establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias establece que, antes firmar cualquier compromiso, la empresa debe manifestar de “forma clara y comprensible” toda la información “relevante, veraz y suficiente” que precise conocer el cliente.

En este sentido, el usuario tiene derecho a saber sobre:

  • Las características principales del servicio
  • La duración del contrato y cómo se llevará a cabo la renovación de las condiciones, en caso de que exista dicha posibilidad
  • El precio total (con impuestos incluidos) de las prestaciones
  • Los procedimientos y fechas de pago
  • Garantizar la legalidad y conformidad de los bienes

En el caso de que la compañía desee efectuar cambios en las condiciones del compromiso de permanencia ya prescrito, deberá comunicarlo al consumidor de manera directa con, como mínimo, un mes de antelación.

  • ¿Qué pasa si no cumplo con alguna de las cláusulas de mi compromiso de permanencia?

Si en algún momento no se cumplan las bases del acuerdo o el cliente desee dar de baja el servicio antes de tiempo estipulado en el convenio, la compañía en cuestión impone una sanción económica.

Tal y como reza el Artículo 74 de la misma Ley, si el usuario incumple el contrato con la empresa, se establecerá una penalización “proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado”.

De este modo, las entidades de telefonía e Internet no pueden cobrar una penalización completa ni exigir una “multa” adicional, puesto que es ilegal, y además recuperan parte del dinero invertido.

  • ¿Y si me doy de baja porque es la empresa la que no está cumpliendo con el contrato?

En este supuesto, si la empresa estuviese ofreciendo un servicio incorrecto o deficiente al cliente durante un tiempo, el cliente tiene derecho a darse de baja sin que se le cobre ningún tipo de penalización e incluso a que la compañía le indemnice por los daños y perjuicios ocasionados, según el Real Decreto 899/2099, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.