Las líneas rojas de la libertad de expresión

Las nuevas tecnologías, las redes sociales, los nuevos modelos de comportamiento y de relación social, nos han abierto las puertas de par en par de un mundo absolutamente nuevo, que una vez más han vuelto a certificar esa máxima jurídica que afirma que el derecho siempre va por detrás de la sociedad. ¿Somos verdaderos conocedores de los límites de la libertad de expresión y de información? ¿Y sabemos cuándo estamos vulnerando la intimidad y el honor de aquellas personas que deciden exponerse en ese universo llamado Internet?

La Declaración Universal del año 1948 recoge y protege la libertad de expresión, como uno de esos derechos fundamentales, que se entienden inherentes e incuestionables para todas las personas, sin existencia, por lo general, de cauces que controlen de forma directa, excepciones o de fundamentos para su limitación automática. Asimismo, la Constitución Española de 1978, en su artículo 20, reconoce el derecho a la libertad de expresión en su Sección Primera del Capítulo Segundo (“De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”), afirmando en su punto número 2 que el ejercicio de este derecho no puede restringirse a través de ningún tipo de censura previa. La problemática que nos causa estas regulaciones, es que no son sino la base sobre la que los operadores jurídicos tienen que trabajar y solventar la infinidad de supuestos que pueden producirse, y marcar las líneas que sirvan de límite suele ser tarea ardua y termina por abrir debates, en los que el acuerdo parece imposible.

De hecho, nuestro texto constitucional, en ese mismo artículo aparece el siguiente límite en su punto número 4: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.” La separación entre, digámoslo así, ambos terrenos, sólo supone una fuente interminable de discusiones y pleitos, por lo que, ha sido un debate jurídico siempre presente, siempre de actualidad, siempre vigente.

Y si todo ésto, no era por sí mismo más que suficiente, en los últimos años se ha visto multiplicado de forma desproporcionada, ya que, el escenario público que supone Internet y las redes sociales, donde cualquier sujeto puede tener su propio perfil e interactuar prácticamente sin límites, respecto a sus publicaciones, a sus contenidos compartidos (en muchas ocasiones de noticias sin contrastar), incluso a sus insultos y amenazas, ha creado una inmensa selva donde el riesgo al que están expuestas las personas es elevadísimo, por lo que, la colisión entre la libertad de expresión y derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen se ha convertido en una de las batallas por antonomasia de nuestra época.

Por ello, debemos acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su sentencia 79/2014, de 28 de mayo de 2014, donde se afirma: “el art. 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas.” (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4).

En sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la Sentencia caso Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, ha reiterado que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso (SSTEDH casos Castells c. España, de 23 de abril de 1992, § 42, y Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000, § 43).

Por lo tanto, son muchos los Tribunales que basan su argumentación en que debe existir un interés relevante y público, que pueda suponer una garantía de información para la ciudadanía, una herramienta de control de todo aquéllo que por ser público debe tener un grado suficiente de escrutinio, con el único fin de se cumpla un objetivo positivo para una sociedad.

De hecho, en esa misma sentencia hace una especial referencia a que cuando los afectados son titulares de cargos públicos, éstos han de soportar las críticas o las revelaciones aunque “duelan, choquen o inquieten” (STC 76/1995, de 22 de mayo) o sean “especialmente molestas o hirientes” (STC 192/1999, de 25 de octubre). Estos criterios jurisprudenciales de este Tribunal han sido muy intensamente refrendados en la STEDH de 15 de marzo de 2011 (caso Otegi Mondragón c. España, § 50), que afirma que los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a los sujetos políticos, pues se exponen inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la masa de los ciudadanos; y que los imperativos de protección de su reputación deben ser puestos en una balanza con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, haciendo una interpretación más restrictiva de las excepciones a la libertad de expresión.

De todo lo expuesto, la conclusión que nos queda es que la información que contenga un especial contenido de interés, porque pueda hacer referencia a elementos económicos, políticos, jurídicos, es decir, de carácter público y que afecte de cualquier manera a lo comunitario, debe estar sobreprotegida con el derecho de información y de expresión como derecho fundamental que no puede ser objeto de restricción, siempre y cuando no vulnere los aspectos personales de forma inapropiada, excesiva e irracional, aunque ello suponga un ejercicio de dura crítica a la persona que sea objeto de discusión.

Artículo escrito por CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA SANTIAGO HERNAEZ – LA RIOJA

Bronces jurídicios en el Museo Arqueológico Nacional (Primera parte)

Somos fruto de nuestro pasado.

A poco que volvamos la vista atrás, a poco que indaguemos en textos antiguos, documentos gráficos, literatura e incluso restos materiales de cualquier tipo, se nos hace evidente que el mundo que tenemos es la herencia recibida de las numerosas generaciones que vivieron antes que nosotros. Siempre podemos encontrar precedentes de lo que nos ocurre, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos: a otros seres humanos, antes que nosotros, les ocurrió, lo hicieron, lo pensaron o lo sintieron.

El pasado del que hablamos está a nuestro alcance de numerosas maneras y una de ellas es la visita a los museos en los que las piezas, encontradas, seleccionadas, clasificadas y estudiadas por los expertos nos ofrecen la mejor panorámica que podamos desear.

En la calle Serrano número 13 de Madrid se encuentra el Museo Arqueológico Nacional (MAN), reformado hace pocos años, que merece unas cuantas visitas por las numerosas piezas que conserva y por la extraordinaria calidad de la mismas. Naturalmente las hay que tienen que ver con el mundo del Derecho, con la regulación de las relaciones humanas y es evidente que el legado que nos dejó el mundo romano con respecto a esta disciplina es ingente. Por eso nos vamos a centrar, principalmente en las salas de Hispania Romana que encontraremos en este Museo.

La visita que sugiero debe empezar por el mostrador de información en el que nos haremos con un plano que nos ayude a localizar las salas que, hoy, serán objeto de nuestro interés.

1.- Salas 18 a 22

El año 218 a. C. desembarca en Ampurias un ejército romano dirigido por el general Cneo Cornelio Escipión con la finalidad de intervenir en la Península ibérica contra los cartagineses, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Con este hecho inicia Roma un proceso de lucha contra los cartagineses y, posteriormente, de conquista, ocupación y ROMANIZACIÓN del territorio peninsular. Proceso que el emperador Octavio Cesar Augusto dará por terminado doscientos años después, el 19 a. C. con la finalización de las Guerras contra las tribus Cántabras y Astures. El Senado Romano consideró que con esto se establecía la Pax Romana y encargó construir un monumento conmemorativo que aún se conserva: el Ara Pacis Augustae.

Desde muy pronto se fue imponiendo la influencia de los nuevos ocupantes y mediante ella, los pueblos que habitaban la Península Ibérica, profusamente descritos por los historiadores de la época, fueron adquiriendo el modo de vida de los romanos y convirtiéndolo en propio. De esta manera se fueron generalizando las relaciones sociales, formas comerciales, lengua, entretenimientos, religión y, por supuesto, las leyes que trajeron los conquistadores.

Este proceso, denominado Romanización, se implantó de manera desigual tanto en el tiempo como en el espacio de los diferentes territorios peninsulares. Roma utilizó para ello diversos instrumentos que se mostraron muy eficaces: la explotación del territorio, la implantación de la lengua, el ejército, la religión oficial, la enseñanza de las élites sociales y, por supuesto, las leyes.

En aquellos territorios del sur y este de la península, en los que las influencias de las culturas mediterráneas habían llegado pronto y habían calado profundamente, la Romanización fue muy temprana y muy profunda. En aquellos otros, de la meseta y el norte, más alejados y aislados, el proceso de aculturación fue más lento aunque hemos de tener en cuenta que el periodo de conquista duró doscientos años así que, tiempo hubo para que en la época de Augusto la Península Ibérica fuera ya un territorio romanizado y convertido en varias provincias del Imperio.

En la sala 18 del MAN se exponen piezas que son muestras ejemplares de todos esos instrumentos de romanización de los que hemos hablado anteriormente pero yo quiero fijarme de manera particular en las leyes que aquí se nos muestran en forma de planchas de bronce sobre las que se han grabado textos legales, que solían colocarse en los muros de edificios con la finalidad de que estuvieran a la vista pública. Se conoce a estos documentos como “bronces jurídicos” y en ellos aparecen todo tipo de normativas legales y se han encontrado numerosos en Hispania, principalmente en la provincia de la Betica.

Aquí, en esta sala, vamos a ver:

  1. La Lex Flavia Malacitana.
  2. La Lex Ursonensis-Tablas de Osuna.
  3. La Tabula Gladiatoria.

El primer panel de bronce que nos encontramos al principio de esta sala es el que contiene la Lex Flavia Malacitana.

Del conjunto de cinco planchas en las que estaba escrita la ley, solamente se conserva la encontrada en 1851 por unos obreros que la llevaron a un taller de fundición para venderla al peso y que fue adquirida por el matrimonio malagueño Loring-Heredia que pretendía iniciar con ella una colección de objetos arqueológicos. La pieza, actualmente, pertenece a los fondos del MAN que la adquirió en 1897 por cien mil pesetas.

Se trata de una plancha de bronce en el que se ha grabado a buril un texto legal, escrito en cinco columnas en las que aparecen diecinueve capítulos (del 51 al 69) de la ley para el Municipium Flavium Malacitanum (Málaga) que pasa de ser una ciudad federada a Municipio de pleno derecho en el Imperio Romano.

Antes de ver someramente el contenido de las disposiciones que aquí se recogen hemos de tener en cuenta que, en el largo periodo de tiempo que duró la conquista del territorio peninsular, las ciudades anexionadas iban adquiriendo unos derechos u otros debidos a muy variadas circunstancias y que, por tanto, estaban sometidas a diferentes regímenes jurídicos en los que la población conseguía determinados derechos por sus méritos propios.

Gozaban de todos los privilegios legales aquellos que tenían la Ciudadanía Romana seguidos de los que conseguían la Ciudadanía Latina. Estos privilegios consistían principalmente en la posibilidad de desempeñar cargos públicos y ejercer el sufragio. Y, naturalmente, iban acompañados de obligaciones como el pago de impuestos y el reclutamiento militar.

Por Plinio el Viejo, que murió el año 79 de nuestra era en la erupción del Vesubio que sepultó a Pompeya y Herculano, conocemos, a través de su Naturalis Historia, que el emperador Vespasiano extendió el derecho latino (ius Latii) a las provincias de Hispania. La época de guerras civiles que vivió este emperador seguramente le impulsaron a tomar medidas como esta que, indudablemente, a cambio de la extensión de beneficios a las élites de las ciudades hispanas que pasan a engrosar el número de ciudadanos, incrementa la recaudación fiscal, los apoyos al nuevo emperador, y el reclutamiento de soldados para las legiones.

De modo que el año 74 se promulga el edicto y numerosas ciudades de las Provincias Hispanas, que aún no habían conseguido el derecho latino, se van organizando como municipios latinos durante la dinastía Flavia fundada por el emperador Tito Flavio Vespasiano (9-79 d.C.)

Y para generalizar el conocimiento de estas leyes se elaboraron piezas como esta plancha de bronce en la que aparecen leyes para el Mucipium Flavium Malacitanum.

Los aspectos que se regulan en los capítulos que aparecen en esta pieza son los siguientes:

  • Designación de candidatos y el procedimiento a seguir en caso de que no se presenten los necesarios.
  • Celebración de los comicios especificando el modo en que deben ser emitidos los votos y la permanencia en el cargo de los elegidos.
  • En qué lugar (curia) elegido por sorteo, deben votar los ciudadanos.
  • Quiénes deben ser incluidos en el recuento de votos y quienes excluidos y las circunstancias que deben concurrir en ambos casos.
  • La emisión de los votos. Las urnas, el personal que las vigila, los interventores de los candidatos, el recuento …
  • Empates entre candidatos y criterios a seguirse para la designación.
  • Proclamación de resultados.
  • Sanciones para los que pongan obstáculos a la celebración de los comicios.
  • Fórmula del juramento que deban hacer los elegidos antes de su proclamación.
  • Los candidatos a duumviros o cuestores deben presentar fiadores o hipotecas por una cuantía que garantice una cantidad igual al de los fondos que van a manejar.
  • Prohibición de destruir edificios que no vayan a ser reedificados.
  • Regulación de los arrendamientos.
  • Hipotecas, garantías para ellas y obligaciones de los fiadores.
  • Las multas y procedimientos de reclamación.
  • Rendimiento de cuentas de los cargos públicos.
  • Designación de censores cuando se vaya a rendir cuentas.

Quiero terminar lo que se refiere a la Lex Flavio Malacitana con una curiosidad: en el texto aparece borrado el nombre del emperador Domiciano, el último de la dinastía Flavia. Esto es una consecuencia de la sanción que, a la muerte de dicho emperador, le impuso el Senado Romano por su nefasto gobierno. Este tipo de castigo póstumo, abolitio nominis, se llamó, más tarde, damnatio memoriae.

¿Nos suena de algo?

Si alguien tiene interés en ello puede descargar una traducción completa en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=825439

Artículo escrito por Juan Dorado Vicente

Breve analisis Ingreso Mínimo Vital

Hoy entraba en vigor el Real Decreto Ley 20/2020 de 29 de mayo por el que se aprobaba lo denominado como “Ingreso Mínimo Vital”, de ahora en adelante nos referiremos a ella como IMV.

El IMV es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social de personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

Esta prestación garantiza un nivel mínimo de renta, pues se configura como una acción protectora básica del individuo, y se determina que su duración sea prolongada siempre que persista la situación de vulnerabilidad y se sigan cumpliendo el resto de requisitos que a continuación desarrollaremos. Dicho IMV es intransferible.

Beneficiarios

– Las personas integrantes de una unidad de convivencia:

* Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho; o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

* También se considera unidad de convivencia una persona víctima de violencia de género o doméstica que haya abandonado su domicilio familiar acompañada de sus hijos o menores y familiares en las mismas condiciones que el apartado anterior. También para personas que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.

* Por último, las formadas por dos o más personas mayores de 23 años o menores de 65 que habiten el mismo domicilio sin relación entre sí, que hayan vivido de forma independiente al menos los 3 años anteriores a la solicitud. Estas unidades pueden compartir vivienda con otra unidad de convivencia constituida por miembros de una familia o relación análoga.

En ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos o más unidades de convivencia.

– Las personas de al menos 23 años y menores de 65 que vivan solas o que compartiendo domicilio con una unidad de convivencia no se integren en la misma

Nota: No se exigirán los requisitos de edad ni el anterior a personas que sean victimas de violencia de genero o victimas de trata de seres humanos y explotación sexual

Titulares

Son titulares de esta prestación las personas que la soliciten y la perciban, bien sea en nombre propio o en nombre de toda la unidad de convivencia.

La solicitud deberá ir firmada por todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad y que no estén incapacitados judicialmente

Las personas titulares deberán tener una edad mínima de 23 años o ser mayor de edad o menor emancipado si tienen hijos o menores a su cargo; y se deberá ser menor de 65 años salvo que dichos mayores de 65 tengan menores de edad o incapacitados a su cargo

En el caso de que no se trate de una unidad de convivencia, la edad mínima será de 23 años a excepción de los casos de victimas de violencia de genero o trata de seres humanos y explotación sexual

Para el supuesto de que en una unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar la condición de titular, será considerado como tal la persona a la que se le reconozca dicha prestación solicitada en nombre de la unidad de convivencia.

¿Cuáles son los requisitos?

– Residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud

– Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes

– Haber solicitado el resto de pensiones y prestaciones sociales

– Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados figurar inscritos como como demandante de empleo

¿Qué se entiende por situación de vulnerabilidad económica?

Para la determinación de la situación de vulnerabilidad económica se tomará en consideración la capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros.

Se apreciará que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en los términos establecidos en el artículo 18, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia.

Además, se vigilará el patrimonio que excluirá a quienes superen los límites fijados para cada tipo de hogar. Dichos umbrales de patrimonio son los siguientes:

Unidades de convivenciaLímite de patrimonio (año 2019)
Un adulto16.614,00 €
Un adulto y un menor23.259,60 €
Un adulto y dos menores29.905,20 €
Un adulto y tres o más menores36.550,80 €
Dos adultos23.259,60 €
Dos adultos y un menor29.905,20 €
Dos adultos y dos menores36.550,80 €
Dos adultos y tres o más menores43.196,40 €
Tres adultos29.905,20 €
Tres adultos y un menor36.550,80 €
Tres adultos y dos o más niños43.196,40 €
Cuatro adultos36.550,80 €
Cuatro adultos y un niño43.196,40 €
Unidades con más miembros43.196,40 €

¿Cuándo y dónde se va a poder solicitar?

Se podrá solicitar a partir del 15 de junio de 2020. Se ha establecido además que las solicitudes presentadas durante los tres primeros meses (hasta el 15 de septiembre) tengan efectos económicos retroactivos desde el 1 de junio de 2020, siempre que se cumplan los requisitos en dicha fecha.

Se solicita de forma telemática al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y además se está trabajando para que se pueda acceder a través de ayuntamientos, una vez se firmen los convenios previstos.

¿Me pueden suspender el derecho?

Sí. El derecho al ingreso mínimo vital se suspenderá por las siguientes causas:

a) Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

b) Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación.

c) En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.

d) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia.

La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma.

Si la suspensión se mantiene durante un año, el derecho a la prestación quedará extinguido.

Desaparecidas las causas que motivaron la suspensión del derecho, se procederá de oficio o a instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento.

¿Y aparte de la suspensión del derecho, me lo pueden extinguir?

Sí. El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital se extinguirá por las siguientes causas:

a) Fallecimiento de la persona titular. No obstante, cuando se trate de unidades de convivencia, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos, podrá presentar una nueva solicitud en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha del fallecimiento para el reconocimiento de un nuevo derecho.

b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestación.

c) Resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine.

d) Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año.

e) Renuncia del derecho.

f) Suspensión de un año.

g) Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia.

Cuantía del derecho

Unidad de convivenciaMensualAnual
Un adulto solo461,50 €5.538,00 €
Un adulto y un menor701,48 €8.417,76 €
Un adulto y dos menores839,93 €10.079,16 €
Un adulto y tres o más menores978,38 €11.740,56 €
Dos adultos599,95 €7.199,40 €
Dos adultos y un menor738,40 €8.860,80 €
Dos adultos y dos menores876,85 €10.522,20 €
Dos adultos y tres o más menores1.015,30 €12.183,60 €
Tres adultos738,40 €8.860,80 €
Tres adultos y un menor876,85 €10.522,20 €
Tres adultos y dos o más niños1.015,30 €12.183,60 €
Cuatro adultos876,85 €10.522,20 €
Cuatro adultos y un niño1.015,30 €12.183,60 €
Unidades mayores de convivencia1.015,3012.183,60 €

Artículo escrito por Maria Luisa García Galiano – Cuenca y Ciudad Real