20/10/2021
embargo judicial

El embargo Judicial. Embargo de salarios y pensiones.

Un embargo supone la retención de determinados bienes del deudor con un
determinado valor económico, para hacer frente al pago de una deuda.

Los embargos pueden ser administrativos o judiciales: el embargo administrativo es
aquel que proviene de una Administración, tal como la Seguridad Social, la Hacienda
Pública, un Ayuntamiento o una Comunidad Autónoma. El embargo judicial, por su
parte, viene ordenado por una autoridad judicial en el marco de una ejecución forzosa.

Mediante el embargo judicial se persigue individualizar los bienes del deudor, de
modo que pueda proporcionarse al acreedor una cantidad de dinero, bien
directamente, bien mediante la realización de otros elementos patrimoniales del
deudor que sean susceptibles de convertirse en dinero, para así liquidar la deuda.

El embargo judicial está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente, en
el Capítulo III del Título IV dentro del Libro III.

El embargo judicial se tiene por realizado desde el momento en que el Letrado de la
Administración de Justicia, dentro del procedimiento de ejecución forzosa, dicte el
correspondiente Decreto o reseñe la descripción de un bien concreto en la oportuna
Diligencia de Ordenación, tal y como establece el artículo 587 de la LEC.

El orden de los bienes del ejecutado a embargar viene recogido en el artículo 592 de la
referida Ley de Enjuiciamiento Civil. Establece este artículo en su primer ordinal que,
salvo pacto entre el deudor y el acreedor, el Letrado de la Administración de Justicia
acordará el embargo de los bienes del ejecutado “procurando tener en cuenta la
mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado.” Y,
en su segundo ordinal, detalla el orden de prelación de los bienes, siendo el siguiente:

1.º Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase.
2.º Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u
otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario
oficial de valores.
3.º Joyas y objetos de arte.
4.º Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo.
5.º Intereses, rentas y frutos de toda especie.
6.º Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a
cotización oficial y participaciones sociales.
7.º Bienes inmuebles.
8.º Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades
profesionales y mercantiles autónomas.
9.º Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.

En cuanto al embargo de los sueldos, salarios o pensiones, el art. 607.1 de la LEC
establece una limitación; a saber: “Es inembargable el salario, sueldo, pensión,
retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario
mínimo interprofesional.”

Si el sueldo, salario o pensión excede del salario mínimo interprofesional, será
embargable conforme a la escala que recoge el artículo 607 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en su segundo apartado:

“1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble
del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.
2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario
mínimo interprofesional, el 50 por 100.
3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario
mínimo interprofesional, el 60 por 100.
4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario
mínimo interprofesional, el 75 por 100.
5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.”

Sin embargo y, respecto de esta limitación en cuanto a la inembargabilidad del sueldo,
salario, pensión o retribución equivalente, el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil establece una EXCEPCIÓN, para el caso de que se trate de un embargo derivado
de impagos de pensiones de alimentos derivadas de la ley y/o acordadas
judicialmente. En tal caso, el sueldo, salario, pensión o retribución podrá embargarse
en la cuantía que la autoridad judicial determine, independientemente de que no
exceda del salario mínimo interprofesional.

Artículo escrito por Serna Ruiz Abogados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.