El Reglamento General de protección de Datos y la Ley Orgánica de protección de datos y garantía de Derechos digitales

Desde el pasado 25 de mayo de 2018 es aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, también conocido por sus siglas RGPD o bien GDPR, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Posteriormente, en España el 5 de diciembre de 2018 se publicó la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); la entrada en vigor se produjo al día de su publicación y el objeto de esta ley es, por un lado, adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y completar determinadas disposiciones del mismo, y además garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

¿Por qué es importante la protección de datos de carácter personal?

Recordemos que nuestra Carta Magna, de forma novedosa, reconoció y detectó la necesidad de que debía limitarse el avance de la técnica, en tanto en cuanto dicho avance pudiera suponer una injerencia en el derecho fundamental a la intimidad, y el resultado fue el artículo 18 apartado 4 en el que se establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Por otro lado, no debemos olvidar, y en relación con lo anteriormente expuesto, que la protección de los datos personales de las personas físicas es un derecho fundamental, reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

¿Qué entiende el RGPD por dato de carácter personal?

En sus primeros artículos el RPGD define como dato personal, como toda aquella información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

Es decir, estamos ante una definición muy amplia, en tanto en cuanto se establece que la persona puede ser identificada tanto directa como indirectamente, y porque el propio concepto nos habla de que será dato, toda aquella información sobre una persona física.

Esta amplitud debe hacer que, como organización, cuando tratemos información seamos especialmente cuidadosos y escrupulosos en relación a las medidas técnicas y organizativas en el tratamiento de la misma, además de prestar especial cuidado a lo indicado en el cumplimiento de los principios recogidos en la normativa.

¿Cuáles son los aspectos relacionados con los datos de carácter personal a los que debemos prestar especial atención?

Si bien no es fácil, resumir en unas pocas líneas lo que la legislación recoge en centenares de folios, y la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es) matiza en sus informes y resoluciones, podemos indicar que los aspectos principales nos los marcan los principios recogidos en el RGPD.

En relación a los mismos, se establece que los datos de carácter personal serán tratados de manera lícita, leal y transparente, y serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos.

Además, en relación a la minimización de datos se establece que los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

Los datos deberán ser exactos y deberán ser actualizados; el propio RGPD establece que en relación a los datos existirá una limitación en el tiempo de conservación de los mismos.

Y por último aunque no menos importante, los datos deberán ser tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada. Esta seguridad adecuada supone incluso una protección contra tratamientos no autorizados o ilícitos, además de protección contra su pérdida, destrucción o daño accidental; la manera de llevarlo a cabo será mediante la implantación en las organizaciones de procedimientos que recojan medidas técnicas u organizativas.

Toda organización deberá valorar, determinar y ser capaz de demostrar que aplica esas medidas técnicas y organizativas (responsabilidad proactiva); medidas que deberán adecuarse a cada caso en concreto, y que al respecto nos conviene ser precavidos, porque con la aplicación de las mismas, estamos cumpliendo una obligación legal (y evitaremos infracciones y sanciones), protegeremos un derecho fundamental de los titulares de los datos de carácter personal, y además, protegeremos un activo fundamental de nuestra organización (empresa o administración pública) como es la información (entendida en relación a información referida a personas físicas).

¿Qué derechos tengo por ser titular de datos de carácter personal?

Para finalizar este pequeño artículo en relación a la normativa de protección de datos, no debemos olvidar hacer una referencia a los derechos que se reconocen a toda persona física por el mero hecho de ser titular de datos, y que aumentan respecto a los derechos que la anterior LOPD reconocía y que eran reconocidos por el acrónimo ARCO. A continuación nos acercaremos de una manera somera a los mismos.

El interesado o titular de los datos tiene derecho a acceder a sus datos, es decir, derecho a obtener de la entidad que trata los datos la confirmación de si se están tratando sus datos y a saber, entre otras, la finalidad del tratamiento, la categoría de datos tratados, los destinatarios de la información, el plazo previsto de conservación, la posibilidad de ejercitar los derechos y el derecho a conocer que puede presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente.

Además, la normativa recoge el derecho de rectificación, y establece que el interesado, sin dilación indebida, obtendrá de la organización que trata la información, la rectificación de los datos personales que le conciernan.

También se reconoce el derecho de supresión de los datos o derecho al olvido, entendido como el derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan siempre que se den una serie de circunstancias. Cabe decir que el ejercicio de este derecho no es ilimitado, y deberá tenerse en cuenta el derecho a la libertad de expresión e información, así como razones de interés público en el ámbito de la salud, entre otras excepciones.

El titular de los datos tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos, y ello en el caso de que se den una serie de condiciones.

Uno de las novedades en relación a los derechos que recoge la normativa es el derecho de portabilidad de los datos; que se reconoce como el derecho del interesado a recibir los datos personales que le incumban de la siguiente forma:

– En un formato estructurado

– De uso común.

– Y de lectura mecánica

Además de disponer del derecho a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.

El derecho de oposición, ya reconocido por la anterior normativa, se sigue manteniendo; siendo la posibilidad de que el interesado pueda oponerse en cualquier momento a tratamientos de datos que le conciernen.

Y para finalizar, el apartado de derechos, se reconoce el derecho de toda persona a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

La LOPDGDD reconoce además respecto de las personas fallecidas, que las personas vinculadas al mismo por razones familiares o de hecho así como sus herederos, puedan dirigirse al responsable del tratamiento, o incluso al encargado del tratamiento, y ejercer el derecho de acceso a los datos de carácter personal de la persona fallecida, y en su caso, ejercitar además el derecho de rectificación o el derecho de supresión de los datos.

Artículo escrito por ANDONI GARCIA IMAZ – GUIPUZCOA

El alquiler de pisos turísticos y las medidas derivadas del estado de alarma

España es un país que tiene en el sector turístico una de sus principales
fuentes de ingresos, motivo éste por el que, desde hace ya unos años, se ha
venido regulando con mayor intensidad el alquiler de los pisos turísticos.


Hay numerosas empresas que, sobre todo, en las zonas costeras y en las
islas, tienen por objeto social el alquiler de inmuebles con fines turísticos;
en algunos casos, se trata de inmuebles que son propiedad de las mismas
empresas, pero en muchos otros casos, dichos inmuebles son propiedad de
un tercero con los que la empresa mantiene un contrato de arrendamiento con posibilidad de subarriendo para dedicarlos a su actividad.


Debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, el sector turístico se
ha visto fuertemente afectado en los últimos meses, viéndose detenida
toda la actividad en torno a los alquileres de pisos turísticos.
En el caso de las empresas que tienen alquilados inmuebles a terceros para,a su vez, alquilarlos con fines turísticos, ¿qué medidas se han establecido? ¿Les resulta aplicable el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo?


Pues bien, es importante tener en cuenta que, en el caso de los pisos
turísticos, pese a ser viviendas, no tienen el carácter de vivienda habitual,
por los que no pueden serles de aplicación las medidas relativas a las
vivienda habitual que recoge el mencionado Real Decreto-ley 11/2020, de
31 de marzo; es por ello que no pueden acogerse los arrendatarios de estosinmuebles, por ejemplo, a instar la prórroga de los contratos de
arrendamiento por un periodo de 6 meses, obligatoria para el arrendador; prórroga que los inquilinos podrán pedir hasta incluso el plazo de dos meses desde la finalización del estado de alarma.


Por tanto, y por analogía, resultarán aplicables a los pisos turísticos las
medidas recogidas el Real Decreto 15/2020, de 21 de abril, referentes al
arrendamiento de locales de negocio. Así, una gran diferencia entre estos
inmuebles y las viviendas habituales, estriba en que en los contratos de
arrendamiento de locales o de viviendas dedicadas a alquiler turístico no
existe obligación de prorrogarlos más allá de su vencimiento, a menos que
entre las partes medie pacto en contrario.


El referido Real Decreto 15/2020, de 21 de abril, contempla otras medidas
para aquellos casos en los que el arrendador se considere un “gran
tenedor”. Sin embargo, para arrendadores que no tienen tal consideración,no existen obligaciones específicas, dejando al acuerdo entre las partescualquier modificación del contrato del mismo, moratorio o prórroga.

Artículo escrito por SERNA RUIZ ABOGADOS – MADRID y AVILA

Bronces jurídicios en el Museo Arqueológico Nacional (Primera parte)

Somos fruto de nuestro pasado.

A poco que volvamos la vista atrás, a poco que indaguemos en textos antiguos, documentos gráficos, literatura e incluso restos materiales de cualquier tipo, se nos hace evidente que el mundo que tenemos es la herencia recibida de las numerosas generaciones que vivieron antes que nosotros. Siempre podemos encontrar precedentes de lo que nos ocurre, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos: a otros seres humanos, antes que nosotros, les ocurrió, lo hicieron, lo pensaron o lo sintieron.

El pasado del que hablamos está a nuestro alcance de numerosas maneras y una de ellas es la visita a los museos en los que las piezas, encontradas, seleccionadas, clasificadas y estudiadas por los expertos nos ofrecen la mejor panorámica que podamos desear.

En la calle Serrano número 13 de Madrid se encuentra el Museo Arqueológico Nacional (MAN), reformado hace pocos años, que merece unas cuantas visitas por las numerosas piezas que conserva y por la extraordinaria calidad de la mismas. Naturalmente las hay que tienen que ver con el mundo del Derecho, con la regulación de las relaciones humanas y es evidente que el legado que nos dejó el mundo romano con respecto a esta disciplina es ingente. Por eso nos vamos a centrar, principalmente en las salas de Hispania Romana que encontraremos en este Museo.

La visita que sugiero debe empezar por el mostrador de información en el que nos haremos con un plano que nos ayude a localizar las salas que, hoy, serán objeto de nuestro interés.

1.- Salas 18 a 22

El año 218 a. C. desembarca en Ampurias un ejército romano dirigido por el general Cneo Cornelio Escipión con la finalidad de intervenir en la Península ibérica contra los cartagineses, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Con este hecho inicia Roma un proceso de lucha contra los cartagineses y, posteriormente, de conquista, ocupación y ROMANIZACIÓN del territorio peninsular. Proceso que el emperador Octavio Cesar Augusto dará por terminado doscientos años después, el 19 a. C. con la finalización de las Guerras contra las tribus Cántabras y Astures. El Senado Romano consideró que con esto se establecía la Pax Romana y encargó construir un monumento conmemorativo que aún se conserva: el Ara Pacis Augustae.

Desde muy pronto se fue imponiendo la influencia de los nuevos ocupantes y mediante ella, los pueblos que habitaban la Península Ibérica, profusamente descritos por los historiadores de la época, fueron adquiriendo el modo de vida de los romanos y convirtiéndolo en propio. De esta manera se fueron generalizando las relaciones sociales, formas comerciales, lengua, entretenimientos, religión y, por supuesto, las leyes que trajeron los conquistadores.

Este proceso, denominado Romanización, se implantó de manera desigual tanto en el tiempo como en el espacio de los diferentes territorios peninsulares. Roma utilizó para ello diversos instrumentos que se mostraron muy eficaces: la explotación del territorio, la implantación de la lengua, el ejército, la religión oficial, la enseñanza de las élites sociales y, por supuesto, las leyes.

En aquellos territorios del sur y este de la península, en los que las influencias de las culturas mediterráneas habían llegado pronto y habían calado profundamente, la Romanización fue muy temprana y muy profunda. En aquellos otros, de la meseta y el norte, más alejados y aislados, el proceso de aculturación fue más lento aunque hemos de tener en cuenta que el periodo de conquista duró doscientos años así que, tiempo hubo para que en la época de Augusto la Península Ibérica fuera ya un territorio romanizado y convertido en varias provincias del Imperio.

En la sala 18 del MAN se exponen piezas que son muestras ejemplares de todos esos instrumentos de romanización de los que hemos hablado anteriormente pero yo quiero fijarme de manera particular en las leyes que aquí se nos muestran en forma de planchas de bronce sobre las que se han grabado textos legales, que solían colocarse en los muros de edificios con la finalidad de que estuvieran a la vista pública. Se conoce a estos documentos como “bronces jurídicos” y en ellos aparecen todo tipo de normativas legales y se han encontrado numerosos en Hispania, principalmente en la provincia de la Betica.

Aquí, en esta sala, vamos a ver:

  1. La Lex Flavia Malacitana.
  2. La Lex Ursonensis-Tablas de Osuna.
  3. La Tabula Gladiatoria.

El primer panel de bronce que nos encontramos al principio de esta sala es el que contiene la Lex Flavia Malacitana.

Del conjunto de cinco planchas en las que estaba escrita la ley, solamente se conserva la encontrada en 1851 por unos obreros que la llevaron a un taller de fundición para venderla al peso y que fue adquirida por el matrimonio malagueño Loring-Heredia que pretendía iniciar con ella una colección de objetos arqueológicos. La pieza, actualmente, pertenece a los fondos del MAN que la adquirió en 1897 por cien mil pesetas.

Se trata de una plancha de bronce en el que se ha grabado a buril un texto legal, escrito en cinco columnas en las que aparecen diecinueve capítulos (del 51 al 69) de la ley para el Municipium Flavium Malacitanum (Málaga) que pasa de ser una ciudad federada a Municipio de pleno derecho en el Imperio Romano.

Antes de ver someramente el contenido de las disposiciones que aquí se recogen hemos de tener en cuenta que, en el largo periodo de tiempo que duró la conquista del territorio peninsular, las ciudades anexionadas iban adquiriendo unos derechos u otros debidos a muy variadas circunstancias y que, por tanto, estaban sometidas a diferentes regímenes jurídicos en los que la población conseguía determinados derechos por sus méritos propios.

Gozaban de todos los privilegios legales aquellos que tenían la Ciudadanía Romana seguidos de los que conseguían la Ciudadanía Latina. Estos privilegios consistían principalmente en la posibilidad de desempeñar cargos públicos y ejercer el sufragio. Y, naturalmente, iban acompañados de obligaciones como el pago de impuestos y el reclutamiento militar.

Por Plinio el Viejo, que murió el año 79 de nuestra era en la erupción del Vesubio que sepultó a Pompeya y Herculano, conocemos, a través de su Naturalis Historia, que el emperador Vespasiano extendió el derecho latino (ius Latii) a las provincias de Hispania. La época de guerras civiles que vivió este emperador seguramente le impulsaron a tomar medidas como esta que, indudablemente, a cambio de la extensión de beneficios a las élites de las ciudades hispanas que pasan a engrosar el número de ciudadanos, incrementa la recaudación fiscal, los apoyos al nuevo emperador, y el reclutamiento de soldados para las legiones.

De modo que el año 74 se promulga el edicto y numerosas ciudades de las Provincias Hispanas, que aún no habían conseguido el derecho latino, se van organizando como municipios latinos durante la dinastía Flavia fundada por el emperador Tito Flavio Vespasiano (9-79 d.C.)

Y para generalizar el conocimiento de estas leyes se elaboraron piezas como esta plancha de bronce en la que aparecen leyes para el Mucipium Flavium Malacitanum.

Los aspectos que se regulan en los capítulos que aparecen en esta pieza son los siguientes:

  • Designación de candidatos y el procedimiento a seguir en caso de que no se presenten los necesarios.
  • Celebración de los comicios especificando el modo en que deben ser emitidos los votos y la permanencia en el cargo de los elegidos.
  • En qué lugar (curia) elegido por sorteo, deben votar los ciudadanos.
  • Quiénes deben ser incluidos en el recuento de votos y quienes excluidos y las circunstancias que deben concurrir en ambos casos.
  • La emisión de los votos. Las urnas, el personal que las vigila, los interventores de los candidatos, el recuento …
  • Empates entre candidatos y criterios a seguirse para la designación.
  • Proclamación de resultados.
  • Sanciones para los que pongan obstáculos a la celebración de los comicios.
  • Fórmula del juramento que deban hacer los elegidos antes de su proclamación.
  • Los candidatos a duumviros o cuestores deben presentar fiadores o hipotecas por una cuantía que garantice una cantidad igual al de los fondos que van a manejar.
  • Prohibición de destruir edificios que no vayan a ser reedificados.
  • Regulación de los arrendamientos.
  • Hipotecas, garantías para ellas y obligaciones de los fiadores.
  • Las multas y procedimientos de reclamación.
  • Rendimiento de cuentas de los cargos públicos.
  • Designación de censores cuando se vaya a rendir cuentas.

Quiero terminar lo que se refiere a la Lex Flavio Malacitana con una curiosidad: en el texto aparece borrado el nombre del emperador Domiciano, el último de la dinastía Flavia. Esto es una consecuencia de la sanción que, a la muerte de dicho emperador, le impuso el Senado Romano por su nefasto gobierno. Este tipo de castigo póstumo, abolitio nominis, se llamó, más tarde, damnatio memoriae.

¿Nos suena de algo?

Si alguien tiene interés en ello puede descargar una traducción completa en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=825439

Artículo escrito por Juan Dorado Vicente