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¿Prision por crear o difundir bulos sobre el coronavirus?

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El pasado 14 de marzo de 2020 se decretó el Estado de Alarma en toda España debido a la emergencia sanitaria que atravesamos por COVID-19, siendo la segunda vez en la historia de nuestra democracia que se decreta.

El Estado de Alarma es una situación extraordinaria regulada en la Constitución Española, en su artículo 116, y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio de Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

Desde entonces, son numerosos los bulos que circulan en la red con ocasión de la pandemia global que atravesamos. Pero, ¿tan grave es esta conducta?

Los bulos o rumores falsos suelen tener origen en personas que crean una historia fraudulenta y la propagan, provocando una desinformación masiva que puede, incluso, en algunas situaciones, perjudicar de gravedad a las víctimas, como ha ocurrido en otros países, en los que han fallecido personas por aplicar remedios falsos contra el coronavirus (caso de Irán, 300 fallecidos por ingerir un falso remedio contra el coronavirus).

Existe una creencia bastante extendida en la sociedad de que compartir o crear bulos libremente no tiene consecuencias, pero no es verdad, la mayoría de las personas llevan a su enemigo en el bolsillo, las redes son muy útiles para estar informados, pero también son un hervidero de desinformación, la mayoría de las personas no contrastan la información que les llega, y siguen compartiéndola, y ante estas situaciones, la Ley puede dar más de una sorpresa.

Simular una situación de peligro para generar temor y alarma social, incitar al odio, alterar la paz pública o dañar el honor de alguien son delitos que pueden ser castigados con penas de prisión de hasta cuatro años.

Desde el punto de vista jurídico, no existe un delito concreto que recoja la conducta de crear o difundir bulos, no obstante, y como ya se ha mencionado más arriba, son varios los delitos que se pueden cometer si realizamos esta conducta. El más común es el DELITO DE FALSA ALARMA O SIMULACIÓN DE PELIGRO, recogido en el articulo 561 del Código Penal, y que prevé una pena de prisión de hasta un año o una pena de multa de hasta 18 meses, para quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento.

Los DELITOS CONTRA EL HONOR también pueden entrar en juego cuando el bulo afecta de forma más concreta a personas o empresas, por desprestigiarlas, o dañar la honorabilidad de alguien, mediante la injuria y la calumnia.

Así, las CALUMNIAS consisten en afirmar que alguien ha cometido un delito a sabiendas de que no ha sido así, solo para desprestigiarlo o provocar un daño mayor, una gran mayoría de bulos tienen este fin, causando un perjuicio a la víctima o victimas con el solo hecho de propagarse, este delito puede ser castigado con la pena de prisión de hasta dos años si se difunde en medios como imprenta, radio, o como es el caso de muchos bulos, que se propagan por diversos medios como paginas web, redes sociales, etc.

Las INJURIAS, se consideran toda expresión ejecutada con menosprecio, descrédito o deshonra de otra persona, atentando contra su reputación o contra su propia estima, al igual que la calumnia, puede llegar a castigarse con penas de multa de hasta 14 meses si se hace con publicidad, si la injuria solo consiste en insultos, solo llevara aparejada sanción cuando la persona ofendida sea un familiar directo o una autoridad.

El delito de INCITACIÓN AL ODIO puede darse cuando los bulos difundidos en las redes sociales sobre el virus promuevan o inciten al odio, discriminación o violencia, ya sea contra una persona o contra un colectivo, así, el articulo 510 del Código Penal prevé penas de prisión de hasta cuatro años, además de penas de multa, para quien realice esta conducta.

La Policía y la Guardia Civil recopilan información estos días sobre las noticias falsas y Fiscalía estudia “caso por caso” para actuar en caso de que conlleven responsabilidad civil.

¿QUÉ HAGO SI ME LLEGA UN BULO?

En primer lugar, cuando recibas una noticia por redes sociales es fundamental CONTRASTAR LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE FUENTES OFICIALES O DE CONFIANZA, desconfiando principalmente de los mensajes que animan a su renvío y de aquellos con un claro aspecto alarmante y sensacionalista. En ningún momento debemos tratar como veraz este tipo de información si desconocemos su origen.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) explican que las noticias falsas suelen tener titulares llamativos, sorprendentes o poco creíbles.

Si tienes dudas, consulta el portal habilitado por el Gobierno para toda la información relacionada con el coronavirus:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Recomendamos DENUNCIAR los bulos detectados en la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil o en la Policía Nacional. Y NO CONTINUAR CON LA CADENA de propagación de la noticia falsa.

En definitiva, crear o compartir bulos en internet y en redes sociales no solo es molesto y perjudicial, sino que puede conllevar consecuencias graves para quien lo haga.

¡NO TE CREAS TODO LO QUE VES EN INTERNET!

Artículo escrito por MARIA AGUILERA BUDIA – MALAGA

Estado de Alarma. Efectos sobre los Procedimientos Penales.

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Como todos sabemos, el pasado día 14 de marzo se decretó por segunda vez en la democracia el estado de alarma, conforme a lo previsto en el art. 116 de la Constitución Española, mediante “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.”

En su artículo 7 se dispone la limitación de la libertad de circulación de las personas de tal forma que establece un régimen de confinamiento, exceptuando las siguientes actividades:

“a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.”

La referencia expresa relativa a la incidencia de este estado de alarma sobre los procedimientos penales en curso la encontramos en la Disposición adicional segunda, de suspensión de plazos procesales que dice:

“1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

[…]”

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.”

Así pues, quiero llamar la atención sobre el hecho de que el decreto no hace mención alguna sobre qué ocurre con las medidas cautelares personales consistentes en las comparecencias apud acta periódicas.

Bajo mi punto de vista, el estado de alarma deja en suspenso la obligación de comparecer, principalmentepor las siguientes razones:

  • No se prevé como causa para poder abandonar el domicilio en el art. 7 del Decreto;
  • La disposición adicional segunda en el punto 2º no prevé las comparecencias apud acta dentro de los supuestos repecto los que no aplicará la suspensión de plazos y diligencias, ya que no forman parte de las actuaciones urgentes ni de guardia;
  • Para el caso de que la obligación de comparecer sea en días hábiles según el auto habilitante, han quedado inhabilitados por el decreto, lo que suspende temporalmente la obligación de comparecer.

Mi consejo para aquellos que tengan clientes con dichas obligaciones es que se les informe de esta circunstancia y se les recomiende, ya que entiendo que puede haber discrepancias en la aplicación por parte de los Juzgados:

  • O bien, Comparecer la siguiente vez que les toque y preguntar si han de seguir compareciendo mientras dure la situación de estado de alarma;
  • O bien, que antes de desplazarse al Juzgado llamen para preguntarlo y en función de lo que les digan, se desplacen o no hasta nuevo aviso,
  • O bien si directamente no quieren comparecer por el riesgo que puede haber de contagios, como es lógico, sus letrados presentemos escrito alegando las anteriores circunstancias como razón de la incomparecencia.

Como colofón y en apoyo a mi opinión me gustaría informar que, a través de Twitter, el compañero Jorge Navarro ha solicitado pronunciamiento expreso al respecto al TSJ Catalunya, que ha respondido en este sentido, como podréis ver en el enlace que os dejo más abajo

Feliz confinamiento a todos.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

Artículo escrito por CLARA MARTÍNEZ NOGUÉS – GIRONA y TARRAGONA