El valor de las declaraciones prestadas ante la Policía

Cuando asistimos a un cliente que se encuentra en las dependencias de la Policía (o en su caso, de la Guardia Civil), ya sea porque estemos de guardia, o porque el cliente nos designe particularmente, nuestra primera reacción suele ser recomendar al cliente que se acoja a su derecho a no declarar en dichas dependencias, manifestando que lo hará en sede judicial.

No obstante, hay algunos supuestos en que el cliente no atiende a razones y quiere declarar, o que, nos parece a priori que, previendo difícil cualquier estrategia de defensa, nos planteemos recomendar al cliente que declare a fin de que dicha declaración pueda ser tenida en cuenta de cara a la atenuante de confesión del artículo 21.4º del Código penal.

Sin embargo, puede suceder que, una vez prestada la declaración ante la Policía, con posterioridad el curso del procedimiento no sea el deseado, o que la conformidad que teníamos en mente no se de en los términos que teníamos pensados y optemos por otra estrategia.

¿Qué sucede entonces cuando nuestro cliente ya ha declarado autoinculpándose ante la Policia? ¿Qué valor probatorio tiene esta declaración?

Actualmente, el criterio vigente, adoptado por el Tribunal Supremo en 2015, es el de que las declaraciones efectuadas ante los funcionarios de policía carecen de valor probatorio. Pero este criterio no fue siempre tan taxativo.

Así, el 28 de noviembre de 2006, la Sala Segunda del Tribunal Supremo emitió un Acuerdo del Pleno de dicha Sala, no jurisdiccional, por el que establecía que:

«Las declaraciones válidamente prestadas ante la policía pueden ser objeto de valoración por el Tribunal, previa su incorporación al juicio oral en alguna de las formas admitidas por la jurisprudencia».

No obstante, el Tribunal Constitucional ya en su Sentencia 31/1981 disponía que la declaración ante la policía, al formar parte del atestado, únicamente habría de tener el valor de denuncia, conforme al artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y que dicha declaración habría de introducirse en el acto de vista oral a través de auténticos medios probatorios; por lo que no sería medio de prueba en sí, sino objeto de prueba, al poder contener datos objetivos y verificables.

De este modo, y conforme a este criterio, únicamente las declaraciones plenarias, realizadas en el acto de vista oral, o las realizadas ante el Juez de instrucción con respeto al principio de contradicción, podrían ser consideradas por los Tribunales como posible fundamento de una sentencia condenatoria. Por ello, para que dicha declaración tuviera algún valor, sería necesario que la misma fuere reiterada y ratificada ante el órgano judicial.

No obstante, esta línea mantenida por el Tribunal Constitucional fue objeto de matización en dos sentencias posteriores, las SSTC 165/2014 y la 85/2015.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 165/2014 introdujo la posibilidad de que la declaración ante los funcionarios de policía pudiera tener valor si, en caso de contradicción entre la misma y la declaración vertida en el juicio, dichos agentes comparecían en el acto de vista oral; o si dicha declaración se introducía como documental por la vía del artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/2015, analizó el valor de las declaraciones autoinculpatorias prestadas por el investigado ante la Policía. Dicha Sentencia dispuso que para que esta autoinculpación tuviera valor probatorio, la declaración ante la Policía tenía que reunir tres requisitos:

  1. Que estuviera constatada la regularidad de la declaración.
  2. Que se incorporara al juicio con las garantías de publicidad y contradicción.
  3. La existencia de otras pruebas que corroboraran el contenido de la declaración policial.

Estas matizaciones que el Tribunal Constitucional introdujo en la que había sido su propia línea en la materia hasta el momento, ocasionaron no pocas dudas; lo que llevó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a adoptar, el 3 de junio de 2015, el siguiente Acuerdo no jurisdiccional:

«Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio.

No pueden operar como corroboración de los medios de prueba. Ni ser contrastadas por la vía del art. 714 de la LECR. Ni cabe su utilización como prueba preconstituida en los términos del art. 730 de la LECR.

Tampoco pueden ser incorporadas al acervo probatorio mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron.

Sin embargo, cuando los datos objetivos contenidos en la autoinculpación son acreditados como veraces por verdaderos medios de prueba, el conocimiento de aquellos datos por el declarante evidenciado en la autoinculpación puede constituir un hecho base para legítimas y lógicas inferencias. Para constatar, a estos exclusivos efectos, la validez y el contenido de la declaración policial deberán prestar testimonio en el juicio los agentes policiales que la presenciaron.

Este acuerdo sustituye el que sobre la materia se había adoptado en el mes de noviembre de 2006».

De esta manera, este es el criterio que rige actualmente. Cabe preguntarse por qué se niega el valor probatorio a las declaraciones efectuadas en las dependencias de la policía, cuando dicha versión no es luego ratificada en sede judicial.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 68/2010, de 18 de octubre, tras reiterar que las declaraciones ante la policía, al formar parte del atestado únicamente tienen valor de denuncia, y que carecen de valor probatorio, explica el por qué conforme a lo siguiente:

« (…) La citada doctrina ha sido confirmada por las SSTC 51/1995, de 23 de febrero, y 206/2003, de 1 de diciembre. En tales resoluciones afirmamos que «a los efectos del derecho a la presunción de inocencia las declaraciones obrantes en los atestados policiales carecen de valor probatorio de cargo» (STC 51/1995 F. 2). Más concretamente, y en directa relación con el caso que ahora nos ocupa, «las declaraciones prestadas por un coimputado en las dependencias policiales no pueden ser consideradas exponentes ni de prueba anticipada ni de prueba preconstituida, y no sólo porque su reproducción en el juicio oral no se revela imposible o difícil … sino fundamentalmente porque no se efectúan en presencia de la autoridad judicial, único órgano que, por estar institucionalmente dotado de independencia e imparcialidad, asegura la fidelidad del testimonio y su eventual eficacia probatoria» [SSTC 51/1995, F. 2; 206/2003, F. 2 c)]. Por otra parte, «tampoco pueden ser objeto de lectura en la vista oral a través de los cauces establecidos por los arts. 714 y 730 LECrim, por cuanto dichos preceptos se refieren exclusivamente a la reproducción de diligencias practicadas en la fase instructora propiamente dicha, es decir, en el período procesal que transcurre desde el Auto de incoación del sumario o de las diligencias previas y hasta el Auto por el que se declara conclusa la instrucción, y no en la fase “preprocesal” que tiene por objeto la formación del atestado en la que, obviamente, no interviene la autoridad judicial sino la policía. Cabe recordar que, con arreglo a la doctrina expuesta anteriormente, las declaraciones prestadas ante la policía, al formar parte del atestado y de conformidad con lo dispuesto en el art. 297 LECrim, tienen únicamente valor de denuncia, de tal modo que no basta para que se conviertan en prueba con que se reproduzcan en el juicio oral, siendo preciso que la declaración sea reiterada y ratificada ante el órgano judicial» [SSTC 51/1995, F. 2; 206/2003, F. 2 d)]. (…)» (el subrayado es nuestro).

Se explaya más en la explicación de este por qué, la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, núm. 1117/2010, de 7 de diciembre, que, acogiendo lo dispuesto por la dicha STC 68/2010, dispone que:

« (…) El argumento de la STC 68/2010 se considera razonable y coherente con su doctrina sobre las garantías en el proceso penal, pues en el derecho procesal moderno siempre se ha considerado que la investigación policial es una fase preliminar o preprocesal del auténtico proceso que poco tiene que ver realmente con éste. Y es más, incluso se ha asumido que la fase de instrucción no integra el auténtico proceso, sino una preparación del mismo. Asimismo, se ha venido entendiendo sin discrepancias relevantes al respecto que las actuaciones policiales se practican en un marco extraprocesal en el que las garantías del justiciable aparecen claramente constreñidas, por lo que los datos que se obtienen en una investigación policial carecen, salvo excepciones puntuales, de toda eficacia probatoria.

En efecto, desde la perspectiva garantista que adopta la doctrina del Tribunal Constitucional, se ha fijado una línea fronteriza con importantes connotaciones valorativas entre lo que es el proceso penal y la investigación policial previa. Y es que la implicación de la policía en la investigación y el afán lógicamente inquisitivo con que opera en el ámbito extraprocesal ubica la labor policial muy lejos de los parámetros propios de la imparcialidad y la objetividad que han de impregnar el auténtico proceso.

Deben, por tanto, deslindarse de forma ostensible las diligencias que se practican en el marco de una dependencia policial y aquellas otras que tienen lugar en un juzgado de instrucción. Pues es de sobra conocido que la dosis de constricción y presión con que se realizan algunas diligencias en un recinto policial poco tienen que ver con las garantías con que se opera en el marco judicial propio del proceso penal. En este sentido, los profesionales que intervienen en el proceso son plenamente conscientes de los importantes matices inquisitivos que enturbian las diligencias policiales, ya sea por enfatizar los datos incriminatorios que afloran en la investigación en detrimento de los exculpatorios, ya por intervenir en algunos supuestos de forma activa en el resultado de la investigación a través de sugerencias, incitaciones o presiones que chocan frontalmente con las exigencias de objetividad e imparcialidad que requiere una diligencia que pretenda albergar fuerza probatoria.

Pues bien, que en un contexto inquisitivo de esa índole se reciba una declaración policial a un imputado y que, a la postre, esa diligencia acabe operando de forma sustancial como prueba de cargo en un juicio penal, contradice los principios sustanciales del proceso debido.

Así las cosas, no puede extrañar que en la referida sentencia 68/2010 del Tribunal Constitucional se afirme que “tampoco pueden ser objeto de lectura en la vista oral a través de los cauces establecidos por los arts. 714 y 730 LECrim ( LEG 1882, 16) , por cuanto dichos preceptos se refieren exclusivamente a la reproducción de diligencias practicadas en la fase instructora propiamente dicha, es decir, en el periodo procesal que transcurre desde el Auto de incoación del sumario o de las diligencias previas y hasta el Auto por el que se declara conclusa la instrucción, y no en la fase “preprocesal” que tiene por objeto la formación del atestado en la que, obviamente, no interviene la autoridad judicial sino la policía” (…)» (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, siendo ahora éste el criterio vigente, como respuesta a la pregunta de qué valor tendrán las declaraciones efectuadas ante los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, concluimos con lo que nos dice el Tribunal Supremo, en su Sentencia de la Sala de lo Penal, núm. 222/2019, de 29 de abril, que, siguiendo lo establecido por el referido Acuerdo no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 3 de junio de 2015, dispone que:

«(…) Por tanto, las declaraciones ante la policía carecen de valor probatorio y no pueden ser utilizadas para corroborar otros medios de pruebas, como las declaraciones que presten en el juicio los que declararon ante la policía. Tampoco pueden ser introducidas en el juicio como documental cuando el testigo no pueda comparecer a juicio o cuando el testigo introduzca en el juicio manifestaciones contradictorias con las prestadas en sede policial (artículos 730 y 714 de la LECrim) y tampoco pueden ser introducidas en el juicio mediante el testimonio de referencia de los agentes policiales que las presenciaron. A efectos probatorios son inexistentes (…)» (el subrayado es nuestro).

Artículo escrito por LETICIA MARIA MUÑOZ FERNANDEZ – CADIZ

Estado de Alarma. Efectos sobre los Procedimientos Penales.

Como todos sabemos, el pasado día 14 de marzo se decretó por segunda vez en la democracia el estado de alarma, conforme a lo previsto en el art. 116 de la Constitución Española, mediante “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.”

En su artículo 7 se dispone la limitación de la libertad de circulación de las personas de tal forma que establece un régimen de confinamiento, exceptuando las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.”

La referencia expresa relativa a la incidencia de este estado de alarma sobre los procedimientos penales en curso la encontramos en la Disposición adicional segunda, de suspensión de plazos procesales que dice:

1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

[…]”

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.”

Así pues, quiero llamar la atención sobre el hecho de que el decreto no hace mención alguna sobre qué ocurre con las medidas cautelares personales consistentes en las comparecencias apud acta periódicas.

Bajo mi punto de vista, el estado de alarma deja en suspenso la obligación de comparecer, principalmentepor las siguientes razones:

  • No se prevé como causa para poder abandonar el domicilio en el art. 7 del Decreto;
  • La disposición adicional segunda en el punto 2º no prevé las comparecencias apud acta dentro de los supuestos repecto los que no aplicará la suspensión de plazos y diligencias, ya que no forman parte de las actuaciones urgentes ni de guardia;
  • Para el caso de que la obligación de comparecer sea en días hábiles según el auto habilitante, han quedado inhabilitados por el decreto, lo que suspende temporalmente la obligación de comparecer.

Mi consejo para aquellos que tengan clientes con dichas obligaciones es que se les informe de esta circunstancia y se les recomiende, ya que entiendo que puede haber discrepancias en la aplicación por parte de los Juzgados:

  • O bien, Comparecer la siguiente vez que les toque y preguntar si han de seguir compareciendo mientras dure la situación de estado de alarma;
  • O bien, que antes de desplazarse al Juzgado llamen para preguntarlo y en función de lo que les digan, se desplacen o no hasta nuevo aviso,
  • O bien si directamente no quieren comparecer por el riesgo que puede haber de contagios, como es lógico, sus letrados presentemos escrito alegando las anteriores circunstancias como razón de la incomparecencia.

Como colofón y en apoyo a mi opinión me gustaría informar que, a través de Twitter, el compañero Jorge Navarro ha solicitado pronunciamiento expreso al respecto al TSJ Catalunya, que ha respondido en este sentido, como podréis ver en el enlace que os dejo más abajo

Feliz confinamiento a todos.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

Artículo escrito por CLARA MARTÍNEZ NOGUÉS – GIRONA y TARRAGONA

Los peligros del Siglo XXI. Los ciberataques.

El S. XXI es un siglo donde la realidad virtual ha ganado por excelencia a la realidad normal. Nos encontramos en un siglo donde todo va por internet, datos personales, datos bancarios, ubicación de donde nos encontramos, dónde vivimos, dónde estamos, etc. Cada vez, somos más vulnerables para recibir ciberataques.

¿Qué son los ciberataques?
Nos encontramos ante una acción antijurídica realizada en el entorno digital. A la velocidad en que se ha introducido en nuestra realidad la globalización digital, la delincuencia también ha ido en aumento.
Son ataques a nuestros sistemas operativos con la finalidad de destruir o dañar los archivos que contengan información en nuestras bases tecnológicas.

Son delitos que van en contra de la identidad, propiedad y seguridad de las personas, empresas e instituciones, muchos de ellos como consecuencia del valor que han adquirido los activos digitales para la big data empresarial y sus propietarios bien sean entes jurídicos o personas naturales. Existen otras conductas criminales que aunque no sean delitos, se conocen como ciberataques o abusos informáticos y forman parte de la criminalidad informática. Esta criminalidad informática consiste en la realización de un tipo de actividad que delimitan el concepto de delito, son llevados a cabo utilizando un elemento informático.

Los delitos cibernéticos son:
1º. HACKING o acceso ilegítimo de manera remota al ordenador de un usuario. Los ransomware se introducen en el control remoto, una vez que consiguen filtrarse en un ordenador, la expansión del virus es fácil, puede controlar todos aquellos dispositivos que estén conectados al mismo o simplemente, a través de la carpeta de compartir archivos.
2º. PHISHING. Este ciberataque lo que busca es engañar a los usuarios a través de los correos fraudulentos enviados desde contactos de confianza, adjuntando un link en el e-mail donde se deriva al usuario a una página falsa donde se le solicitan datos de confidencialidad.
3º. MALWARE, es decir, SOFTWARE o programas informáticos que, instalados en el ordenador o dispositivos móviles de la víctima sin su consentimiento, espían sus acciones permitiendo así obtener datos e información como las citadas anteriormente. Los malware más famosos son:
– Virus. Su finalidad es infectar el dispositivo, encriptar archivos.
– Gusanos. Son similares a los virus pero con la diferencia de que se puede replicar de un equipo a otro.
– Troyanos. Se alojan en archivos inofensivos que pasan desapercibidos por el usuario para que una tercera persona tenga acceso al dispositivo. Un troyano habitual y conocido es el
KEYLOGGER que permite robar las contraseñas de los dispositivos.
– Adware. Son programas que bombardean diversa publicidad cuando el usuario tiene acceso a internet.
– Spyware. Recoge información del usuario, alguno de estos malware permiten el acceso al control remoto.
– Ransomware. Bloquea el ordenador o algunos de sus archivos y para eliminar la encriptación y recuperar los archivos infectados, piden rescate económico, sin poder garantizar que tras pagar el rescate económico, esos archivos puedan volver a recuperarse.

Llegados a este punto, lo que se recomienda es hacer siempre copia de seguridad, llevar a cabo una copia diaria que no sea siempre en el mismo dispositivo.
Por otro lado, si nos infectan el sistema remoto, y recibimos una llamada para el rescate económico, no debemos alimentar a la realización de este tipo de delitos, no debemos acceder a pagar, nada ni nadie nos garantiza que podamos volver a recuperar esos archivos.

El Código Penal persigue delitos informáticos como el fraude informático, estafas informáticas, sabotaje, pornografía infantil, daños informáticos, espionaje, robo de identidad informática, suplantación, amenazas, calumnias o injurias cometidas a través de medios informáticos.

Leyes a aplicar en estos delitos:
– Código Penal.
– Convenio sobre Ciberdelincuencia o Cyber Crime, del Consejo de Europa y su protocolo adicional.
– Ley de Servicios para la Sociedad de la Información y de comercio electrónico.
– Ley Orgánica de Protección de Datos.
– Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
– Ley General de Telecomunicaciones.
– Ley de Propiedad Intelectual.
– Ley de Firma Electrónica.

Artículo escrito por HYV ABOGADOS – SALAMANCA y CACERES